El cambio climático no es una amenaza futura, es una realidad presente que impacta en los ecosistemas, las economías y, sobre todo, en las personas. Detrás del aumento de cada cifra de temperaturas o del nivel del mar, nos encontramos con comunidades enteras que deben migrar, adaptarse o resistir. En este contexto, vemos que la movilidad climática emerge como un fenómeno complejo que desafía las categorías tradicionales de migración, refugio y derechos humanos. Estadísticamente más de 200 millones de personas podrían verse forzadas a abandonar sus hogares por razones climáticas hacia 2050 (Global Centre for Climate Mobility, 2024). Esta cifra no sólo interpela a los Estados, sino también a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil. Además, exige una reflexión ética profunda sobre el derecho a permanecer y la dignidad de quienes se ven desplazados por causas ambientales.
La reciente Cumbre de Movilidad Climática 2025, organizada por el Global Centre for Climate Mobility (GCCM), se llevó a cabo del 24 al 26 de septiembre de 2025 en el Volvo Hall de la Scandinavia House, en Nueva York, durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El evento consolidó esta discusión en el plano global al reunir a líderes, expertos y comunidades afectadas para construir una agenda compartida sobre movilidad climática basada en derechos y soluciones adaptativas. Esta cumbre no solo buscó visibilizar el desplazamiento forzado por causas ambientales, sino también redefinir la movilidad como una estrategia de adaptación al cambio climático y no simplemente como una consecuencia trágica del mismo.
La movilidad climática representa un eje ético y político. Es un desafío que redefine las fronteras del derecho internacional y las nociones de soberanía, desarrollo y justicia. Enfrentarlo requiere pasar del discurso a la acción, con políticas cooperativas que integren la movilidad humana en las estrategias de adaptación climática.
1. Una crisis humana más allá del cambio climático
El desplazamiento climático no puede entenderse únicamente como un fenómeno ambiental. Hoy existen Estados cuya supervivencia está en riesgo: Nauru, Tuvalu y Kiribati enfrentan la posibilidad real de desaparecer bajo el avance del mar, mientras que numerosos países del Caribe sufren huracanes cada vez más intensos y erosión costera acelerada. Estas amenazas no solo comprometen territorios, sino también la continuidad de identidades nacionales, culturas y modos de vida enteros. Frente a este panorama, la movilidad climática emerge como respuesta urgente ante la pérdida de habitabilidad, poniendo en evidencia la fragilidad del sistema internacional para proteger a quienes habitan las zonas más expuestas.
El informe del Greater Caribbean Climate Mobility Initiative (GCCMI) señala que la movilidad climática debe abordarse bajo el principio de “derecho a permanecer” (right to stay), reconociendo que muchas comunidades no quieren migrar, sino vivir con dignidad en su territorio (GCCMI, 2024). Esto nos obliga a repensar las categorías jurídicas actuales: las personas desplazadas por el clima no son refugiados en el sentido tradicional, ya que no escapan de una persecución o conflicto político, pero tampoco son migrantes voluntarios. Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), el término “refugiado” se aplica únicamente a quienes cruzan fronteras internacionales debido a un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas (ACNUR, 1951).
El vacío normativo es alarmante. Ni la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni los marcos migratorios actuales contemplan de manera adecuada el desplazamiento ambiental. Aunque el Acuerdo de París (2015) reconoció parcialmente el fenómeno al crear un grupo de trabajo sobre desplazamientos dentro del Mecanismo Internacional de Varsovia, aún no existe un marco jurídico que otorgue derechos específicos a las personas afectadas. Esto deja a millones de personas en un limbo legal, sin reconocimiento ni protección. En este sentido, la movilidad climática se convierte en un espejo del orden internacional contemporáneo: un sistema que reconoce los efectos del cambio climático, pero que aún no otorga derechos a quienes más los necesitan.
2. La movilidad climática como oportunidad para la cooperación internacional
Lejos de limitarse a un desafío humanitario, la movilidad climática puede transformarse en una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional. La Greater Caribbean Climate Mobility Initiative (lanzada en 2022 por el GCCM y la Association of Caribbean States) ofrece un ejemplo inspirador (Association of Caribbean States, 2024; 3 Sided Cube,2024). Su objetivo es ayudar a los países del Gran Caribe a anticipar y planificar la movilidad climática mediante políticas basadas en datos, innovación tecnológica y participación comunitaria.
