Por: Joaquín Sáez 

 

La actual crisis sanitaria respecto a la Covid-19 ha afectado a todos los países de América Latina, de eso no hay duda, y es que llegó tras un periodo de profundas crisis internas y diferencias entre gobiernos de la región. De pronto, todos los problemas internos de los países fueron abordados por los gobiernos centrales quienes tomaban el testigo en una carrera de relevos donde la ciudadanía obligadamente debía aceptar la situación a regañadientes, abandonando las calles y analizando desconfiados y expectantes las disposiciones del poder ejecutivo.

 

En Chile esta situación se manifestó de forma crítica, a propósito del estallido social que comenzó en octubre del año 2019, y que a comienzos de marzo de este año se reactivó. Volvieron a reunirse grupos de manifestantes en las calles de Santiago y regiones, en un contexto de fuerte polarización social el cual no estuvo ajeno de violentos enfrentamientos  a propósito del proceso constituyente el cual se llevaría a cabo el 26 de abril de este año, con un plebiscito entre las opciones apruebo o rechazo a la elaboración de una nueva constitución enfocada en atender en primera instancia los problemas de salud, pensiones y educación, así como la transformación del modelo de Estado Subsidiario.

.

Pero todo cambió desde el 3 de marzo, el día que se registró el primer contagiado por coronavirus en la ciudad de Talca, un hombre de 33 años que había llegado de un vuelo procedente de Singapur. A la fecha de 19 de abril de 2020 se contabilizan 13.331infectados y 189 muertos y durante este periodo se han tomado una serie de medidas que se señalan a continuación además de una breve reflexión sobre los hechos ocurridos.

 

CUARENTENA

 

El gobierno decretó cuarentenas, aduanas y cordones sanitarios en zonas específicas del país para controlar la propagación del virus entre regiones. Actualmente, las regiones con más contagios son la Región Metropolitana y La Araucanía, por lo que dentro de ellas se decretaron cuarentenas totales en comunas específicas según ciertos criterios como: presentar mayor cantidad de contagiados, el perfil etario de la población y la vulnerabilidad social. La retórica que se ha empleado para el manejo de esta situación más allá del “Quédate en casa” supuso aun así una profunda contradicción interna en la ciudadanía, que debe confiar en las disposiciones de un gobierno central que hasta hace un mes tenía solo un 6% de aprobación. Se comprende la necesidad del confinamiento, no obstante, existe el cuestionamiento a qué tan acertadas serán las disposiciones respecto a si la prioridad será el equilibrio económico o el gasto social.

 

Las medidas de confinamiento social a pesar de lograr ser efectivas en lo general, resultan inútiles en zonas donde el acceso al agua no está asegurado, como la zona de Petorca, en la Región de Valparaíso, que no cuenta con agua potable producto del monopolio de derechos de agua por parte de empresas agrícolas especialmente en el rubro frutícola, quienes cuentan con derechos de agua a perpetuidad, lo cual consagra la constitución y, en la cual en consumo humano queda en segundo plano debajo de la producción agrícola. Las personas deben subsistir con la distribución de agua de camiones aljibe lo cual resulta insuficiente y cuya continuidad en el tiempo no está asegurada. Los peligros del contagio por Covid-19 se multiplican si no se cuenta con un bien fundamental para la vida como el agua. 

 

El hacinamiento es otro problema que también plantean las medidas de cuarentena, principalmente en comunas donde viven 570 personas por hectárea. Otro problema ligado a la cuarentena que se hace necesario abordar son las denuncias por violencia de género que han aumentado un 125% en los últimos días.

 

CONTROL SANITARIO

 

Para evitar el tránsito de personas en zonas de cuarentena se posicionaron cordones sanitarios para restringir las salidas y entradas de dichas zonas, siendo la única forma de traspasarlos, el contar con un permiso por funeral o tratamiento médico. 

 

Además de esto, para tener un control entre regiones y en las principales vías de circulación del país sean autopistas o puertos se implementaron 94 puestos de “Aduanas Sanitarias” que funcionan como checkpoints controlados por policías y FF.AA que realizan controles de temperatura y verifican el pasaporte sanitario o bien si la persona debe estar o no en cuarentena. El pasaporte sanitario es un documento que permite el ingreso a una región o ingreso a Chile tras el control de la autoridad de la aduana sanitaria que revisa si la persona es de alto riesgo o debe cumplir cuarentena, aunque si también presenta fiebre tampoco se le permitirá el acceso. El pasaporte se puede obtener vía online en la página c19.cl o bien llenando un formulario en papel en el checkpoint. 

