Narcotráfico y Crimen Organizado en Colombia II: El Ejército de Liberación Nacional

Resumen: El presente informe busca examinar la evolución multidimensional del Ejército de Liberación Nacional ahondando en su estructura confederada, su despliegue logístico y sus métodos de guerra asimétrica. Ello con el objetivo de descifrar los factores estructurales que garantizan su resiliencia en el escenario contemporáneo. Colombia afronta desafíos críticos en materia de seguridad, orden público y consolidación de la paz, exacerbados por el conflicto armado y la persistencia de economías ilícitas. Este informe analiza las dinámicas de violencia del grupo, su gestión del control social y su repliegue estratégico en la frontera venezolana. Los hallazgos demuestran que opera como una red altamente adaptable que rechaza el desarme tradicional al priorizar la mesa de negociación como plataforma de reforma estatal. Finalmente, se concluye que el éxito de futuros diálogos dependerá de la capacidad del Estado de maniobrar entre las demandas del grupo y las exigencias de paz de la población colombiana. 

Introducción

El conflicto armado interno en Colombia ha experimentado profundas transformaciones a lo largo de las últimas seis décadas. En el centro de esta dinámica se encuentra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que ha sabido sostener su discurso frente a diversos contextos nacionales e internacionales, demostrando una notable capacidad de adaptación a los cambios. El presente informe tiene como objetivo principal examinar las dinámicas operativas, políticas y sociales que explican su existencia, analizando cómo lograría articular un discurso de resistencia social con el control de economías ilícitas.

Para cumplir con este propósito, el informe hace un intento por analizar la genealogía y el contexto de creación del ELN, pasando por su arquitectura organizacional, su economía criminal y el capital social y territorial con el que cuenta, para luego analizar su capacidad de coerción y violencia e interacción con el Estado. Finalmente, el documento profundiza en la respuesta del Estado frente a la criminalidad organizada y la resiliencia de la guerrilla a las políticas gubernamentales. 

La importancia de este informe consiste en introducir al lector a un actor clave del conflicto armado colombiano, no como un grupo criminal inconexo, sino como una organización compleja en su estructura y conformación ideológica, la cual requiere una estrategia negociadora específica; un enfoque indispensable si alguna vez se quiere lograr una paz duradera en Colombia. 

Nota Metodológica

Para la elaboración del presente informe se realizó una investigación basada en fuentes primarias y secundarias. Las primeras incluyen datos provenientes de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General de la Nación, de la Comisión de la Verdad y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; las segundas comprenden artículos de bases de datos científicas, tesis universitarias, artículos periodísticos e información difundida por el Ejército de Liberación Nacional, ubicada en su sitio oficial y en el Centro de Documentación de los Movimientos Armados. Asimismo, se destacan los informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Por último, es necesario mencionar que el presente informe se sitúa temporalmente en la Colombia de mediados del siglo XX y se extiende hasta la actualidad, integrando datos disponibles hasta 2026. 

I. Genealogía y Contexto

El Ejército de Liberación Nacional (en adelante, ELN) surgió en 1964 como una organización guerrillera de extrema izquierda, esto es, un grupo armado con fines políticos, en el departamento de Santander, al norte de Colombia. Si bien su origen inmediato se vincula con la Revolución Cubana, esta actuó más como un factor catalizador, en el marco de una serie de acontecimientos previos y concomitantes que se desarrollaban en la inestable Colombia de la época, caracterizada por un contexto de violencia y desilusión social.

Entre 1946 y 1958 se desarrolló en el país el período conocido como La Violencia, caracterizado por la persecución política y el uso irregular de la fuerza por parte del Estado. “En aquel momento, los conservadores apelaron a la violencia oficial y a la creación de fuerzas paramilitares en su esfuerzo por apuntalar una posición electoral erosionada y recuperar el terreno ganado por el Gaitanismo (…)” (Rodríguez, 2013, p. 3), cuyo líder fuera finalmente asesinado en 1948, dando lugar a un recrudecimiento de las protestas ciudadanas y a una respuesta estatal aún más contundente. “De los actos violentos contra liberales en los primeros años del conflicto (…) nace la razón de ser de las primeras guerrillas liberales, la defensa y la venganza partidista” (Chacón y Sánchez, 2003, p. 5). 

En 1956, con el objetivo de frenar la violencia que había alcanzado su punto máximo en ese año, se estableció un acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador mediante lo que se llamó la Declaración de Benidorm,  que en la práctica implicó la alternancia en el poder entre ambas fuerzas políticas y la exclusión de otras durante los siguientes dieciséis años, “(…) para que la lucha cívica se ejercite sin temor a golpes de estado o la intervención de factores extraños a ella (…)” (Gómez y Lleras, 1956, citado en Comisión de la Verdad, s.f, párr. 1), período que se conoció como Frente Nacional y que comenzó en 1958.

