Por Josefina Latorre, Licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales.

El pasado 1 de febrero el Ejército de Myanmar tomó el poder por la fuerza para gobernar el país por al menos un año. Desde entonces, las protestas en las calles pidiendo democracia son masivas, más de 1700 personas han sido detenidas arbitrariamente y al menos 54 manifestantes fueron asesinados por la policía, según datos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, para comprender la actualidad política del país se debe tener en cuenta su historia. Desde la independencia de Myanmar como colonia británica (1948) las Fuerzas Armadas han ocupado un rol central en la organización y manejo del Estado, autoproclamándose como los guardianes del orden.

Es recién en 2015 cuando, luego de largos años de dictaduras y gobierno socialista, se llevaron a cabo las primeras elecciones libres. Empero, este paso hacia la consolidación democrática no se pudo desvincular de la modificación de la Constitución en 2008. En ella, se dejaba en claro que las FF.AA. iban a seguir al mando en Myanmar, ya que estas no deben responder a los civiles. A su vez, se les otorgó el 25% de las bancas parlamentarias, cantidad suficiente para vetar cualquier tipo de reforma constitucional. También, se estableció que Ministerios como los de Defensa, Seguridad e Interior debían ser asignados por el Ejército.

Es entonces que en el 2015, Aung San Suu Kyi fue electa para gobernar asumiendo los cargos de Ministra de la Oficina de la Presidencia, Energía y Asuntos Exteriores. Con ella llegaba la esperanza de que la democracia se estableciera definitivamente en Myanmar y que la situación de violación sistemática de los derechos humanos se modificara. Estas creencias sociales se basaban en la lucha de Suu Kyi por la democracia que la llevó a ganar el premio Nobel de la Paz en 1991.

En los cuatro años de gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND) el poder de los militares no disminuyó, tampoco estorbo, pero si limitó el accionar de los funcionarios principalmente en lo relacionado con los derechos humanos. En este sentido, la limpieza étnica en contra de los Rohingyas, llevada a cabo por las FF.AA., se mantuvo haciendo que más de 900.000 personas buscaran refugio en Bangladesh.

La “buena” relación entre LND y el Ejército se volvió crítica cuando en las elecciones de noviembre de 2020, este último respaldó al Partido de la Unión, Solidaridad y el Desarrollo (PUSD). Luego, la cúpula militar apoyó a la oposición en su campaña de desprestigio al partido oficialista, donde se lo acusaba de fraude electoral, siendo que el LND había obtenido 58,6% de los votos y el PUSD 5,9%.

De esta forma, con la justificación de fraude, pero sin pruebas contundentes que los respalden, el Ejército decidió tomar el poder el 1 de febrero de 2021, día en el que debía asumir nuevamente el gobierno de Aung San Suu Kyi, declarar estado de emergencia por un año y cumplir con su rol de “protector” del país.

Desde entonces la Junta Militar ha decretado toque de queda entre las 20 hs. a las 4 hs.; se ha limitado el acceso a internet en todo el país y algunas redes sociales, como Facebook, han sido bloqueadas. Sin embargo, esto no ha impedido la difusión de los mensajes pro-democráticos. Asimismo existen al menos 800 videos de militares amenazando con armas a los ciudadanos, los cuales han sido difundidos por TikTok.

También se han producido numerosas manifestaciones masivas pidiendo el restablecimiento del gobierno civil y la liberación de Aung San Suu Kyi, quien fue detenida cuando se produjo el golpe de Estado. Frente a esta situación, las FF.AA. han optado por aumentar la violencia en el manejo de las protestas. De esta forma, la policía tiene la autorización de dispersar a las masas, no sólo con balas de goma sino también con balas de plomo lo que ya produjo 54 muertes. Además hay al menos 1700 personas detenidas con paraderos desconocidos.

Los medios internacionales que están en el lugar cubriendo las noticias, junto con los enviados especiales de diferentes organizaciones y organismos internacionales como la ONU han clasificado los enfrentamientos como “imágenes de guerra”, donde los tanques blindados, la sangre y los gritos son moneda corriente.

Por su parte, la comunidad internacional mira la realidad birmana desde la lejanía y restándole importancia. Mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU no puede actuar por el veto de Rusia y China, justificando que son asuntos internos, solo Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han impuesto sanciones a los miembros del Ejército. Además, Estados Unidos impidió que la Junta Militar se haga de 1.000 millones de dólares del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y ha anunciado nuevas sanciones a las exportaciones del país.

Quedará por ver si las FF.AA. podrán mantenerse durante este año en el poder o si el nuevo contexto sociocultural – una población joven que ve a la democracia como única forma de gobierno viable y el uso de internet- impedirán que se repita la historia de un país que busca ser libre pero que aún no lo ha logrado.