La crisis de seguridad que atraviesa Haití no es un hecho aislado ni una coyuntura pasajera. Es el resultado de décadas de inestabilidad política, fragilidad institucional e intervenciones internacionales fallidas. En la actualidad, el país se encuentra al borde del colapso: bandas armadas controlan amplias zonas del territorio y la población vive atrapada bajo la violencia, sin acceso a servicios básicos ni garantías de derechos humanos. Mientras tanto, el gobierno, debilitado y sin legitimidad, carece de la capacidad para contener la situación.
En estas condiciones, Haití reúne las características de un Estado fallido1La clasificación de “Estado fallido” se basa en indicadores como la pérdida del control territorial o del monopolio del uso legítimo de la fuerza, la erosión de la autoridad legítima para tomar decisiones colectivas, la incapacidad de proporcionar servicios públicos, la corrupción generalizada, el desplazamiento masivo de la población, entre otros. Estos criterios son utilizados por el Fragile States Index (Fund for Peace, 2024).: ha perdido el monopolio legítimo del uso de la fuerza, no ejerce soberanía efectiva sobre su territorio y su crisis amenaza con desbordar sus fronteras. Ante este panorama, la respuesta internacional no puede seguir limitada a medidas superficiales o reactivas. La descomposición del Estado haitiano representa una amenaza para la estabilidad regional y requiere acciones decisivas que aborden las causas estructurales de su inestabilidad.
Para comprender la magnitud de la crisis haitiana es necesario revisar los antecedentes históricos. Tras obtener su independencia en 1804, Francia, resentida por la pérdida de su colonia, le impuso al nuevo Estado una cuantiosa indemnización como condición para evitar una guerra. Esta deuda asfixió económicamente al país durante más de un siglo, limitando su desarrollo y sentando las bases de un ciclo persistente de pobreza, debilidad institucional y dependencia externa que aún afecta al país.
Posteriormente, acontecimientos como la ocupación estadounidense (1915-1934) y la dictadura de los Duvalier (1957-1986) profundizaron la fragilidad del Estado haitiano. Durante este período, las instituciones públicas se debilitaron considerablemente, y las fuerzas armadas, lejos de cumplir un rol profesional, fueron corrompidas y utilizadas para reprimir a la población, consolidando el poder autoritario del régimen. Como consecuencia, Haití heredó un aparato estatal precario, sin capacidad efectiva para garantizar el orden, brindar servicios básicos ni responder adecuadamente ante las crisis.
Desde entonces, el país ha vivido una larga historia de inestabilidad, con gobiernos frágiles, golpes de Estado y procesos democráticos que no han logrado consolidarse. La esperanza de construir una democracia duradera ha sido constantemente opacada por la corrupción, la violencia y la fragmentación política. A estos desafíos se suman los desastres naturales, que han golpeado con fuerza a un país ya vulnerable. Uno de los más devastadores fue el terremoto de 2010, que dejó más de 200.000 muertos, 350.000 heridos y alrededor de 1,5 millones de personas sin hogar (Reyes Ramírez, 2021).
Desde 1993, la ONU ha desplegado diversas misiones en Haití para promover la estabilización política y económica, reconstruir instituciones y profesionalizar las fuerzas de seguridad (ver tabla 1). Si bien estas operaciones han logrado ciertos avances en materia de seguridad, no han conseguido estabilizar de forma duradera al país. Además, su legado se ha visto empañado por controversias, como denuncias de abusos sexuales cometidos por los cascos azules y la introducción del cólera, que causó más de 10.000 muertes (Reyes Ramírez, 2021).
Tabla 1. Misiones de la ONU en Haití (1993-2019).
En los últimos años, la situación de seguridad se ha deteriorado de forma alarmante, especialmente, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, hecho que dejó un vacío de poder que no ha sido resuelto de manera efectiva. Desde entonces, la violencia ejercida por bandas armadas se ha intensificado, llegando a controlar aproximadamente el 85% del área metropolitana de Puerto Príncipe (International Peace Institute, 2024).
En octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), una fuerza internacional liderada por Kenia para contribuir al restablecimiento del orden y frenar la violencia. No obstante, los resultados obtenidos hasta ahora han sido insuficientes. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en 2024, murieron al menos 5601 personas por incidentes violentos, mil muertes más que el año anterior, lo que evidencia la persistencia y la gravedad de la crisis (ACNUDH, 2025b).
