EN EL MARCO DE LA CRISIS CLIMÁTICA

Por: María Belén Oliva

En diciembre del corriente año, se llevó a cabo la vigésimo quinta Conferencia de las Partes en Madrid, la cual es el órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC)

Esta reunión, que debía ser organizada y presidida por Chile, se llevaría a cabo del 3 al 13 de diciembre. En ella las 197 partes (196 naciones más la Unión Europea) que conforman el tratado buscaban avanzar en la implementación de los acuerdos alcanzados en la Convención, los cuales establecen obligaciones específicas a todas las partes para combatir el cambio climático.

Inicialmente, la COP25 iba a tener sede en Chile, pero tras dos semanas de protestas en dicho país, el presidente Piñera anunció que las dos cumbres que iban a tener lugar en su país (el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) con fecha de realización en noviembre y la mencionada Conferencia Anual de las Naciones Unidas sobre el Clima en diciembre) no iban a poder ser recibidas. De todas formas, Chile renunció a la organización de la COP25, pero no a su presidencia. Esta decisión no impidió que se dieran las negociaciones mundiales en materia climática y Madrid se convirtió en la nueva sede de la Cumbre, siendo lamentable que América Latina perdiera la oportunidad de mostrar los desafíos que debe afrontar para mitigar los efectos del cambio climático.

A diferencia de las convenciones anteriores, la COP25 había originado muchas expectativas a nivel mundial, debido a la reciente erupción de movimientos ambientalistas movilizados por la joven activista sueca de 16 años, Greta Thunberg. A pesar de que siempre se sintió la presencia de movimientos realizando protestas y presionado para que se tomen medidas para mitigar los efectos del cambio climático, la joven logró movilizar a jóvenes de todos los países en esta lucha, quienes se mantuvieron expectantes durante el desarrollo de la convención que finalizó sin acuerdo.

A su vez, el cambio de sede provocó que gran cantidad de jóvenes activistas y organizaciones latinoamericanas no pudieran estar presentes y los objetivos de aquellos que sí lograron llegar fueron mantener un foco latinoamericano y no tan eurocentrista. Por eso, vale destacar la Conferencia de Prensa realizada por el grupo autoconvocado de Juventudes de Latinoamérica y el Caribe, en la cual presentaron su pronunciamiento sobre la situación socio ambiental de la región.

De este pronunciamiento se pude destacar la exigencia de estos jóvenes al sector público, privado, académico, la sociedad civil y demás sectores a comprometerse a actuar en conjunto para la mantención de la biodiversidad de la región. Para ello, sostienen que deben implementarse medidas para mitigar las emisiones de carbono y promover la justicia social y ambiental de todos.

Prestan compromiso hacia la eliminación de relaciones de opresión sobre distintos grupos de la sociedad, principalmente los pueblos originarios, las comunidades tradicionales, las mujeres y los grupos disidentes, entre otros. Sostienen que mediante una verdadera inclusión de estos sectores de la sociedad se podrá hacer frente a las problemáticas ambientales que hoy acontecen.

Exigen que se incorpore la variable de género al hacer referencia a cambio climático. Sostienen que las políticas de cambio climático presentan una gran oportunidad para reducir la brecha existente.

Invitan a los gobiernos, a los jóvenes y otros sectores de la sociedad civil a promover una economía circular.

También exigen la implementación de políticas públicas para reducir la producción de plásticos de un solo uso y microplásticos, que son altamente contaminantes.

Pretenden una reforma en el sistema de producción de alimentos ya que para ellos el modelo agroindustrial afecta a los ecosistemas y a las comunidades, por ello exigen una transición agroecológica y cultural para asegurar la seguridad alimentaria. Es necesario transicionar a una dieta que disminuya el consumo de productos de origen animal por una alimentación basada en vegetales integrales libres de agrotóxicos y, principalmente, sin explotación animal.

Por último, exigen a los países de la región realizar una declaración de la emergencia climática y ecológica, respaldada por un documento escrito y legal.

