En la actualidad, existe un amplio debate en torno a las implicancias de los macrodatos: sus usos y abusos, su circulación, su capacidad de producir valor y su (im)posible democratización. No obstante, pese al intenso despliegue discursivo que caracteriza a la era de los datos masivos, estas narrativas se ven constantemente desbordadas por un proceso de expansión acelerado y acumulativo. En este marco, el presente artículo se propone analizar la geopolítica de los datos y, en particular, el papel que desempeñan los Estados y las corporaciones en la construcción de infraestructuras, regímenes de gobernanza y mecanismos de apropiación del valor.
Una de las razones fundamentales para abordar esta problemática radica en que, como se ha señalado previamente (Ortega, 2025), la brecha en el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación —en un contexto marcado por la acelerada carrera de la inteligencia artificial— incide de manera directa en los modos de producción, circulación y recepción de la información. Los datos que se generan y registran se encuentran atravesados por desigualdades estructurales que intervienen en la producción y reproducción de jerarquías sociodigitales. De este modo, se configura una geopolítica de los datos profundamente asimétrica, en la que las fronteras no se definen únicamente por tratados internacionales, sino también por líneas invisibles vinculadas a la alfabetización digital y a la capacidad efectiva de intervenir en el entorno virtual.
Por otro lado, la persistente naturalización del vocabulario tecno-informacional, que si bien es útil para imaginar la ubicuidad del universo digital, ha contribuido también a borrar las huellas de la materialidad que sostiene esas experiencias. Las metáforas de la nube o la red, por ejemplo, diluyen la pregunta por la infraestructura: ¿dónde se almacenan estos datos? ¿Quién los utiliza? ¿Qué costos sociales, ecológicos, políticos y económicos tiene su existencia o su descarte?
En consecuencia, todo dato tiene un anclaje físico. Para dimensionarlo, se estima que solo este año se producirán 402,74 millones de terabytes1En total, estos equivalen a aproximadamente 8,05 mil millones de discos Blu-ray de 50 GB, que apilados formarían una columna de aproximadamente 9.660 km de largo. (Statista, 2025a). Sin embargo, la forma más clara de ver sus consecuencias está en los impactos concretos, entre ellos el energético. En 2024, los grandes centros de datos a nivel mundial consumieron aproximadamente 415 teravatios-hora (TWh) de electricidad, lo que representa un 1,5 % del consumo eléctrico global, según el último informe de la Agencia Internacional de Energía2Esta cifra no solo refleja la magnitud actual de su huella energética, sino que también advierte sobre su crecimiento sostenido: la demanda eléctrica de los data centers ha aumentado a un ritmo del 12 % anual en los últimos cinco años y las proyecciones a futuro anticipan escenarios aún más exigentes. Para 2030, según el escenario base, se espera que el consumo supere los 945 TWh, mientras que en un contexto de expansión intensiva de la inteligencia artificial podría superar los 1.260 TWh. Incluso en el caso más eficiente, con mejoras tecnológicas sustanciales, se proyectan niveles cercanos a los 800 TWh. (Agencia Internacional de Energía [AIE], 2025). (2025). Además, su huella hídrica se ha vuelto muy significativa, ya que sólo para este año se estima un consumo de más de 560 mil millones de litros, con proyecciones que alcanzan los 1,2 billones de litros para 2030 (Agencia Internacional de Energía [AIE], 2025).
De manera paulatina, la infraestructura técnica global se ha reconfigurado en torno a la economía del dato3Según el European Data Market Study 2021–2023 (European Comission, 2024), la ‘economía del dato’ mide los impactos globales del mercado de datos en la economía, e involucra la generación, recolección, almacenamiento, procesamiento, distribución, análisis, elaboración, entrega y aprovechamiento de datos mediante tecnologías digitales. Es más amplia que el mercado de datos porque considera el valor y la riqueza generados en toda la economía, e incluye impactos directos, indirectos e inducidos (Comisión Europea, 2024, p. 107).. Así como la riqueza tradicional descansó en la propiedad de la tierra o en el capital industrial, hoy se construye, en gran medida, sobre la acumulación, el procesamiento y el control de datos.
No obstante, cuando esa acumulación es concentrada y excluyente, reproduce y amplifica desigualdades: consolida barreras de entrada mediante efectos de red y mecanismos de lock-in4Principalmente, los efectos de red aumentan el valor de una plataforma o servicio a medida que crecen sus usuarios y complementos, lo que vuelve difícil que un entrante atraiga masa crítica. Por otro lado, el lock-in (costos de cambio) ata a clientes/proveedores existentes por dependencias tecnológicas (formatos y APIs propietarios, datos no portables), contractuales (penalidades, permanencias o “costos por salida de datos”) y organizacionales (capacidades, procesos, aprendizaje). En conjunto, estas fricciones elevan el costo de migrar o “multipertenecer” (multi-homing), refuerzan la ventaja del incumbente y desincentivan la entrada y la competencia.; desplaza la captura de valor hacia quienes controlan recursos, modelos y plataformas; externaliza costos —energéticos, ambientales y laborales— hacia territorios y actores con menor poder de negociación; y profundiza asimetrías informacionales que inciden en decisiones públicas y de mercado.