En abril del 2025, María Isabel Salvador, representante especial de la ONU para Haití, advirtió que, desde enero, los criminales han intensificado sus ataques, extendiendo su control y desafiando abiertamente al Estado, superando la capacidad de respuesta de la policía nacional, a pesar del respaldo del ejército y la MSS (ONU, 2025). Esto se debe, en parte, a que no se ha cumplido con el despliegue de los 2.500 efectivos previstos por el Consejo de Seguridad en 2023. Para marzo, apenas se había desplegado el 40%, es decir, unos 1.000 efectivos (ACNUDH, 2025a).
Ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad para proteger a la población, se han incrementado los incidentes de “justicia popular” protagonizados por grupos de autodefensa y turbas no organizadas. Estas agrupaciones han decidido tomar la justicia en sus manos, atacando a presuntos miembros de bandas y sospechosos de delitos. Uno de los episodios más graves ocurrió el 18 de noviembre de 2024, en Pétion-Ville, donde al menos 77 presuntos delincuentes fueron asesinados por grupos de autodefensa, tras un intento de asalto en la zona ese mismo día (ACNUDH, 2025a). Estos hechos reflejan el deterioro de la seguridad y la urgente necesidad de frenar el ciclo de violencia.
Uno de los problemas más graves que enfrenta actualmente Haití es la proliferación de armas de fuego. Se estima que entre 270.000 y 500.000 armas circulan de manera ilícita en el país (ACNUDH, 2025a). De acuerdo con datos del ACNUDH, el 92% de las víctimas registradas en 2024 fueron consecuencia del uso de este tipo de armamento, lo que pone en evidencia la magnitud del problema (ACNUDH, 2025a).
Para detener el flujo ilícito de armas y municiones, es fundamental una aplicación efectiva de la ley y mecanismos sólidos de control y rendición de cuentas. Aunque el Consejo de Seguridad impuso un embargo de armas a Haití en 2022, esta medida no ha logrado detener su flujo. En septiembre de 2024, el Grupo de Expertos de la ONU (ACNUDH, 2025a) identificó rutas de tráfico que involucran países como Colombia, República Dominicana, Estados Unidos y otros. Además, destacaron un flujo constante de armas provenientes del estado de Florida, donde son adquiridas por testaferros que se aprovechan de leyes menos restrictivas y controles de exportación deficientes (ACNUDH, 2025a).
A la luz de los hechos expuestos, no cabe duda de que Haití reúne las condiciones que definen a un Estado fallido. La pérdida del control territorial, la incapacidad de proteger a su población, el colapso institucional y la ausencia de un gobierno legítimo y funcional configuran un escenario de anarquía prolongada. Ante este panorama, el plan de organizar elecciones en 2026 parece inviable si antes no se logra frenar la violencia y promover un proceso de diálogo nacional que aborde las causas estructurales de la inestabilidad, para así evitar repetir los errores del pasado y perpetuar la crisis que afecta al país.
La comunidad internacional, aunque reconoce la gravedad de la situación, ha respondido con acciones claramente insuficientes. La MSS no ha logrado restaurar el orden debido a la falta de recursos, capacidad operativa y equipamiento, lo que ha limitado severamente su efectividad. En este contexto, el país requiere con urgencia una estrategia integral y sostenida que combine asistencia humanitaria con la restauración del orden público y una profunda reconstrucción institucional. Para ello, es imprescindible fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad nacional, garantizar el cumplimiento del embargo de armas y respaldar un gobierno de transición legítimo, con acompañamiento técnico y político, que siente las bases para una gobernabilidad estable y democrática.
Ignorar el colapso de Haití no sólo perpetúa el sufrimiento de millones de personas, sino que representa una amenaza real para la seguridad y estabilidad del continente. Haití, de no ser rescatado del caos, corre el riesgo de convertirse en un epicentro del narcotráfico y el crimen organizado. Es momento de asumir compromisos firmes, con plazos concretos, recursos suficientes y resultados verificables. El futuro de Haití depende de la voluntad política global para actuar de forma decisiva.
- 1La clasificación de “Estado fallido” se basa en indicadores como la pérdida del control territorial o del monopolio del uso legítimo de la fuerza, la erosión de la autoridad legítima para tomar decisiones colectivas, la incapacidad de proporcionar servicios públicos, la corrupción generalizada, el desplazamiento masivo de la población, entre otros. Estos criterios son utilizados por el Fragile States Index (Fund for Peace, 2024).