 

Se creo también, la página web comisariavirtual.cl en la cual se detallan los diferentes permisos que se pueden solicitar en el caso de necesitar salir a la calle estando en zona de cuarentena o bien trasladarse entre comunas o regiones. Los permisos son:

 

  • MUDANZAS
  • GESTIÓN DE FINIQUITOS EN NOTARÍA
  • MASCOTAS
  • FAMILIARES ABASTECEDORES
  • SUPERMERCADOS Y FARMACIAS 
  • HORA MÉDICA
  • PADRES SEPARADOS 
  • RETIRO DE CAJA JUNAEB EN COLEGIOS
  • PERMISO PARA NIÑOS Y FAMILIARES AUTISTAS
  • COBRO DE PENSIÓN
  • FUNERALES  
  • COMPARECENCIA 
  • RECINTOS PENITENCIARIOS 

 

Existe prohibición también para trasladarse a segundas viviendas lo cual requirió de un control más fuerte puesto que durante la semana santa varias personas ignoraron las advertencias y alrededor de 23 mil vehículos salieron de la Región Metropolitana buscando cruzar las aduanas sanitarias, además de que varias personas se trasladaron a sus segundas viviendas en helicóptero desde el sector oriente de Santiago, donde se encuentran algunas de las familias más ricas del país.

 

Las multas por no respetar cualquiera de las medidas señaladas van desde los $300 mil a los 2.5 millones de pesos, a lo que adicionalmente se puede sumar presidio menor en caso de que la infracción revista carácter delictual.

 

Además de lo anterior, el día 19 de marzo se decretó Estado de catástrofe por 90 días, con la intención de resguardar los recintos de salud, dar protección al traslado de pacientes y personal médico, proteger la cadena de insumos médicos y la distribución de productos para el abastecimiento de la población. Se restringen además ciertos derechos fundamentales como el de reunión en espacios públicos, libre circulación y se limita el tránsito de personas. Para fortalecer esta medida se decretó toque de queda el día 22 de marzo que aplica desde las 22:00 PM hasta a las 5:00 AM y se desplegó un gran contingente militar en las calles. Quienes necesiten circular durante la noche tras el comienzo del toque de queda deberán solicitar un salvoconducto en la página de Comisaría Virtual, el cual se entrega en casos excepcionales como emergencia de salud o fallecimiento y se debe presentar junto a la cédula de identidad.

 

SALUD

 

Se considera a Chile como el país que más test de PCR aplica por millón de habitantes en América Latina, a la fecha de 26 de abril. Según JP Morgan, en comparación con otros países de América Latina, Chile supera las 82.000 pruebas totales. Para realizarse el examen de PCR existen dos modalidades respecto al sistema público y privado de salud. Quienes se encuentren afiliados al Fondo Nacional de Salud, y sean sospechosos de portar el virus pueden realizarse el test de forma gratuita, y quienes estén afiliados a Isapre deberán pagar $25.000 (29 USD) como máximo por el examen. Existen 43 laboratorios en todo el país capaces de analizar exámenes de Covid-19, además de que la empresa china Huawei donó a la Posta Central de Chile un sistema de diagnóstico rápido asistido por inteligencia artificial.

 

El uso de mascarillas es obligatorio en espacios públicos y lugares donde haya 10 o más personas aglomeradas. Al principio se exigía mascarillas N95 que son las más efectivas para esta crisis, no obstante, debido a que pronto se agotaron, la especulación en mercados legales e ilegales, y la proliferación de ventas de mascarillas que no son efectivas, desde el mismo gobierno se aconsejó a las personas confeccionar sus propias mascarillas.

 

Existe aún un continuo flujo de personas en las calles que siguen trabajando y utilizando transporte público, el cual funciona de forma ininterrumpida durante el día y cesa al llegar la hora de toque de queda, muchas de estas personas no utilizan mascarillas por la escasez de estos elementos o bien usan mascarillas de género sin efectividad, por lo que, a pesar de las cuarentenas parciales el crecimiento del virus continúa siendo exponencial. Se prevé que, a principios de mayo esté ocurriendo el momento más intenso de la pandemia en el país. 

 

Considerando la pandemia actual como la principal amenaza sanitaria, se buscan reducir variables que puedan afectar negativamente el manejo del Covid-19, razón por la cual se anticipó la campaña de vacunación contra la influenza, y así prevenir los contagios antes de comenzar el invierno, época del año que también se perfila como una variable negativa que hará la situación de la pandemia mucho más crítica. Se espera, vacunar a 8 millones de personas, principalmente aquellos que se encuentran en un perfil de riesgo como adultos mayores, enfermos crónicos, embarazadas y menores de hasta 2 años, sumándole a los funcionarios de salud que son la primera línea de combate contra el virus.