Además, de dicho pronunciamiento se hicieron visibles activistas de todo el mundo, los cuales, mediante intervenciones y protestas pacíficas, buscaron llevar a los representantes de todos los países el mensaje de que deben escuchar las advertencias de la comunidad científica la cual grita que ya no queda tiempo y que el momento de actuar es ahora. A su vez, en el marco de la Convención, se realizó el día 6 de diciembre una marcha multitudinaria, de la cual asistieron más de 500.000 personas para exigir la justicia climática. Por lo tanto, se necesitaba que las negociaciones fueran ambiciosas y fructíferas.

La COP25 representaba una posibilidad clara para poder de una vez por todas tomar las medidas necesarias para contrarrestar los efectos del cambio climático que nos afectan a todos. Citando algunas de las palabras de Antonio Gutiérrez, Secretario General de las Naciones Unidas, durante la apertura de la cumbre: “Si hacemos menos de lo que podemos, será una traición a la humanidad y a las generaciones que vienen.”, y agregó: “paremos la guerra contra la naturaleza”, palabras sabias, pero que parecieran no haber sido escuchadas al momento de la negociación.

Los principales objetivos de esta reunión eran la efectiva implementación del Acuerdo de París de 2015 en general y tres de sus aspectos en particular. El objetivo general es una reducción de gases del 45% con respecto de 1990 para 2030, y que todos los países en condiciones anuncien un compromiso de neutralidad de carbono para 2050. Los aspectos particulares eran: la presentación de los Estados miembros de sus avances en sus planes de reducción de emisiones en 2020; el compromiso de los países desarrollados a destinar USD 100.000 millones anuales en iniciativas relacionadas; y el debate sobre el artículo 6 del Acuerdo, que es el destinado a la generación de bonos de carbono y otros mecanismos para reducir las emisiones del mismo. Estos temas debían ser tratados con ambición debido a que en 2020 se termina el plazo para definir el reglamento que regirá el Acuerdo de París. A esto se le suman otros objetivos como economía circular, energías renovables, entre otros.

Ante la incapacidad de los representantes de llegar a un acuerdo final, la presidenta de la COP25 multiplicó las reuniones para evitar el fracaso de la cumbre. De esta manera, se prolongó la cumbre hasta el 15 de diciembre, convirtiéndose en la COP más extensa de la historia.

Los dos puntos que hicieron que las negociaciones se estancaran fueron el artículo 6 del Acuerdo y el de como instar a los gobiernos a presentar planes de recorte de gases de efecto invernadero más duros de los que se habían previsto aplicar para el comienzo del 2020.

Por último, entre los acuerdos logrados en la COP25 se encuentran los relacionados a la construcción de capacidades, los programas de género y la tecnología, pero no se logró avances en acuerdos sobre asuntos más ambiciosos como las cuotas nacionales de reducción de emisiones, el financiamiento y la asistencia a los países en desarrollo para la adaptación a las nuevas realidades que conlleva el cambio climático, países que son los principales afectados por dicho cambio a pesar de que sus emisiones sean las más bajas.

Como resultaron ser pocos los países que presentaron planes con compromisos concretos al recorte de emisiones en concordancia con el Acuerdo de París, la presidenta de la COP25 realizó el cierre de la cumbre con un llamado a las naciones a presentar metas más ambiciosas de reducción de esas emisiones en la COP26, a realizarse en noviembre del próximo año en Glasgow.

Como respuesta al cierre de la cumbre, el Secretario General de la ONU en un comunicado de su portavoz dijo: “La comunidad internacional perdió una oportunidad importante de mostrar una mayor ambición en la mitigación, adaptación y financiamiento para afrontar la crisis climática”, y agregó: “Estoy más decidido que nunca a trabajar para que 2020 sea el año en el que todos los países se comprometan a hacer lo que la ciencia nos dice que es necesario para haber neutralizado las emisiones de carbono en 2050 y para no permitir que la temperatura se eleve más de 1,5 grados”.

Para concluir, es evidente que la crisis climática existe y que es un asunto de derechos humanos. Los efectos del cambio climático ya se hicieron notar, pero cada vez serán más visibles. Es indispensable que los representantes de los países se comprometan a luchar contra esta crisis, porque es una lucha que está por sobre todas las demás.