Por Hebe Lis Navarro

Cuatro preguntas clave para calificar la interrupción del gobierno democrático de Evo Morales.

La crisis política y social de Bolivia se encuentra ahora mismo en desarrollo y no es la primera crisis en la región que provoca interpretaciones diversas respecto a cómo se debe calificar la interrupción de un mandato democrático. Resulta necesario, entonces, definir qué es un Golpe de Estado. El mismo puede ser de carácter civil o militar (o ambos) y normalmente es un intento inesperado y a veces violento de derribar a un gobierno legítimo por la acción de miembros del Ejército Nacional y/o apoyados por grupos políticos, sociales o empresariales; también puede ser auspiciado o financiado por otro país. En este sentido, y como en cualquier análisis de un hecho de tales características, se torna necesario una serie de interrogantes que indaguen sobre el contexto y la composición de tales eventos.

  1. ¿Existen antecedentes golpistas?

En el año 2005 asume como Jefe de Estado el primer presidente indígena de Bolivia, a pesar de ser un  país con una población indígena mayoritaria (62%). Desde entonces el partido del electo Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), se caracterizó por un innovador programa de inspiración desarrollista y progresista basado en reformas sociales y políticas orientadas a promover la igualación de la población indígena y campesina invocando principios de justicia social, no discriminación, comercio internacional justo, nacionalismo económico e integración subregional. Los exitosos resultados de dicho modelo económico que logró estabilidad fiscal y crecimiento sostenido, asegurando a su vez reducción de la pobreza y distribución de la riqueza (crecimiento y desarrollo a la par), fueron ampliamente reconocidos. No sin tocar intereses tanto internos como extranjeros. Dotando a los indígenas de derechos y reconocimiento político, achicando la brecha de diferencia entre los bolivianos más ricos y los más pobres. Y asegurando en el plano internacional la soberanía en sus decisiones de política exterior, sobre sus recursos naturales y sobre la gestión de su política monetaria.

En esta línea, una de las decisiones del gobierno que capitalizó el crecimiento de Bolivia fue la nacionalización de los hidrocarburos en el año 2006. Encendiendo una de las aristas del conflicto que subyace a la división política, económica y fundamentalmente social del país que se asienta en la confrontación de dos grandes sectores de la población cuyos intereses e identificaciones culturales son disímiles. La confrontación entre el partido del ex mandatario, Movimiento al Socialismo (MAS), y las representaciones departamentales opositoras que conforman la denominada “Media Luna” (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), región rica en hidrocarburos y quienes sostienen demandas autonomistas. En el 2008 estos grupos opositores causaron una grave crisis política poniendo en riesgo la propia integridad territorial del país andino. Este intento de golpe de estado civil solo pudo tener un desenlace gracias al accionar de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que frente a estos hechos adoptó una posición unánime de respaldo al gobierno constitucional de Evo Morales.

  1. ¿En qué coyuntura regional sucede la interrupción del gobierno de Morales?

Hoy, aquella Unasur que se proponía, entre otras cosas, controlar las amenazas a la democracia en los países de la región haciendo respetar la voluntad de los pueblos, se encuentra desintegrada frente a la salida de los países del Grupo de Lima. Así, los representantes de Argentina, Mauricio Macri; Brasil, Jair Bolsonaro; Chile, Sebastián Piñera, Colombia; Iván Duque; Ecuador, Lenín Moreno; Paraguay, Mario Abdo Benítez; y Perú, Martín Vizcarra decidieron otra orientación regional, creando el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) organismo que, débil desde sus raíces, manifestó como principal objetivo acabar con el mandato de Nicolás Maduro en Venezuela. Más sin hacer pronunciamientos acerca de la escalada antidemocrática que atraviesa en estos momentos Bolivia. Allí las aguas se dividen entre los que festejan la salida de Evo Morales y los que deciden no pronunciarse al respecto.

Bolivia, que sólo se mantuvo como miembro observador del Parlasur, siguió siendo miembro pleno de la Unasur y también de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), organización internacional que denunció injerencia de los Estados Unidos y sus aliados en los recientes hechos. Sin embargo, la Canciller del gobierno autoproclamado luego de la salida de Evo Morales, Karen Longaric, informó la decisión de retirarse de dicho organismo y de cesar un 80% de los embajadores designados durante el mandato de Evo Morales.

