Introducción
Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), desde 1980 el aumento de las temperaturas globales ha sido una tendencia constante. Este fenómeno se atribuye principalmente a la liberación masiva de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero, producto de la producción y el consumo de carbón, petróleo y gas (Naciones Unidas, s.f.). De acuerdo con el informe de la OMM (2019), el planeta se encuentra al menos un grado centígrado por encima de los niveles preindustriales, lo que representa un riesgo significativo para los ecosistemas y las sociedades humanas.
En el ámbito de la cooperación internacional, el tratado que subraya la relevancia de limitar el calentamiento global es el Acuerdo de París. Este acuerdo multilateral constituye un hito en las negociaciones internacionales sobre el medio ambiente. La cooperación internacional climática ha adquirido un papel decisivo en la búsqueda de soluciones frente a la crisis ambiental. En este contexto, la Conferencia de las Partes número 30 (COP30), que se celebró en Belém, Brasil, representó una oportunidad para evaluar los avances y desafíos de los países amazónicos en materia de sostenibilidad. La relevancia de la Amazonía dentro de este debate es central, ya que, al ser considerada el mayor reservorio de biodiversidad del planeta, se ha convertido en un espacio clave de las negociaciones multilaterales, donde persisten tensiones entre el desarrollo económico y la conservación ambiental.
1. La COP30
La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano encargado de las decisiones con respecto a la implementación de los compromisos asumidos por los países que han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés). Actualmente, 198 países participan en la UNFCCC, lo que constituye uno de los organismos multilaterales de mayor envergadura dentro del sistema de las Naciones Unidas (ONU).
En noviembre de 2025, Brasil fue el anfitrión de la 30ª Conferencia de las Partes. Durante poco más de 10 días, la ciudad de Belém se convirtió en la plataforma para dar paso al debate de las soluciones climáticas y, a su vez, asentar el compromiso del país anfitrión con la protección de la Amazonía y el cumplimiento del Acuerdo de París, vinculando a su vez tres nuevos objetivos fundamentales de la UNFCCC: mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 ºC; incrementar las capacidades de adaptación y resiliencia; alinear los flujos financieros con los demás objetivos del Acuerdo (COP30 Brasil Amazonia, 2025).
2. Avances multilaterales hacia la COP30
2.1 Brasil, país anfitrión
Durante la V Cumbre de Países Amazónicos, llevada a cabo en Bogotá, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso la creación de un “Consejo de Clima” y destacó la necesidad de actuar en conjunto con los países de la región. Así, se promovió la cooperación Sur-Sur (cooperación entre países en desarrollo), y se buscó garantizar la implementación efectiva de políticas ambientales (Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, N°30, 2025, p. 16).
Ahora bien, el liderazgo brasileño enfrentó contradicciones internas, el país revirtió medidas de protección ambiental frente a proyectos mineros, petroleros y de gas, impulsando a su vez, la minería en el Amazonas (Rodríguez & Morrill, 2025). En mayo del 2025, el Senado de Brasil aprobó el Proyecto de Ley 2159/2021, que flexibiliza los requisitos de licenciamiento ambiental. Posteriormente, el Congreso Nacional lo aprobó definitivamente y fue promulgado como la ley N. 15.190 (2025), aunque con votos parciales del Ejecutivo. La norma, conocida por organizaciones ambientalistas y sectores de la sociedad civil como “PL da Devastação”, ha sido criticada por reducir controles ambientales y permitir que ciertos proyectos se autoricen mediante procedimientos simplificados o declarativos, lo que podría poner en riesgo áreas protegidas.
Otro ejemplo de contradicción en la política ambiental de Brasil se observa en el desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonía como el complejo de presas Belo Monte Dam. A pesar de que el proyecto fue promovido como parte de la expansión de la generación hidroeléctrica, considerada una fuente de energía renovable, algunas investigaciones, entre ellas la de los académicos Heidi Ribeiro y José Morato titulada Social environmental injustices against indigenous peoples: the Belo Monte Dam, han señalado que su construcción generó violaciones de derechos humanos y ambientales, y causó alteraciones en el ecosistema del río Xingú y afectaciones en los medios de vida de las comunidades.
Con todo y contradicciones aparentes, Brasil asumió una responsabilidad central como mediador entre el Norte y el Sur global para lograr acuerdos en materia climática.
En febrero de 2025, el secretario nacional de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Aloisio Lopes de Melo, expresó que uno de los principales desafíos del país hacia la COP30 era la magnitud de la ambición de los participantes, ya que el éxito de la cumbre “depende de que los países presenten sus compromisos (…), y que estos sean suficientes para conducirnos hacia esa trayectoria” (De Freitas, 2025, párr 12). Asimismo, Lopes de Melo aseguró que al menos 50 naciones han entregado la contribución determinada a nivel nacional (NDC’s por sus siglas en inglés); es decir, los planes de acción formales con los compromisos climáticos establecidos por los países en el Acuerdo de París (2015); no obstante, una minoría de países aún no han formalizado sus compromisos actualizados.