A la situación interna de por sí convulsionada, se le sumó el contexto internacional de la época, a saber: acentuación de la Guerra Fría, establecimiento de la Doctrina de Seguridad Nacional, una constante influencia de los Estados Unidos sobre la región y la Revolución Cubana. “Las condiciones sociales y políticas de América Latina, las que se podrían caracterizar como de marginalidad social, exclusión y represión política, representaban un terreno abonado para que el ejemplo de la Revolución Cubana generara un gran impacto en cada país” (Medina Gallego, 2010, pág. 179).

La Revolución Cubana de 1959 tuvo una influencia significativa en la región, al demostrar, por un lado, que era posible que el comunismo llegara al poder y, por otro, que aquello sólo podía lograrse mediante las armas; esta tensión ya se perfilaba años antes en la Declaración de Caracas de 1954, en el marco de la X Conferencia Panamericana, que habilitaba la intervención contra gobiernos considerados comunistas.

Los fundadores del ELN fueron jóvenes estudiantes que se formaron en técnicas guerrilleras en Cuba luego de la revolución, con el objetivo concreto de replicar dicho proceso en su país. Para ello, una vez en Colombia, convocaron a sectores susceptibles de identificarse con consignas de antiimperialismo, lucha contra la oligarquía y defensa de la soberanía y de la clase trabajadora, promoviendo así su incorporación a la guerrilla, bajo la concepción de “(…) la lucha armada como una guerra del pueblo para establecer un gobierno popular y democrático de liberación nacional” (Medina Gallego, 2010, p. 212).

En sus primeros años, la guerrilla se dedicó a incrementar sus filas, con resultados militares dispares y de la mano de la religión como aliado discursivo, producto del surgimiento de la Teología de la Liberación en Latinoamérica. Esta última fue a su vez resultante del Concilio Vaticano II, celebrado a mediados de los ’60 por la Iglesia Católica y que introduce la noción del Pueblo de Dios¹En el documento Lumen Gentium, se establece que “(…) el único Pueblo de Dios está presente en todas las razas de la tierra” (Cap. II, Inc. 13). y promueve la acción social en favor de los desfavorecidos²En el documento Gaudium et Spes, se establece que “Los cristianos que toman parte activa en el movimiento económico-social de nuestro tiempo y luchan por la justicia y caridad (…) pueden contribuir mucho al bienestar de la humanidad y a la paz del mundo. Individual y colectivamente den ejemplo en este campo (Cap. III, Inc. 72)., motivando así a algunos sacerdotes a adoptar un mayor activismo e incluso tomar las armas. Bajo el fundamento de liberación de la dominación extranjera y de las condiciones de marginación social “(…) el ELN terminó construyendo un pensamiento que combina las ideas revolucionarias con las de la teología de la liberación” (Cosoy, 2017, párr. 16), y que lo acompaña hasta la actualidad.

En 1973, la Operación Anorí comandada por el Ejército colombiano “(…) acabó con gran parte del grupo y debilitó su estructura de mando” (Insight Crime, 2026, párr. 8). No obstante, lo que en aquel momento parecía el principio del fin de la guerrilla terminó funcionando como un punto de inflexión para su reconfiguración organizativa y fortalecimiento posterior. Esta transformación se dio en tres ejes:

• Descentralización organizativa: la guerrilla decidió adoptar una “(…) estructura más difusa, con líderes de cada frente con amplia autonomía del Comando Central” (Mancuso et al., 2024, p. 108), contraria a la verticalidad precedente que había dado lugar a arbitrariedades y a una mayor vulnerabilidad frente a ataques del Gobierno, en un contexto de incomunicación y ausencia de un sistema de financiación consolidado, con base en actividades criminales.
• Expansión y politización: pasó de ser una guerrilla relegada al campo a convertirse en una de alcance nacional, una vez que se decidió por darle entidad y reconocimiento a las luchas de grupos sociales urbanos, planteando la conformación de “(…) movimientos de autodefensa como grupos político-militares que se constituyen en estructuras estables de organización dentro de las masas” (Medina Gallego, 2010, p. 517) y por hacer mayor hincapié en los aspectos políticos e ideológicos de la organización.
• Economía de guerra: se alcanzó una participación más activa en actividades delictivas y control efectivo del territorio. “El crecimiento numérico y la expansión territorial de los grupos armados irregulares serían inconcebibles sin su vinculación a esta actividad” (Trejos Rosero, 2008, p. 28).

En suma, la Operación Anorí obligó a la guerrilla a reorganizarse, en sus bases teóricas y militares, a desplazarse del norte de Santander donde había nacido, a otras regiones más alejadas donde poder recuperarse y ampliarse.

En la actualidad, el ELN forma parte de los actores que componen el conflicto armado en Colombia y que enfrentan a fuerzas irregulares y regulares, dejando un saldo de víctimas civiles que directa o indirectamente se ven perjudicadas por el enfrentamiento interno. Lo que en algún momento fue sólo una de varias guerrillas existentes, hoy es acusada de ser una organización delictiva transnacional.