El resultado es un mapa global desigual donde algunos Estados se posicionan como nodos estratégicos del ecosistema, mientras otros quedan relegados a proveedores de insumos o a receptores de los impactos ecológicos y materiales. En la misma línea, el Barómetro Global de Datos advierte “las disparidades regionales y la urgente necesidad de pasar de la intención política al impacto práctico” (Fumega, 2025, p. 122).
La evidencia de esto se encuentra en la geografía actual de los centros de datos. Actualmente, más del 33 % se ubican en Estados Unidos, seguido por Alemania, Reino Unido y China (Statista, 2025b), particularmente en Ashburn (Virginia), la “capital mundial” de los data centers, distinguida así por sus llamativos beneficios impositivos5En Virginia rige la Data Center Retail Sales & Use Tax Exemption, que exime del impuesto a las ventas y uso las compras y arrendamientos de servidores, infraestructura de red, software habilitante, generadores y equipos de refrigeración utilizados en centros de datos que cumplan umbrales de inversión y empleo. En el año fiscal 2023, la Comisión Legislativa Conjunta de Auditoría y Revisión (JLARC, por sus siglas en inglés) estimó 928 millones de dólares en ahorros tributarios asociados a esta exención (Joint Legislative Audit and Review Commission, 2024). . En esta línea, el Foro Económico Mundial (2025) destaca que alojar un gran centro de datos no solo atrae industrias conexas (como servicios en la nube, investigación en IA) y reduce la dependencia de la conectividad extranjera; también, en contextos de crisis, convierte al control del almacenamiento nacional tan estratégico como el del suministro energético.
Ahora bien, esa centralidad expone nuevas vulnerabilidades: las tensiones geopolíticas y los controles o sanciones a la exportación pueden restringir el acceso a chips y componentes críticos (IA, fibra óptica, etc.). En tal sentido, un data center es tan avanzado como los insumos que logra importar, razón por la cual estas infraestructuras han pasado al primer plano de la agenda de seguridad internacional6El Foro Económico Mundial (2025) describe una “guerra fría digital” marcada por el desacoplamiento tecnológico EE. UU. – China: controles de exportación crecientes —incluidos chips de IA de última generación—, presión sobre aliados y nuevas alianzas frente a la Ruta de la Seda Digital china. El resultado es un ecosistema que oscila entre la fragmentación en esferas con estándares incompatibles y la cooperación vía “guardarraíles” mínimos. En este tablero, los centros de datos emergen como activos estratégicos y vulnerables. (Foro Económico Mundial, 2025).
Más allá de su distribución territorial, el mercado global de los centros de datos y de los servicios de computación en la nube se encuentra ampliamente concentrado en manos de corporaciones privadas transnacionales. En el segmento de infraestructura cloud, el liderazgo corresponde a Amazon Web Services (30 %), Microsoft Azure (20 %) y Google Cloud (13 %), seguidos por Alibaba (4 %) y Oracle (3 %), según estimaciones del segundo trimestre de 2025 (Reno, 2025). En cuanto a la locación de centros de datos, Equinix mantiene la posición dominante con aproximadamente el 21 % del mercado de retail colocation en 2024, por delante de operadores como Digital Realty y NTT (Kerner, 2025).
Como advierte Blinder (2021), detrás de cada dispositivo conectado se registran patrones de producción y consumo, desplazamientos geográficos, preferencias personales, redes de interacción e intenciones de compra. Cada interacción digital es susceptible de transformarse en un dato valioso para empresas u organismos. En este sentido, el capital informacional (Zuboff, 2019; Mayer-Schönberger & Ramge, 2018) no se mide sólo en términos económicos o ambientales, sino también en términos de poder: quien accede y controla esos datos acumula una ventaja estratégica. El ejercicio de ese control —ya sea por parte de Estados o corporaciones— depende de la forma en que los marcos normativos, tecnológicos y políticos habilitan o restringen el acceso, la acumulación y el uso de los datos, a través de reglas de portabilidad y competencia, estándares de interoperabilidad, capacidades de fiscalización y soberanía sobre el almacenamiento.
De este modo, en la intersección entre intereses privados y públicos, la valorización contemporánea del dato abre una pluralidad de potencialidades estatales donde algunos gobiernos, como la Unión Europea, optan por diseñar legislaciones específicas, como el “Reglamento General de Protección de Datos”, para proteger la privacidad y limitar el uso comercial de la información personal (Parlamento Europeo, 2016). Otros, en cambio, han establecido alianzas con corporaciones tecnológicas o han monetizado los datos como recurso estratégico, como en el caso de Facebook Inc. y Cambridge Analytica, provocando graves vulneraciones en el ejercicio democrático (Vercelli, 2021).