Otro desafío es de naturaleza financiera. Brasil estima que, para lograr sus objetivos, será necesario mover un aproximado de 1.3 millones de dólares para 2035. Lopes de Melo destacó la importancia de involucrar al ministro de Hacienda, y ministros de áreas de interés tales como economía, políticas públicas, etc. de otros países. Asimismo, identificó la transición energética como uno de los temas más complejos de la COP30. El ministro también indicó que los países productores de petróleo, como Brasil, son dependientes de los ingresos de los combustibles fósiles y subrayó la necesidad de diseñar un plan gradual que permita reducir su uso hasta alcanzar un consumo mínimo (De Freitas, 2025, párr 28).
De esta manera, se evidencia que el modelo económico brasileño continúa ligado a las actividades extractivas, lo que debilita parte de sus metas climáticas. No obstante, la nación sudamericana sigue desarrollando políticas de adaptación para una agenda en materia ambiental.
2.2 Países amazónicos
Los países amazónicos (conformado por el bloque: Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) comparten una agenda común basada en la defensa de la biodiversidad y la reducción de la deforestación. La cooperación entre ellos constituye un avance simbólico hacia una diplomacia ambiental regional.
Durante las negociaciones de la V Cumbre de Países Amazónicos celebrada en Colombia; Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela aprobaron la Declaración de Bogotá, un “acuerdo que busca consolidar una agenda común para la región y establecer una hoja de ruta hacia la COP30”. (Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, 2025, p. 23) La declaración incluye 35 puntos que integran la agenda climática y las medidas para reducir emisiones de CO2. Además, exige la creación de un mecanismo internacional de diálogo permanente entre gobiernos, sociedad civil y pueblos indígenas.
Colombia, por su parte, adoptó compromisos concretos para la protección de bosques tropicales (Infante, 2025). Adicionalmente, el país propuso declarar la Amazonía como territorio libre de combustibles fósiles, avanzando así en el compromiso de transición responsable ambiental. No obstante, en reportes del año 2024, se indica que la deforestación ha aumentado en un 35% interanual, lo que evidencia la dificultad de traducir compromisos en resultados prácticos.
Ahora bien, estos Estados comparten desafíos estructurales ya que son economías dependientes de la extracción de petróleo, como es el caso de Venezuela. A pesar de haber presentado su plan de acción para la COP30, existe una inminente preocupación en lo que respecta a la deforestación acelerada, en la Amazonía venezolana, vinculada con la minería ilegal y las actividades extractivas en el Orinoco (Tarazona, 2023). A pesar de que el marco regulatorio del Arco Minero del Orinoco permite la explotación minera a gran escala (Decreto de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, Nro 2.248, 2016), el conflicto sobre el deber del Estado en conservar, proteger y controlar juega un papel fundamental en la búsqueda del verdadero desarrollo sustentable.
Por otro lado, el Perú ha conseguido asegurar fondos internacionales para proteger ecosistemas amazónicos, así como alianzas con pueblos indígenas para la conservación de bosques comunales, colaborando con Noruega para conservar los bosques mediante incentivos económicos (Ministerio del Ambiente, Perú; 2025). Sin embargo, promueve a su vez la explotación de hidrocarburos en regiones de selva, lo que genera conflicto con los objetivos de mitigación y debilita la implementación de sus NDCs (Lopez, 2024).
Estos países han demostrado avances diplomáticos e iniciativas locales prometedoras, pero los desafíos estructurales limitan su capacidad para cumplir con los compromisos climáticos. Con todo, la cooperación y el liderazgo ambiental constituyen la base del bloque amazónico para transformar los planes en acciones tangibles que aseguren la preservación del ecosistema.
Conclusiones
La COP30 representa un momento clave para la acción climática del Sur Global. Brasil, como país anfitrión, asumió un papel protagónico en la articulación de una agenda común amazónica, a pesar de que su dependencia de las actividades extractivas y la flexibilización de normas cuestionan su liderazgo. Pese a estas contradicciones, el compromiso expresado en la Declaración de Bogotá y la creación de espacios de diálogo regional refuerzan la posibilidad de que exista una diplomacia ambiental más estructurada y cohesionada.
Con todo, los países amazónicos continúan enfrentando limitaciones estructurales. En los casos mencionados (Colombia, Venezuela y Perú) se reflejan tanto los esfuerzos como las contradicciones internas. La COP30, por lo tanto, es un punto de inflexión y es una prueba decisiva para medir la capacidad de estos países de transformar los compromisos en acciones efectivas que garanticen la preservación de la Amazonía y el fortalecimiento de la cooperación multilateral. Consecuentemente, resultará imperativo realizar un seguimiento exhaustivo de los avances y procesos transcurridos en un ciclo anual, con el fin de evaluar la efectividad de las medidas implementadas.