II. Arquitectura Organizacional

II.I. Modelo de Gobernanza

El ELN se estructura bajo un modelo confederado, es decir, opera como una red de estructuras más pequeñas denominadas Frentes de Guerra, que gozan de una marcada autonomía operativa y se insertan en territorios con particularidades socioeconómicas y dinámicas locales propias. Si bien la organización posee en su cúspide una Dirección Nacional y un Comando Central (COCE) encargados de la articulación y la guía político-militar estratégica, los Frentes regionales³Frente Nororiental, Oriental, Norte, Suroccidental, Occidental, Central, Sur de Bolívar y Urbano Nacional. “(…) actúan con independencia operativa, mantienen autonomía financiera y militar” (Insight Crime, 2026, párr.19), bajo la conducción de mandos regionales.

Esta estructura confederada “(…) hace que los frentes regionales sigan respondiendo a diferentes motivaciones según los problemas de sus territorios y las diversas lógicas de sus dirigentes, que se reflejan en sus variadas relaciones con las comunidades” (González, 2021, p. 15) y esto a su vez, dificulta las negociaciones con el Gobierno Nacional, así como una estrategia colectiva de posicionamiento. No obstante, permite una mayor tolerancia a bajas humanas y diversificación de la financiación, que la mantiene operativa y la fortalece en algunas regiones. 

II.II. Liderazgo y Sucesión

De acuerdo con la Convención de Palermo (2000), un grupo delictivo organizado es aquel compuesto por “(…) tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (…) con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material” (Art. 2). Dentro de esta categoría, se puede distinguir entre organizaciones orientadas exclusivamente al rédito económico y aquellas que persiguen fines de gobernanza y control territorial. 

El ELN se instrumentaliza bajo esta segunda lógica. A diferencia de las redes criminales estrictamente pragmáticas y comerciales, este grupo cohesiona sus filas mediante una identidad histórica compartida y un discurso ideológico anclado en la marginalidad social, la pobreza y la violencia institucional (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2025, p. 55). Esta dimensión doctrinaria es un factor crítico: todas sus acciones de alto impacto (secuestros, extorsiones y atentados terroristas) son legitimadas interna y externamente bajo una narrativa política. Por ello, la organización ha requerido históricamente de liderazgos carismáticos capaces de mantener vigente dicha retórica tanto para sus adentros como para la sociedad civil. 

A diferencia de otros actores armados no estatales, la transición del poder en el ELN se ha caracterizado por la estabilidad institucional y mecanismos de sucesión consensuados, evitando fracturas internas violentas. Su evolución orgánica se constituye en cuatro liderazgos principales:

• Fabio Vásquez Castaño (1964-1973): Fundador y líder de corte netamente operativo. Su salida y posterior exilio en Cuba fueron el resultado directo del quiebre estratégico provocado por la Operación Anorí y los cuestionamientos a su conducción militar.
• Manuel Pérez Martínez, «El Cura Pérez» (1973-1998): Sacerdote español vinculado a la Teología de la Liberación. Su ascenso no obedeció a la antigüedad en combate, sino a la necesidad de restaurar una autoridad moral y política en una guerrilla que se había militarizado en exceso, distanciándose de sus bases sociales. Falleció por causas naturales.
• Nicolás Rodríguez Bautista, «Gabino» (1998-2021): Previo a asumir la comandancia general tras la muerte de Pérez, se consolidó como el jefe militar del grupo gracias a su extensa trayectoria en las filas militares. Renunció en 2021 alegando motivos de salud.
• Eliécer Chamorro Acosta, «Antonio García» (2021-presente): Sucedió a «Gabino» respetando estrictamente la línea jerárquica del Comando Central, donde ocupaba el cargo de segundo comandante, asegurando la continuidad de la línea político-militar de la organización.

En lo que respecta a su composición sociológica, el ELN está integrado predominantemente por jóvenes de zonas rurales, áreas donde el grupo concentra su control territorial. Se cree que tiene “(…) 6.300 integrantes aproximadamente, distribuidos entre combatientes y redes de apoyo o milicianos, de los cuales el 20% se encuentra en Venezuela” (Insight Crime, 2026, párr. 27).

La organización sostiene una estrategia de comunicación a través de su sitio web, donde difunde comunicados, declaraciones, noticias y material bibliográfico, en el que se exponen sus posicionamientos ideológicos. Si bien no es posible aseverar el modo en que el ELN contacta con interesados en unirse a las filas militares o a la militancia urbana de manera voluntaria, “(…) hasta la década de 1990 era un proceso muy rígido⁴“(…) até os anos 90 era um processo muito rígido”. Traducción propia.” (Pérez, 2012, p. 358). 

Aun así, la Defensoría del Pueblo (2023) le atribuye responsabilidad detrás de reclutamientos forzados a menores, de los cuales se desconoce el número exacto, lo cual obedece a tres factores: dispersión geográfica del fenómeno, subregistro derivado del temor de las familias a denunciar, y la imposibilidad metodológica de determinar qué porcentaje de fuerza combatiente actual fue incorporado originalmente durante su infancia (párr. 3). Desde una perspectiva analítica, esta práctica no solo perseguiría fines tácticos de incrementar las filas, sino de modelar y naturalizar lógicas de violencia en las poblaciones locales desde la infancia, asegurando el control social de los territorios en disputa. 