La iniciativa incluye un centro de conocimiento y políticas, un laboratorio de soluciones y una academia de movilidad climática, que promueven soluciones legales, financieras y educativas (CEERI, 2025). Además, cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Banco Mundial (CEERI, 2025). Este enfoque integral demuestra que la movilidad climática no debe entenderse únicamente como una consecuencia inevitable del cambio climático, sino también como una herramienta de adaptación y cooperación regional, capaz de fortalecer la resiliencia de los territorios y de las comunidades más afectadas.
En América Latina, este tipo de programas pueden servir de modelo para abordar los desplazamientos provocados por inundaciones, sequías o pérdida de biodiversidad. Sin embargo, la cooperación regional debe ir acompañada de voluntad política. Es fundamental que los Estados incorporen la movilidad climática en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), dentro del marco del Acuerdo de París, y que los organismos multilaterales destinen fondos específicos para la adaptación y la reubicación planificada.
La Cumbre de Movilidad Climática 2025, en este sentido, marca un punto de inflexión. No solo pone el tema en la agenda en el marco de la COP30, sino que propone una visión global que articula ética, ciencia y política. En un contexto donde los nacionalismos resurgen y las fronteras se endurecen, apostar por una movilidad climática digna es también una forma de defender el multilateralismo y los valores de cooperación que sustentan el sistema internacional.
3. América Latina frente al desafío: justicia climática y responsabilidad compartida
La movilidad climática interpela directamente a América Latina. Nuestra región, diversa y desigual, combina vulnerabilidad ambiental con fragilidad institucional. Los países del Caribe enfrentan huracanes cada vez más intensos, Centroamérica sufre sequías prolongadas y el Cono Sur experimenta incendios forestales y desplazamientos rurales. En todos los casos, las poblaciones más afectadas son las más pobres o vulnerables y las menos responsables del cambio climático.
Por eso, hablar de movilidad climática en América Latina también implica hablar de justicia climática. No se trata solo de gestionar migraciones, sino de garantizar que la respuesta a la crisis no profundice las desigualdades existentes. Los países del norte global tienen una responsabilidad histórica por las emisiones realizadas que provocan los desplazamientos actuales, y deben contribuir con financiamiento y transferencia tecnológica para la adaptación en el sur global.
A la vez, los gobiernos latinoamericanos deben reconocer que la movilidad interna y regional por causas ambientales ya está ocurriendo. La integración de estos procesos en la planificación urbana, en las políticas de vivienda y en los marcos de desarrollo sostenible es una tarea urgente. Tal como subraya el Global Centre for Climate Mobility (2024), “la movilidad bien gestionada puede ser una forma de adaptación exitosa y una herramienta de desarrollo humano sostenible”.
La Cumbre de Movilidad Climática 2025 refuerza esta idea al promover una visión donde los desplazamientos climáticos no son únicamente tragedias, sino procesos de transformación social. La creación de plataformas digitales bilingües, como el Explorador de Datos del Gran Caribe, permite visualizar los impactos y las soluciones de manera interactiva, acercando el conocimiento científico a las comunidades y fomentando la alfabetización climática.
En este sentido, América Latina tiene la oportunidad de liderar una nueva narrativa: aquella que entiende la movilidad climática no como un fracaso de la adaptación, sino como una expresión legítima del derecho a buscar condiciones de vida dignas.
4. Conclusión
La movilidad climática nos enfrenta a una pregunta central: ¿cómo garantizar los derechos humanos en un mundo donde el clima obliga a moverse? No basta con reconocer el problema; es necesario construir un marco político, jurídico y ético que permita proteger a las personas afectadas y, al mismo tiempo, fortalecer la resiliencia de las comunidades que desean permanecer en su territorio.
El desafío es global, y la respuesta debe ser cooperativa. La Cumbre de Movilidad Climática 2025 demuestra que el diálogo entre gobiernos, organismos internacionales y comunidades puede generar propuestas concretas y sostenibles. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que la movilidad climática se integre en las políticas públicas de manera transversal, con perspectiva de derechos humanos y enfoque territorial.
En definitiva, movernos por el clima no debería ser una condena, sino una oportunidad de transformación, donde vemos la permanencia de los derechos y la posibilidad de modificación en fronteras y mapas. La movilidad climática redefine el futuro de las relaciones internacionales porque nos recuerda algo esencial: la humanidad comparte un mismo hogar, y su cuidado exige responsabilidad colectiva.
