1. Introducción
En el panorama geopolítico actual, el control de la migración y de la seguridad se han convertido en nuevas monedas de cambio entre gobiernos. Este es el caso del acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador firmado el 22 de marzo de 2025 (Democracy Forward, 2025). A través de este pacto, los dos países han consolidado su alianza por medio de las deportaciones de migrantes indocumentados en Estados Unidos hacia las mega cárceles salvadoreñas. De hecho, el acuerdo refleja no solamente la propaganda política del actual gobierno estadounidense, basada en la expulsión de inmigrantes irregulares, sino también redefine las relaciones entre Washington y San Salvador. Por un lado, Trump busca reducir la presencia de indocumentados y el costo que esto implica, mientras Bukele aspira a un reconocimiento internacional hacia un modelo cada vez más autoritario, a pesar de su respaldo en las urnas.
En este contexto, cabe preguntarse si estamos frente al surgimiento de una nueva tipología de cooperación en seguridad, basada en un control migratorio externalizado a gobiernos dispuestos a violar derechos humanos a cambio de legitimidad internacional.
2. El pacto entre Trump y Bukele
La Fundación Democracy Forward, una organización sin fines de lucro dedicada a los servicios jurídicos y a la investigación de políticas públicas, junto a la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy Human Rights, accedieron y publicaron el texto del acuerdo entre Trump y Bukele que se había mantenido en secreto hasta el comienzo de septiembre de 2025.
El gobierno de Estados Unidos acordó pagar, a través del Departamento de Estado, un total de $4.760.000 para que el gobierno de El Salvador aceptara el traslado de aproximadamente 300 personas (Democracy Forward, 2025) acusadas de ser parte de la organización criminal Tren de Aragua, aunque no se han entregado pruebas para dichas acusaciones y no se han realizado los procesos legales pertinentes antes de ser expulsados. Para ejecutar la deportación, la administración de Estados Unidos invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 (Ana Faguy, 2025) que solo se ha usado en situaciones de guerra, la cual autoriza al Presidente de Estados Unidos a expulsar ciudadanos de gobiernos hostiles en caso de invasión. Sin embargo, esta decisión fue cuestionada públicamente y posteriormente declarada “ilegal e invocada indebidamente” por el juez federal Fernando Rodríguez (Ana Faguy, 2025).
El acuerdo, además, estipula que los fondos entregados se destinarán exclusivamente al apoyo penitenciario y logístico, excluyendo así el uso de determinadas facultades como lo son: asesoría legal de migrantes que solicitan asilo, apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), o para actividades relacionadas con servicios de salud reproductiva (Democracy Forward, 2025). Sin embargo, el pacto, que permitió llevar a la mega cárcel salvadoreña los deportados en marzo 2025, no incluye ninguna cláusula que obligue al estado de El Salvador a impedir torturas, confinamientos indefinidos y cualquier tipo de abuso dentro de la cárcel.
Por otra parte, la negociación del pacto refleja las posturas y necesidades de ambos gobiernos: El Salvador de esta forma puede consolidar su imagen de aliado en la lucha contra la migración irregular y el crimen, recibiendo apoyo político y financiero por parte de Estados Unidos; a su vez el gobierno estadounidense parece externalizar el control fronterizo, delegando la gestión migratoria hacia una administración que ha hecho del encarcelamiento masivo y de la propaganda punitiva su característica distintiva.
La externalización de fronteras, de hecho, implica una serie de actividades extraterritoriales en los países de origen y de tránsito, realizadas a solicitud de los estados receptores, usualmente más poderosos, con el propósito de controlar el movimiento de los potenciales migrantes (Menjívar, 2014). El concepto suele ser aplicado a la política migratoria de la Unión Europea y puede incluir acuerdos complejos al fin de convencer otros países a cerrar el paso de los solicitantes de asilo o a mantenerlos por un tiempo en sus territorios, siendo este último el caso de los migrantes deportados por parte de Estados Unidos hacia el penitenciario salvadoreño.