III. Economía Criminal

III.I. Cadena de Valor 

A diferencia de las FARC, el ELN históricamente ha rechazado vincular su identidad con el narcotráfico, reconociendo únicamente el cobro de «gramaje» (impuestos a los cultivadores) como una forma de tributación en sus zonas de control. Muy por el contrario, ha acusado en numerosas ocasiones a la oligarquía de relacionarse con el narco y de intentar desprestigiar a la guerrilla. En palabras del actual máximo líder del ELN, “(…) esta embestida se dirige a desangrar las apuestas de soberanía y transformación social y política en nuestra región” (García, 2025, párr. 10). 

No obstante, en los últimos años se han acrecentado las acusaciones contra la organización. Ya en 2016, una operación tripartita a cargo de la DDA⁵Dirección de Investigación Antimafia (Italia), la DEA⁶Administración para el Control de Drogas (Estados Unidos) y la Policía Colombiana logró la confiscación de toneladas de cocaína con destino a ser comercializadas en Europa y alertó sobre vínculos entre el ELN y la mafia italiana (El Universal, 2016, párr. 2). Esta supuesta transnacionalización de sus actividades delictivas llevó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a solicitar y ejecutar la extradición de varios elenos.⁷Denominación con que se refiere a los miembros del ELN, acusados de distribución internacional de cocaína (Drug Enforcement Administration [DEA], 2021, párr. 2). Desde la perspectiva de Washington, el ELN —catalogado como Organización Terrorista Extranjera desde 1997— supone una de las organizaciones criminales transnacionales más graves.  

En 2015, el Ejército Colombiano encontró un laboratorio de cocaína a gran escala, que adjudicó a la organización “(…) con un valor estimado superior a US$3,2 millones, más US$1,9 millones en precursores de drogas⁸Sustancias químicas para su elaboración” (Yagoub, 2015, párr. 3). En 2025 las autoridades incautaron alrededor de 600 kilos de cocaína (Niño, 2025, párr. 9) y en 2026 se desbarató otro laboratorio de procesamiento (Diario Semana, 2026, párr. 1). 

Informes de inteligencia militar indican que las modalidades logísticas de la organización han mutado de forma acelerada, detectándose operaciones que incluyen “(…) laboratorios de cocaína en una isla de Brasil y actividades en Venezuela” (Pardo, 2026, párr. 4). La inserción del ELN en esta economía ilícita no respondería únicamente a una necesidad financiera y en cambio le “(…) ha significado en zonas del país ganar el apoyo de la población y de los pequeños cultivadores (…) en una actividad perseguida por el Estado” (Vélez, 2001, p. 180). 

III.II. Diversificación

En sus primeros años, el ELN se financió y equipó sus filas mediante atracos eventuales y robo de armamento a la policía. Sin embargo, la llegada de multinacionales petroleras en las décadas de los ’80 y ’90 a la Región de Orinoquía⁹Región que limita al norte y este con Venezuela., se convirtió rápidamente en objeto de interés de la guerrilla: con el argumento de defensa de los recursos naturales nacionales, cometieron secuestros y extorsiones que ayudaron a fortalecerlo militar y económicamente. 

Esta lógica se replicó y adaptó en otras geografías del país; cada Frente de Guerra se adecuó a los recursos disponibles en sus respectivos territorios. “La estructura descentralizada del grupo permitió que adoptara un modelo de ingresos adaptado a las oportunidades delictivas en cada uno de los estados en que operaba, incluido cobrar [impuestos de guerra] en la producción de cocaína y marihuana” (Robbins, 2019, citado en Ellis, 2021, p. 25).

Con los recursos obtenidos de las actividades económicas reguladas y controladas, el ELN tiene una amplia capacidad tributaria sobre actividades legales (comercio, ganadería, etc.), semilegales (moto taxismo) e ilegales (control de pasos fronterizos, minería, contrabando víveres y gasolina, etc.) a lado y lado de la frontera. (Amaya y Larratt-Smith, 2021, p. 27)

Las extorsiones a comerciantes y a transportadores de carga serían comunes por parte del ELN, pero denominadas por ellos mismos como “impuestos a las actividades”, a cambio de protección. Lo cierto es que la negativa a colaborar, redundaría en secuestro y/o asesinato. Otras acusaciones realizadas por la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo sobre sus formas de financiamiento incluyen la comisión de desplazamientos forzados a pobladores para hacerse con terrenos, robo de hidrocarburos, tráfico de armas y de ganado, minería ilegal y lavado de activos.

III.III. Blanqueo de capitales

El lavado de activos se define como el proceso mediante el cual se introducen recursos de origen ilícito en el circuito económico formal, transformándolos en bienes de apariencia legal (como la adquisición de bienes raíces, empresas fachada o, más recientemente la compra de criptoactivos). 