 

Para quienes se contagian de Covid-19, se entregan licencias médicas, las cuales se extienden a quienes hayan tenido contacto estrecho con los contagiados, o bien sean personas de alto riesgo del mismo grupo familiar, debiendo también cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días de duración.

 

Han surgido varias críticas respecto a los criterios para identificar pacientes sin riesgo de contagio post cuarentena, pues tras cumplir el periodo de confinamiento y la exigencia de realizarse un examen de Inmunoglobulina G (IGG) que detecta anticuerpos, el Ministerio de Salud de Chile afirma que se desarrollan defensas para combatir un nuevo contagio de Covid-19. Habiendo pasado estos dos filtros, se entrega un “carnet de inmunidad” a las personas que se realizaron dicho examen, siendo Chile el primer país del mundo en implementar una medida tan curiosa. Este carnet comenzó a entregarse a partir del 20 de abril (misma fecha en que se solicitó a los funcionarios públicos reincorporarse a sus funciones) y así se les permite a los “recuperados” volver a circular o trabajar en el caso de que sea necesario. 

 

Sobre esta medida, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido su preocupación e incredulidad. La jefa técnica del Programa de Emergencias de Salud de la OMS, María van Kerkhove, aseguró que «en este momento no tenemos evidencia que el uso de un test serológico pueda mostrar que un individuo es inmune o está protegido contra una reinfección”, además precisó que “estos test de anticuerpos medirán ese nivel de anticuerpos. Pero aquello no significa que alguien con anticuerpos sea inmune».

 

NUEVOS ORGANISMOS ASOCIADOS

 

Se implementó un Comité Asesor para determinar los criterios y protocolos de acción para manejar la pandemia principalmente enfocado en la perspectiva científica y médica del problema. Sumado a esto, se conformó una Mesa Social conformada por representantes de las asociaciones de municipalidades; rectores de universidades; la presidenta del Colegio Médico; la ex ministra de Salud, Carmen Castillo y el representante de la OMS/OPS en Chile, llegaron hasta La Moneda para reunirse con los ministros del Interior, Gonzalo Blumel; de Salud, Jaime Mañalich; y de Ciencias, Andrés Couve. Esta última busca lograr medidas efectivas capaces de traducirse en políticas públicas atendiendo las necesidades reales de todos los miembros de la sociedad, así como disponer de sus facultades para aportar a la solución de la crisis.

 

El Colegio Médico de Chile, con representación de su presidenta Izkia Siches, han jugado un rol determinante como ente fiscalizador de las disposiciones del gobierno, así como planificador de las medidas que logren el manejo efectivo de los pacientes contagiados y la correcta aplicación de las medidas preventivas, las cuales se evalúan diariamente.

 

Desde el 1 de abril el Ministerio de Salud tiene el control de la infraestructura pública y privada para enfrentar la emergencia por lo que las camas y ventiladores se gestionan desde el gobierno central. Según el gobierno la capacidad actual de camas en Chile es de 37 mil y la disponibilidad de respiradores mecánicos es de 850 estando el 10% ya en uso, por lo cual se prevé incorporar 997 nuevos respiradores, sin embargo, no está claro de dónde se obtendrán y si efectivamente llegaran. Se adelantó también la inauguración del Hospital Félix Bulnes con 580 nuevas camas, pero a las horas de su apertura se inundó por lluvias lo cual reveló las falencias de la infraestructura. Además de esto, el gobierno adquirió Espacio Riesco un recinto en la zona norte de Santiago con capacidad de 3 mil camas que se gestionó de forma poco transparente, pues no se expuso su orden de compra, ni el precio por el lugar o las camas, lo cual lleva a cuestionar un posible conflicto de intereses en su adquisición, en el cual no se puede acceder a los detalles de compra a pesar de la Ley de Transparencia, la que permite consultar los detalles de estas adquisiciones. Se cuestiona el haberlo adquirido sin haber utilizado las atribuciones del Ejecutivo que para ese momento podría haber solicitado el recinto sin pagar, dado el contexto de Estado de Excepción Constitucional. 