3. La mega cárcel salvadoreña
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) fue inaugurado el 31 de enero de 2023 por el presidente Bukele, convirtiéndose en el símbolo de la «guerra contra las pandillas» y de la política de seguridad impulsada por su gobierno, el cual presentó la prisión como «la cárcel más grande de toda América» (Valencia et al., 2025). El penitenciario, creado para encarcelar miembros de las pandillas Mara Salvatrucha (o MS-13) y Barrio 18, tiene una capacidad de 40000 reclusos, una extensión de 23 hectáreas y en 2023 contenía entre 65 y 70 individuos por celda (Specht, 2025). Los detenidos duermen en literas metálicas, sin colchones ni sábanas, con luces artificiales que iluminan las celdas las 24 horas del día (Valencia et al., 2025). Además, los encarcelados no pueden tener comunicación con familiares ni visitas, solo están autorizados a salir de sus celdas 30 minutos al día para practicar ejercicio en el pasillo (Specht, 2025), lo cual crea una circunstancia de extremo aislamiento de los individuos y una dificultad en la comunicación de sus condiciones de tratamiento en el penitenciario.
De hecho, según los monitoreos de Amnistía Internacional (2025), las condiciones de detención en el CECOT no garantizan el respeto de los derechos humanos de los salvadoreños encarcelados y, después de la firma del pacto entre Bukele y Trump, también de los deportados hacia El Salvador.
4. El costo humano de la externalización y los posibles escenarios futuros
Amnistía Internacional (2025) ha documentado las condiciones de los encarcelados en los centros de detención en El Salvador, informando sobre situaciones de hacinamiento extremo, falta de acceso a asistencia médica adecuada, tratos crueles o degradantes. Además, según los informes de Human Rights Watch (2025), desde el comienzo del Estado de excepción en el país en marzo de 2022 se ha reportado la muerte de más de 350 personas bajo custodia estatal. En esta situación, la encarcelación de migrantes deportados bajo las condiciones inhumanas que se enfrentan en el CECOT puede poner en riesgo la salud física y mental de los individuos, los cuales no han ni siquiera enfrentado un procedimiento legal ante su detención.
En julio de este año [2025], 252 venezolanos que hacían parte del grupo de deportados a la mega cárcel salvadoreña aterrizaron de vuelta a Caracas, aunque su regreso estuvo vinculado a la liberación de 10 prisioneros estadounidenses detenidos en Venezuela (Singer, 2025). Este escenario, si repetido, puede crear una dinámica en la cual las deportaciones pueden ser instrumentalizadas como forma de intercambio de prisioneros, especialmente entre países con relaciones diplomáticas inciertas, como en el caso de Estados Unidos y Venezuela.
Además, hay que considerar la posibilidad de que otros gobiernos latinoamericanos repitan el modelo salvadoreño bajo presión estadounidense. Según Iván Espinoza-Madrigal, director de Lawyers for Civil Rights, que ha representado a migrantes en demandas contra el gobierno de Trump (Correal y Baskar, 2025), otros países están tratando de emular el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador, ofreciendo sus centros de detención facilitar la deportación de migrantes, entre ellos tres países africanos (Ruanda, Sudán del Sur y Esuatini) y cuatro países latinoamericanos (Costa Rica, Guatemala, México, Panamá) (Caro, 2025).
5. Conclusiones
El pacto entre Estados Unidos y El Salvador no solamente es un acuerdo bilateral en materia migratoria, sino que también representa el cambio estructural en la forma en que los Estados gestionan la seguridad y la movilidad humana. A través de un modelo de cooperación basado en la securitización y externalización de fronteras, las potencias internacionales se ponen de acuerdo con países receptores para reducir los costos internos, con el riesgo de no considerar el peso de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por sus socios. Las condiciones extremas a las que están sometidos los deportados en las cárceles salvadoreñas demuestra que el peso humano del pacto entre los gobiernos fue superado por una nueva moneda de intercambio diplomático: el control de la migración a través de la externalización y la delegación autoritaria.
El caso del pacto entre Trump y Bukele, además, podría ser un precedente para otros gobiernos, interesados en estipular acuerdos a cambio de reconocimiento internacional y apoyo financiero. Esta nueva tipología de cooperación en seguridad revela un peligroso escenario que puede llevar a la mercantilización de vidas migrantes por parte de gobiernos que priorizan el control y el castigo por encima de la protección de los derechos humanos.