Lo que acontece, en consecuencia, es la ausencia de un mecanismo regional que se pronuncie y acuerde una posible salida. La Organización de Estados Americanos (OEA) que por su parte también tiene desde su origen grandes cuestionamientos por reflejar un auspicio norteamericano, no jugó un papel constructivo, al avalar en una primera instancia las Elecciones del 20 octubre con la candidatura de Evo Morales, así como los resultados, para luego señalar irregularidades mediante un informe técnico, pero con connotaciones políticas.

  1. ¿Cómo sucedieron los hechos y quiénes son los protagonistas?

Aquellos que consideran ilegítimo el gobierno de Evo Morales esgrimen dos hechos fundamentales: En primer lugar, el modo en que el mandatario boliviano logra ser candidato nuevamente y competir por un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del 2019. Lo cual fue viabilizado a través de un recurso extraordinario presentado ante el Tribunal Supremo Electoral y luego de que la población boliviana rechazase su postulación en el referéndum constitucional del 2016. En segundo lugar, las denuncias de fraude luego de llevarse a cabo las elecciones en pasado 20 de octubre y avaladas por el informe de la OEA sobre los comicios donde sostiene que hubo irregularidades. En dicho informe se destacan los problemas técnicos del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales, casos de falsificación de firmas e irregularidades en la cantidad de votos recibidos por Morales en el último 5% de los votos, además de apreciaciones políticas.

Lo cierto es que se puede discutir sobre el modo en que el líder boliviano llegó a ser elegible y respecto a los beneficios democráticos que conlleva la alternancia del poder, sin embargo, Morales encontró un canal legal que lo permitió. También se puede aceptar lo expresado por la auditoría de la OEA. Por otro lado, Morales respondió a los pedidos de dicho organismo convocando nuevas elecciones y anunciando la renovación de la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral.

Pero además de las causas que desencadenaron los eventos y que culminaron en la deposición del poder del mandatario en plena gestión, resulta fundamental evaluar cómo sucedieron los hechos y quiénes fueron los ejecutores. El medio utilizado fue la violencia y el uso de la fuerza. Los primeros choques se registraron cuando comerciantes afines al MAS intentaron cumplir sus actividades con normalidad y fueron atacados por opositores en Santa Cruz, tradicional bastión de la oposición a Morales. Y la reacción de grupos opositores que incendiaron tres oficinas regionales del Tribunal Superior Electoral en Potosí, Sucre y Cobija luego que el ex presidente de Bolivia Carlos Mesa, líder de la oposición y candidato por Comunidad Ciudadana, denunciara formalmente que hubo fraude en las elecciones.

A principios de noviembre, dirigentes de los comités cívicos de ocho de los nueve departamentos bolivianos le dan un ultimátum de 48 horas a Morales para que renuncie a su cargo y llaman a las Fuerzas Armadas a unirse a su reclamo. El líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Camacho, se convierte en una de las caras más radicalizadas de la oposición y también exige la renuncia de todos los altos funcionarios para dejar el gobierno a una “junta de notables” con el encargo de gestionar la transición.

El accionar de la Policía Nacional de Bolivia jugó un papel fundamental en la deposición de Morales, no solo el comandante de la Policía exigió la renuncia de Morales, sino que se organizaron en consecuencia motines policiales en contra que golpean Sucre, la capital constitucional de Bolivia, y Cochabamba. El mismo Camacho anuncia en su cuenta de Twitter que había una orden de aprehensión contra Morales y que la policía lo estaba buscando. El propio presidente denunció en la misma red social que “un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal”.

Por último, las Fuerzas Armadas de Bolivia también piden la renuncia de Morales que, aunque en aquel momento cuestionado en su próxima posible asunción, en aquel momento cumplía con una gestión plenamente democrática. El Comandante en Jefe, William Kalima manifestó sin reparos: “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial”.

  1. ¿Cuáles fueron los resultados?

Estos hechos ocurridos en la región andina detonan en una autoproclamación ilegítima de Jeanine Añez como presidenta de Bolivia en una sesión legislativa sin quórum. Representantes de la derecha neoliberal y contraria a los pueblos originarios toman el poder y en pocos días movilizan las fuerzas armadas y policiales cobrándose la vida de manifestantes y violando de manera sistemática los derechos humanos. Con una velocidad récord para dejar atrás la participación de Bolivia en foros internacionales como ALBA o Unasur y empezando a concretar la presencia norteamericana en el corazón de Sudamérica. Todo esto ante el silencio de la OEA y con imprevisibles consecuencias para la estabilidad política de toda la región.