 

MEDIDAS ECONÓMICAS EN SALUD

 

Se creó un fondo de $220 mil millones para comprar insumos y equipos médicos, además de fortalecer la operación de hospitales enfocados en la atención de personas contagiadas, suspendiendo cirugías que no sean de riesgo mortal, así como consultas médicas, extendiendo los horarios de urgencia y solicitando mayor personal médico el cual ha debido cumplir largas jornadas de trabajo en los recintos de salud. 

 

Otra medida económica que se tomó fue la suspensión del alza de planes de salud de julio para noviembre, a pesar de que la Corte Suprema acogió los recursos de protección presentados en contra de ocho isapres que alzaron los planes de salud por la incorporación de cinco nuevas patologías a la Garantía Explícitas de Salud (GES) en el trienio 2019-2022, y declaró arbitrarios e ilegales dichos reajustes al no existir elementos objetivos que los justifiquen. Sumado a esto, esto valió nuevas críticas al gobierno de Piñera quien sólo aplazó el alza, aunque de haberla rechazado existían dos problemas: demanda por fijación de precios al Estado (a pesar de que el Estado de Catástrofe lo permite), o bien resolución del conflicto en el Tribunal Constitucional ya que estas alzas suelen ser arbitrarias, y suelen acogerse de ciertas disposiciones de la Constitución para revertir las medidas que pueden emanar del Legislativo o el Ejecutivo. El congelamiento de precios en insumos médicos para particulares, o del precio de los medicamentos son medidas que hasta ahora no han sido contempladas. 

 

PLAN ECONÓMICO DE EMERGENCIA

 

Se presentó un Plan de Emergencia Económica de US$11.750 millones, enfocado en dar liquidez a las empresas sean grandes, medianas o pequeñas, y apoyar los ingresos de los trabajadores. Un país con 26 tratados comerciales como Chile, es uno de los más abiertos al libre mercado del mundo. Por lo tanto, depende efectivamente de una manera determinante del comercio y los servicios, a pesar de las divergencias que se plantean a nivel político desde la oposición y el oficialismo. Estas posiciones apuntan principalmente a la instauración de medidas de apoyo a los trabajadores cesantes y al cese del pago de servicios básicos como ha propuesto la oposición, o bien medidas de rescate a las grandes empresas muy ligadas a las concesiones del Estado Chileno, como propone el Oficialismo. Lo cierto es que Chile no resistiría económicamente medidas de confinamiento total estricto por más de un año. 

 

Las críticas al gobierno por parte de la oposición han apuntado a que no está existiendo un verdadero Estado de Bienestar al que apuntaban muchos a propósito del estallido social, pero como la realidad es que el Estado Subsidiario es el que debe paliar la crisis, se ha tratado de rotar los déficits en cuanto a lo sanitario y a lo económico de forma que la crisis sea paulatina. Para todos aquellos que no cuentan en el “Quédate en tu casa si es que puedes” se les propusieron dos medidas: Usar el seguro de cesantía mientras no puedan trabajar, y un “Bono Covid 19” de $50.000 (58 USD aprox.), destinado para el 60% de la población de menores ingresos. La razón de que se encuentren insuficientes estas medidas, es que producto de la crisis, varias empresas incluyendo a transnacionales como Cencosud, Starbucks, H&M, McDonald’s además de pequeñas y medianas empresas se acogen a la Ley de Protección del Empleo la que «faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales» y  «protege los ingresos y la relación laboral de los trabajadores cuando los actos de la autoridad, como cuarentenas o cierres de empresas, impidan al trabajador prestar sus servicios». No obstante, lo anterior, esto no asegura que las personas sean despedidas al momento de recuperar la normalidad de sus funciones lo que dificultará su mantención al no poder contar en dicho momento con el seguro de cesantía que ya gastaron. 

 

Además de lo anterior se suma el problema de la creciente tasa de empleo informal que para marzo era de un 29,6% según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas. Esto refleja una grave crisis, ya que además de que los trabajadores informales no cuentan con cotizaciones básicas de salud y pensiones, la cifra de personas con empleo informal se engrosó considerando las disposiciones de las empresas que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo y de quienes deberán ocupar su seguro de cesantía y se enfrenten a un posible despido.

 

EDUCACIÓN

 

En materia educacional se suspendieron las clases en jardines, colegios y liceos de tipo municipales, particulares subvencionados y privados, con una extraña disposición que considero adelantar las vacaciones de invierno desde el 12 de abril hasta el 24 de abril, para luego volver en teoría el 26 de abril a clases, pero no hay seguridad de esto. Desde el Mineduc se informó que se busca que las clases se reanuden paulatinamente de forma masiva en mayo. La vuelta a clases se prevé de forma continua y sin interrupciones hasta las vacaciones de verano al menos en educación preescolar, básica y media. En las instituciones de educación superior (Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales) existen disposiciones que varían por plantel académico, aunque en algunas como la Universidad de Chile se estima que las clases no volverán hasta después de Julio. 