De acuerdo con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL, s.f) “la lucha contra el blanqueo de capitales está inextricablemente ligada a las investigaciones sobre los delitos conexos” (párr. 1), lo cual implica que aunque supone un delito en sí mismo, se realiza para encubrir las ganancias de otros delitos complejos que dejan cuantiosos beneficios, tales como el narcotráfico, la trata de personas y los delitos ambientales. Por esta razón se puede afirmar que el blanqueo de capitales es el indicador más claro de la madurez financiera de un grupo armado: cuando las rentas de la extorsión y el narcotráfico superan la capacidad de gasto operativo militar de la guerrilla, la organización se ve obligada a desarrollar mecanismos sofisticados de ocultamiento para reinyectar ese capital sin levantar sospechas. La escala que ha alcanzado el ELN en este eslabón habría quedado en evidencia en 2025, tras una macrooperación judicial donde se acusó a la organización de lavar activos por más de 885.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 200 millones de dólares). El operativo incluyó la intervención de “libros de contabilidad de múltiples empresas” (Fiscalía General de la Nación, 2025, párr. 3). 

IV. Capital Social y Territorial

IV.I. Control Territorial

Si bien los Frentes del ELN comprenden distintas regiones de Colombia, concentran su presencia en zonas aisladas y fronterizas, desde donde pueden realizar sus operaciones sin un enfrentamiento directo con el Ejército y la Policía Nacional, aprovechando la geografía, la ausencia de un Estado presente en el territorio y las rutas poco custodiadas.

La desmovilización de las FARC, a partir de 2016, provocó un avance del ELN en zonas que antes estaban ocupadas, pero varias fuentes oficiales aseguran que “(…) rápidamente llegó a un límite por disputas y falta de mandos” (Jiménez y Cabezas, 2020, p. 24), y es que la desarticulación o descabezamiento de un grupo criminal no siempre lleva a una mayor paz social, y en cambio puede empeorar la situación al dar paso a una lucha entre los grupos restantes y los mandos medios del grupo sobreviviente. Esta expansión truncada dio paso a un escenario de fragmentación donde el ELN se ve obligado a cohabitar y competir con otros actores armados ilegales por el control de las economías ilícitas. “Cauca, Norte de Santander y Nariño componen los territorios de mayor disputa entre grupos armados residuales y ELN” (Jiménez y Cabezas, 2020, p. 31). En medio de estos enfrentamientos la población civil sufre las peores consecuencias, donde cualquier interacción obligada con un actor armado o con la fuerza pública los expone a ser sospechados de pertenecer al bando contrario. 

Para consolidar su presencia en los territorios, el ELN recurre a estrategias de violencia de baja intensidad pero de alta regularidad. Aunque sus actos terroristas contra las fuerzas oficiales rara vez tienen dimensiones a gran escala, su constante repetición busca minar la legitimidad estatal, demostrar la obligación de obediencia en las comunidades locales, así como enviar un mensaje político sobre su vigencia y capacidad de daño operacional. Esta lógica explica por qué el grupo se encarga de dar a conocer en detalle y de forma pública las bajas que produce en cada enfrentamiento. En el plano comunitario, otra “(…) medida de permanencia del ELN en zonas de su tradicional incidencia han sido los llamados paros armados, en los que muestran capacidad de atemorizar en varios municipios” (INDEPAZ, 2018, p. 70), paralizando la economía local. 

Finalmente, su presencia en Venezuela respondería a “(…) no solo usar el país como una zona de retaguardia, sino de involucrarse cada vez más en la extorsión y el control de la minería ilegal de oro, coltán y diamantes, y otros negocios ilícitos (…)” (Ellis, 2021, p. 27), a la vez que le facilitaría el contrabando por fronteras no custodiadas desde o hacia Venezuela. 

IV.II. Vínculos Socio-comunitarios

En las regiones donde ejerce una hegemonía histórica, el ELN actúa como mediador en conflictos comunitarios e intermediario informal entre las demandas locales y el Estado central, logrando capitalizar un apoyo social genuino. No obstante, también infunde temor entre quienes se niegan a ceder parte de sus ganancias o se pronuncian por violaciones de derechos humanos. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, el ELN “mantiene una franja de influencia y simpatía en sus áreas de presencia militar tradicional y en cambio aparece como fuerza de ocupación o de intimidación en áreas de incursión reciente” (Jiménez y Cabezas, 2020, p. 8), en donde se suceden enfrentamientos.

Por su parte, a diferencia de otras organizaciones criminales contemporáneas que instrumentalizan el fervor religioso local para asegurar la cohesión comunitaria, el ELN se define actualmente como una organización laica. Si bien el grupo posee un origen histórico profundamente ligado a la fe, la Teología de la Liberación en la que se inspiraron sus fundadores respondió a un marco histórico y espacial concreto del siglo pasado que no halló continuidad teórica en el tiempo. En cambio, la actual Doctrina Social de la Iglesia, está lejos de la lógica combativa del siglo pasado y por tanto de ser utilizada como un elemento discursivo. Puede sostenerse que la religión no es el ingrediente irrenunciable de la organización: la ideología marxista lo es. Dicha ideología encierra valores desde el principio exigidos a quienes conforman las filas, como lo es la lealtad y la idea de sacrificarse por el prójimo, en este caso el pueblo. Los sacerdotes que en los ‘60 y ‘70 tomaron las armas, lo hicieron bajo una convicción y murieron sosteniéndola; el lema histórico de los elenos “Libertad o Muerte”, de literalidad absoluta, implica morir luchando por la “libertad de los pueblos” y en ese marco heroico, legitimar el sacrificio como valor supremo de la organización.