También existen Estados que, por omisión o desinterés, permiten la fuga sistemática de datos de su población hacia servidores extranjeros, reproduciendo relaciones de dependencia y extractivismo digital, como ocurre en Argentina (Vidal & Argentina, 2025). Y no faltan los casos en los que los datos son utilizados como herramientas de vigilancia y control, consolidando algo que algunos podrían definir como violencia estatal mediada por algoritmos, como sucede con la Ley de Seguridad de Datos en China (DLA Piper, 2025).
Así, la cuestión no se agota en dónde se almacenan los datos, sino en cómo, quiénes y para qué se capturan, procesan y circulan en un contexto de costos materiales crecientes, concentración corporativa y tensiones geopolíticas. Si los centros de datos son a la vez vértices estratégicos y puntos vulnerables, el núcleo de la disputa pasa por tres planos: infraestructura, reglas y capacidades.
En este marco, puede sostenerse que, en materia de infraestructura, el objetivo central es reducir dependencias críticas y asegurar la fiabilidad de los servicios; en términos de reglas, garantizar transparencia —incluida la algorítmica— y protección de derechos, estableciendo límites efectivos a la concentración; y, en cuanto a capacidades, formar cuadros públicos especializados, robustecer mecanismos de auditoría y promover esquemas de cooperación regional que eviten tanto el encierro en “esferas” tecnológicas incompatibles como la subordinación a cadenas de suministro no controladas. De este triángulo depende que los datos operen como un bien público o como un vector de profundización de desigualdades. En última instancia, aquello que un país logra registrar, interconectar y poner a disposición en condiciones justas define no solo su soberanía digital, sino también el contorno de sus proyectos democráticos y su posición dentro de un orden global en proceso de reconfiguración.
- 1En total, estos equivalen a aproximadamente 8,05 mil millones de discos Blu-ray de 50 GB, que apilados formarían una columna de aproximadamente 9.660 km de largo.
- 2Esta cifra no solo refleja la magnitud actual de su huella energética, sino que también advierte sobre su crecimiento sostenido: la demanda eléctrica de los data centers ha aumentado a un ritmo del 12 % anual en los últimos cinco años y las proyecciones a futuro anticipan escenarios aún más exigentes. Para 2030, según el escenario base, se espera que el consumo supere los 945 TWh, mientras que en un contexto de expansión intensiva de la inteligencia artificial podría superar los 1.260 TWh. Incluso en el caso más eficiente, con mejoras tecnológicas sustanciales, se proyectan niveles cercanos a los 800 TWh. (Agencia Internacional de Energía [AIE], 2025).
- 3Según el European Data Market Study 2021–2023 (European Comission, 2024), la ‘economía del dato’ mide los impactos globales del mercado de datos en la economía, e involucra la generación, recolección, almacenamiento, procesamiento, distribución, análisis, elaboración, entrega y aprovechamiento de datos mediante tecnologías digitales. Es más amplia que el mercado de datos porque considera el valor y la riqueza generados en toda la economía, e incluye impactos directos, indirectos e inducidos (Comisión Europea, 2024, p. 107).
- 4Principalmente, los efectos de red aumentan el valor de una plataforma o servicio a medida que crecen sus usuarios y complementos, lo que vuelve difícil que un entrante atraiga masa crítica. Por otro lado, el lock-in (costos de cambio) ata a clientes/proveedores existentes por dependencias tecnológicas (formatos y APIs propietarios, datos no portables), contractuales (penalidades, permanencias o “costos por salida de datos”) y organizacionales (capacidades, procesos, aprendizaje). En conjunto, estas fricciones elevan el costo de migrar o “multipertenecer” (multi-homing), refuerzan la ventaja del incumbente y desincentivan la entrada y la competencia.
- 5En Virginia rige la Data Center Retail Sales & Use Tax Exemption, que exime del impuesto a las ventas y uso las compras y arrendamientos de servidores, infraestructura de red, software habilitante, generadores y equipos de refrigeración utilizados en centros de datos que cumplan umbrales de inversión y empleo. En el año fiscal 2023, la Comisión Legislativa Conjunta de Auditoría y Revisión (JLARC, por sus siglas en inglés) estimó 928 millones de dólares en ahorros tributarios asociados a esta exención (Joint Legislative Audit and Review Commission, 2024).
- 6El Foro Económico Mundial (2025) describe una “guerra fría digital” marcada por el desacoplamiento tecnológico EE. UU. – China: controles de exportación crecientes —incluidos chips de IA de última generación—, presión sobre aliados y nuevas alianzas frente a la Ruta de la Seda Digital china. El resultado es un ecosistema que oscila entre la fragmentación en esferas con estándares incompatibles y la cooperación vía “guardarraíles” mínimos. En este tablero, los centros de datos emergen como activos estratégicos y vulnerables.