 

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) anunció que se mantendrá la repartición de alimentos para alumnos que desayunaban y/o almorzaban en sus colegios entregándoles una canasta con alimentos para un mes. Este proceso ha sido irregular e infructuoso, que incluso hasta el mismo director de JUNAEB, Jaime Tohá, reconoció que no se han entregado todas las canastas o bien se han entregado incompletas, lo que se ha sumado a denuncias de productos en mal estado, podridos o sueltos.

 

El Mineduc ha puesto a disposición de alumnos y apoderados la plataforma “Aprendo en Línea” con guías y textos para evitar el cese de las actividades educativas de educación básica y media. En el caso de la educación superior, la suspensión de clases presenciales fue reemplazada completamente por plataformas digitales como Google Meet o Zoom, esta última no ha estado exenta de problemas por vulneración de privacidad y venta de datos. Sumado a este problema, se encuentra el del acceso a internet, considerando los datos recogidos desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones del año 2019 que manifestaban que solo el 49% de la población tiene internet fijo en su vivienda, siendo aún menor en comunas de la periferia de Santiago donde la penetración de banda ancha es de menos del 15%, lo cual hace muy difícil que todos los alumnos logren acceder efectivamente a las clases virtuales o rendir evaluaciones sin problemas de conexión. Es por esta razón, que desde la sociedad civil y organizaciones universitarias se han exigido medidas para resolver el problema del acceso a internet y evaluar el precio de los aranceles universitarios considerando su alto valor a pesar de no estar entregando el mismo servicio ni contemplar los mismos costos de operación. A esta exigencia se suma la de implementar un plan para abordar los problemas de salud mental en estudiantes de educación superior. 

 

CONTROL DE ESPACIOS, EVENTOS Y FRONTERAS

 

Los centros comerciales, cines, teatros, restaurantes, discotecas, gimnasios entre otros espacios de congregación masiva deben permanecer cerrados por tiempo indefinido. Las fronteras terrestres, aéreas, y marítimas se mantiene cerradas para el tránsito de personas extranjeras hasta el 22 de abril (renovable), lo cual no afecta al abastecimiento del país y garantiza su funcionamiento normal. Quienes quieran ingresar por vía marítima no podrá hacerlo hasta el 30 de septiembre, y también se prohíbe la recalada de cruceros en puertos nacionales. Todos los eventos masivos fueron cancelados, conciertos, eventos deportivos, exposiciones, etc. Se puso un especial énfasis a esto último, pues los primeros días de cuarentena, las personas del sector oriente de Santiago en las comunas donde viven las personas con más dinero del país, se rompieron constantemente las medidas de cuarentena, llegando a hacerse incluso matrimonios con la presencia de figuras de la política y la televisión.

 

CENTROS DE RECLUSIÓN DE MENORES Y ADULTOS

 

Todos los centros del Servicio Nacional de Menores se encuentran en cuarentena total, y el 26 de abril se confirmó el primer caso de un menor contagiado en un centro del SENAME. Las cárceles, por otro lado, han sido tema de discusión constante durante varias semanas por los incendios e intentos de motín que se han producido. La razón de estos, son las deplorables condiciones de salubridad dentro de los recintos, en la cárcel de Puente Alto en que hubo un intento de motín el día 18 de abril se contabilizan más de 20 presos y 40 funcionarios carcelarios contagiados a quienes no se les han aplicado las medidas sanitarias mínimas. El debate ha llegado a tales niveles que varios políticos han cuestionado que los internos deban tener derechos fundamentales asegurados. En contraste con esta situación se absolvió a 8 criminales condenados por violación de derechos humanos durante la dictadura, responsables de torturas, homicidio y desaparición de cuerpos.

 

Conclusión

 

Un virus que no discrimina a quien contagia desecha la idea de que esta crisis se puede resolver con esfuerzos aislados, pues afecta de forma sistémica, y, por lo tanto, la solución también se debe plantear de forma interconectada y estructurada, procurando que los esfuerzos sean conjuntos. Dependemos tanto del correcto funcionamiento del sistema, que la prioridad no es salvar personas, sino evitar el colapso del sistema de salud, el cual expone una profunda desigualdad entre instituciones públicas y privadas que debe ser resuelta en la marcha.