Una vez que un individuo se integra a las filas, se produce una ruptura simbólica con su vida civil: su nombre de pila es suprimido y reemplazado por un alias de guerra. Es significativo que, incluso en aquellos comandantes cuya identidad real es de dominio público, el uso del alias prevalezca de manera interna y externa. Este fenómeno denotaría un proceso de despersonalización consciente y abandono de la individualidad en favor de la adopción de una nueva identidad colectiva, abocada a la causa armada a la que se ha suscrito. 

V. Capacidad de Coerción y Violencia

V.I. Aparato Militar

El aparato militar del ELN no está diseñado para sostener una guerra convencional con las Fuerzas Militares de Colombia. Por el contrario, su estrategia operacional parece fundamentarse en la guerra asimétrica, el desgaste logístico y el sabotaje de infraestructura. En sus inicios, la guerrilla pensaba que llegaría al poder por las armas, pero el triunfo del sistema capitalista, la disminución de sus filas mediante deserciones y su casi desaparición en 1973, le hicieron notar rápidamente que aquello no funcionaría.

Para suplir su inferioridad numérica y tecnológica frente al Estado, la organización recurre a la detonación de explosivos en cuarteles o colegios de policías, de baja intensidad pero recurrentes, así como a ataques meticulosamente planificados, con nulas o escasas bajas de elenos, en relación a la de efectivos policiales y militares. Un ejemplo de ello es que recientemente la Fiscalía General de la Nación (2026) dio a conocer que el ELN habría recibido por parte de un distribuidor instrucción en la utilización de drones, que además estarían diseñados para transportar y arrojar explosivos (párr. 2-3), sin exponerse ellos al riesgo de ser descubiertos.

La capacidad de resistencia del ELN puede explicarse por el conocimiento exhaustivo del terreno, los recursos humanos entrenados y la construcción de búnkeres subterráneos, que el Estado le ha adjudicado tener. Estos últimos no sólo funcionarían como depósitos de almacenamiento para material bélico, sino también como refugios para los propios elenos.

V.II. Gestión de la Violencia

La violencia ejercida por el ELN no es anárquica ni indiscriminada; responde a una estrategia calculada de control social e intimidación política. El grupo despliega violencia directa mediante el secuestro extorsivo, el asesinato selectivo y el reclutamiento forzado de menores, instrumentalizando la vulnerabilidad económica de las familias rurales o recurriendo a la coacción armada directa. De acuerdo con Human Rights Watch (2019) “en ocasiones, los niños y niñas son forzados a sumarse a un grupo armado después de que miembros del grupo amenazan con matarlos a ellos o a sus familias. En otras ocasiones, lo hacen por promesas de dinero” (párr. 10). Estas acciones generan dinámicas de confinamiento y desplazamiento forzado masivo de comunidades atrapadas en la confrontación multilateral entre la guerrilla, las fuerzas de seguridad estatales y otros actores. 

Para mitigar el costo político de estas acciones, el ELN a través de sus canales oficiales, desmiente sistemáticamente los ataques directos contra la población civil, atribuyéndolos a decisiones individuales que deben ser castigadas al interior de la organización: “Si ha habido faltas o contravenciones de miembros del ELN a los principios del DIH, estas se deben a errores personales, (…) pero nunca han ocurrido o irán a ocurrir, porque la política oficial del ELN sea contraria al DIH” (Comando Central, 2009, párr. 19). Un ejemplo de esta narrativa es posible encontrarla en los paros armados organizados por el ELN. Previo a su inicio, la organización lanza comunicados sobre los días y horarios en los que tendrá lugar, el propósito de dichos paros y su lugar de ejecución, para que quienes no responden al “enemigo” se abstengan de salir a las calles, trasladando la responsabilidad a las personas que deciden o no pueden acatar la orden de confinamiento. 

No obstante, no es sencillo dar con estadísticas oficiales sobre homicidios específicamente perpetrados por el ELN, al existir otras organizaciones criminales operando en los mismos territorios, y al ser parte de las muertes de civiles producto de enfrentamientos entre paramilitares, organizaciones armadas, Ejército y fuerzas de seguridad. Lo que sí es posible encontrar son acciones registradas por la Fiscalía General de la Nación y Defensoría del Pueblo o auto-adjudicadas por alguno de los Frentes, mediante los denominados “Partes de Guerra” y Comunicados. 

Finalmente, la naturaleza de sus atentados refleja un cálculo estratégico particular. A pesar de contar —si tomamos como base los hallazgos de la Fiscalía descritos precedentemente sobre el blanqueo de capitales (2025, párr. 3)—  con la robustez financiera para ejecutar atentados a gran escala contra objetivos civiles, la organización privilegia el hostigamiento contra la fuerza pública. Esta estrategia probablemente responde al propósito de evitar dar razones para la pérdida de apoyo internacional a la resolución del conflicto por vía pacífica.

VI. Interacción con el Estado

VI.I. Corrupción

Las organizaciones criminales requieren para operar la comisión de actos de corrupción por parte de empleados y funcionarios del Estado, a la vez que características propias del entorno que faciliten estas infiltraciones. Las grandes extensiones de territorio de difícil acceso, la baja presencia policial en ciertas localidades y la larga historia de conflictos armados con diversos actores por fuera de la legalidad actuando en paralelo en Colombia contribuyen a abonar el terreno para actos de corrupción.

Sin embargo, es importante diferenciar entre dos niveles de corrupción: el soborno y la captura del Estado. Mientras que el soborno consiste en comprar impunidad y protección, la captura del Estado implica que un grupo criminal tiene el poder de influir sobre las estructuras gubernamentales. El accionar del ELN se restringiría, de acuerdo con los datos disponibles, al soborno a nivel local, siendo su objetivo neutralizar a las autoridades locales para asegurar la protección de sus finanzas y la movilidad de sus frentes. 

VI.II. Relación con Fuerzas de Seguridad

La relación del ELN con el Ejército y la Policía Nacional ha estado históricamente marcada por una constante tensión y confrontación. La organización ha acusado desde sus inicios a los distintos Gobiernos y a sus fuerzas oficiales de intentar exterminar sus filas y de adjudicarle crímenes cometidos por paramilitares.

A diferencia de sus acciones contra la población civil, las cuales suelen negar o matizar, el ELN no titubea en adjudicarse los ataques directos contra el aparato policial y militar del Estado a través de sus «partes de guerra» y comunicados oficiales. En 2019, ocasionó la muerte de 22 personas al provocar una explosión de gran magnitud “(…) en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Santander, el centro más importante del país para la formación de personal de la policía” (Jiménez y Cabezas, 2020, p. 11). 

El ELN no tiene inconveniente en arrogarse los crímenes cometidos contra el aparato del Estado y los paramilitares. Muchos de estos enfrentamientos incluso se han dado en el marco de negociaciones con el Gobierno, toda vez que, mientras que los Gobiernos que se han sucedido han intentado convencer al ELN de frenar cualquier actividad criminal, incluyendo los secuestros como muestra de buena voluntad para negociar, la organización ha exigido avances políticos y sociales como paso previo al alto al fuego.

VII. Respuesta del Estado y Resiliencia

VII.I Impacto de las Políticas

Desde la década de los noventa, coincidiendo con la crisis ideológica global tras la caída de la Unión Soviética, los sucesivos gobiernos colombianos han intentado avanzar en procesos de negociación con el ELN sin alcanzar un acuerdo definitivo. Este fracaso sistemático no responde a una negativa absoluta de la guerrilla a dialogar, sino a una incompatibilidad estructural entre las condiciones exigidas por el Estado y la doctrina política de la organización. 

En primer lugar, el ELN rechaza el modelo tradicional de desmovilización a cambio de beneficios jurídicos individuales, puesto que lo interpreta como un desmantelamiento táctico inviable. Desde la perspectiva de la guerrilla, el desarme implicaría quedar vulnerables ante la Fuerza Pública y ceder sus territorios históricos a otras organizaciones criminales en expansión. En su lugar, el grupo exige un modelo de negociación que aborde reformas estructurales y que involucre de forma vinculante a la sociedad civil. “Asume un discurso nacionalista como defensor de una riqueza natural no renovable, que siendo de todos los colombianos, es sin embargo, saqueada por empresas transnacionales e imperialistas” (Ospina Pineda, 2014, p. 213).

Para negociar con el ELN, no se le puede reducir a una organización que comete actos terroristas, como así tampoco se puede recurrir directamente a eliminarlo mediante las armas, porque el saldo de muertes de inocentes podría ser muy alto. La organización busca que el Gobierno con quien negocie reconozca que hay un conflicto en Colombia a resolver y que permita participar en esa resolución a la sociedad (Comando Central, 2005, párr. 4-5).

El ELN no percibe la negociación como un entendimiento con el Gobierno de turno, y en cambio como una puesta a disposición para intentar resolver cuestiones que entiende como prioritarias. En un comunicado del ya fallecido líder, se menciona respecto a los gobiernos “(…) Cuando hemos dialogado con algunos de ellos, no es porque los consideremos demócratas, cercanos, ni coincidentes, (…) los hemos visto como lo que son, enemigos de los intereses y bienestar del pueblo” (Sistema Informativo Patria Libre, 2007, párr. 14).

Políticas de mano dura como el Plan Colombia y Plan Patriota, de la mano de la narrativa de lucha contra el terrorismo y las Nuevas Guerras, ocasionaron en Colombia miles de desplazados y dificultaron las negociaciones. De acuerdo con el Alto Comisionado para la Paz, durante el gobierno de Juan Manuel Santos “(…) en los 17 meses de conversaciones, el ELN fue responsable de 462 actividades criminales, 100 víctimas fatales, 48 atentados a infraestructura petrolera y 16 secuestros” (El País, 2018, citado en Jiménez y Cabezas, 2020, p. 12). Este escenario derivó en que bajo la presidencia de Iván Duque se condicionara cualquier diálogo al cese unilateral de hostilidades.

Finalmente, la llegada de Gustavo Petro a la presidencia supuso un nuevo viraje estratégico al otorgar “(…) estatus político al ELN como organización armada rebelde” (DW, 2023, párr. 1). No obstante, a pesar de la instalación de una Mesa de Diálogos, el proceso sufrió un congelamiento luego de acusaciones cruzadas  de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

VII.II. Capacidad de Adaptación

La estructura confederada hace que al momento de las capturas, la información que se arranque por las autoridades sea parcial. Además, el uso de alias y el ocultamiento de la identidad por medio de capuchas y pañuelos en la cara les evita ser identificados. Hasta el momento, la estrategia de descentralización ha funcionado y permitido que la organización luego de sesenta años de existencia siga en pie. No obstante, no hay que confundir ocupación con dominio territorial. El hecho de que el ELN se haya expandido por Colombia no significa que tenga poder militar en todos los municipios, y esa aceptación de sus limitaciones es lo que le ha permitido sobrevivir. Al no enfrentarse directamente contra la Policía y el Ejército, se resguarda y planea el siguiente ataque. 

Es de destacar que pese a que en numerosas ocasiones la justicia ha logrado capturar y condenar a elenos, estas detenciones no han provocado que se desarticule al Frente. Lo cierto es que en sus inicios, varios ataques hacia la guerrilla fueron provocados por delatores o desertores. 

Sumado a lo anterior, el ELN ha sabido sacarle provecho a la frontera con Venezuela: los miembros del COCE y un porcentaje considerable de elenos se resguardarían allí, desde donde se coordinaría la estrategia política y militar. Asimismo, el control de estos pasos fronterizos no sólo les permite diversificar sus fuentes de financiación mediante el contrabando de mercancías, sino expandir de forma gradual su dominio e influencia social sobre territorio venezolano, consolidando su naturaleza como una organización transnacional. 

Conclusiones

El presente informe ha examinado las distintas etapas de una organización que nació hace más de sesenta años con un marcado propósito político e ideológico, pero que ha subsistido lo suficiente como para experimentar una hibridación con actividades criminales. Si bien se trata de un actor armado que ha demostrado una notable capacidad de aprendizaje frente a sus errores militares del pasado, su incapacidad histórica para concretar un acuerdo de paz con los sucesivos gobiernos genera dudas sobre su voluntad de abandonar las armas de forma definitiva.

Lo cierto es que, para el ELN, el aparato militar constituye su única garantía de supervivencia frente al Estado y sus rivales del entorno criminal, mientras que la mesa de negociación es interpretada como una plataforma para imponer reformas estructurales con participación social. Ante este escenario, resulta prudente indicar que cualquier estrategia gubernamental orientada a forzar un desarme rápido y unilateral está destinada al fracaso.

Asimismo, de cara a escenarios futuros, el Estado y la comunidad internacional deben anticipar que, incluso ante una negociación seria que logre consolidar un alto al fuego bilateral, la estructura federada del grupo eleva sustancialmente el riesgo de que algún frente regional actúe como una facción disidente y decida continuar con las actividades ilícitas. Frente a esto, la recomendación no debe ser la suspensión automática de los diálogos ni la emisión de declaraciones oficiales que desgasten la confianza mutua. Por el contrario, se hace imperativo blindar la mesa principal, aislar políticamente a los sectores disidentes y diseñar mecanismos de verificación robustos que permitan procesar estos incidentes sin alterar la construcción de paz.

• 1
  En el documento Lumen Gentium, se establece que “(…) el único Pueblo de Dios está presente en todas las razas de la tierra” (Cap. II, Inc. 13). ↩︎
• 2
  En el documento Gaudium et Spes, se establece que “Los cristianos que toman parte activa en el movimiento económico-social de nuestro tiempo y luchan por la justicia y caridad (…) pueden contribuir mucho al bienestar de la humanidad y a la paz del mundo. Individual y colectivamente den ejemplo en este campo (Cap. III, Inc. 72). ↩︎
• 3
  Frente Nororiental, Oriental, Norte, Suroccidental, Occidental, Central, Sur de Bolívar y Urbano Nacional. ↩︎
• 4
  “(…) até os anos 90 era um processo muito rígido”. Traducción propia. ↩︎
• 5
  Dirección de Investigación Antimafia (Italia) ↩︎
• 6
  Administración para el Control de Drogas (Estados Unidos) ↩︎
• 7
  Denominación con que se refiere a los miembros del ELN ↩︎
• 8
  Sustancias químicas para su elaboración ↩︎
• 9
  Región que limita al norte y este con Venezuela. ↩︎