Resumen: Este informe analiza al Clan del Golfo como una de las principales expresiones del crimen organizado contemporáneo en Colombia y sostiene que su permanencia no puede explicarse únicamente por el narcotráfico o la violencia armada, sino por su funcionamiento como una estructura de gobernanza criminal. Desde un enfoque cualitativo basado en el análisis documental, el estudio interpreta fuentes secundarias mediante una revisión temática y el contraste sistemático de la información recopilada para identificar patrones en su organización, financiación, control territorial, coerción, relación con el Estado y capacidad de adaptación. Los resultados muestran que el Clan del Golfo articula economías ilegales diversificadas, presencia armada, redes de apoyo, regulación social, corrupción y aprovechamiento de debilidades institucionales para consolidar el control territorial y formas de autoridad informal. Asimismo, evidencian una arquitectura organizacional flexible que le permite absorber golpes operativos, recomponer liderazgos y sostener su expansión. En consecuencia, se concluye que las respuestas centradas exclusivamente en la neutralización de mandos resultan insuficientes si no modifican las condiciones territoriales, económicas e institucionales que favorecen la reproducción de la gobernanza criminal.
Introducción
El Clan del Golfo representa una de las principales expresiones del crimen organizado contemporáneo en Colombia. Su relevancia no solo se explica por su participación en economías ilegales, sino también por la manera en que combina presencia armada, regulación de actividades locales, construcción de redes de apoyo y ejercicio de autoridad informal en distintos territorios del país. En ese sentido, comprender su funcionamiento requiere ir más allá de una lectura centrada exclusivamente en el narcotráfico o en la violencia armada.
Este informe analiza al Clan del Golfo como una estructura de gobernanza criminal. Para ello, examina la articulación entre su organización interna, sus fuentes de financiación, los mecanismos de coerción, la inserción comunitaria, las relaciones con entornos institucionales frágiles y los procesos de adaptación frente a la presión estatal. A partir de estos ejes, se busca explicar por qué la organización ha logrado mantenerse como uno de los principales grupos armados del país, incluso después de capturas, extradiciones y disputas internas.
Bajo este enfoque, la importancia del análisis radica en que el Clan del Golfo ilustra cómo una organización criminal puede consolidarse como una forma de poder local. Su trayectoria muestra que estas estructuras no sólo disputan rentas ilegales, sino que también regulan dinámicas sociales y económicas, imponen obediencia y aprovechan las debilidades institucionales para afianzar su presencia territorial. Analizar este caso permite comprender los límites de las respuestas centradas exclusivamente en la persecución penal o militar y, al mismo tiempo, identificar las condiciones que favorecen la reproducción de la gobernanza criminal en Colombia.
Nota metodológica
Este informe se desarrolla desde un enfoque cualitativo basado en el análisis documental. Su objetivo es interpretar el funcionamiento del Clan del Golfo como una estructura de gobernanza criminal a partir de fuentes secundarias especializadas. Para ello, se revisaron investigaciones académicas, informes de centros de pensamiento, documentos de organizaciones internacionales, perfiles sobre crimen organizado, reportes institucionales y fuentes oficiales relacionadas con la trayectoria, organización, financiación, presencia territorial y formas de actuación de las AGC.
La información recopilada se organizó en torno a siete ejes analíticos: origen y evolución del grupo, arquitectura organizacional, economías criminales, control territorial y vínculos comunitarios, capacidad de coerción, interacción con el Estado y resiliencia frente a la presión institucional. Esta organización facilitó comparar distintas fuentes, identificar patrones comunes y contrastar información sobre integrantes, presencia municipal, estructura interna, repertorios de violencia y mecanismos de financiación.
Para fortalecer la consistencia del análisis, se recurrió a la triangulación documental, entendida como la comparación sistemática entre fuentes académicas, institucionales y especializadas para reducir sesgos y evitar depender de una única interpretación. Cuando existían diferencias en las cifras o caracterizaciones, se priorizaron los informes más recientes y las fuentes con mayor especialización en el seguimiento del conflicto armado, el crimen organizado y las economías ilegales en Colombia. En consecuencia, las cifras presentadas deben entenderse como estimaciones situadas en el tiempo y no como datos definitivos o exhaustivos.
Aun así, el estudio presenta algunas limitaciones. Al basarse en fuentes secundarias, no incorpora trabajo de campo, entrevistas ni acceso a información judicial reservada. La naturaleza clandestina y flexible del Clan del Golfo dificulta obtener cifras plenamente verificables sobre integrantes, rentas, presencia territorial y victimización. A ello se suman el subregistro de hechos violentos, las diferencias metodológicas entre bases de datos y los problemas de atribución derivados del funcionamiento en red del grupo. En este contexto, el informe prioriza el análisis de patrones y mecanismos sobre la construcción de cifras totales.
1. Genealogía y contexto: origen, condiciones socio-históricas y evolución generacional
El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), surgió en el contexto de violencia posterior a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)1Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) constituyeron el mayor ejército paramilitar del país desde la década de 1990 hasta su desmovilización durante el proceso de paz desarrollado en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (Badillo & Trejos, 2022).. Aunque conserva vínculos históricos con el paramilitarismo, no puede entenderse como una simple continuidad de esas estructuras. La persistencia de redes armadas, económicas y territoriales tras la desmovilización favoreció la aparición de nuevas expresiones de violencia organizada, entre ellas el Clan del Golfo, que incorporó cambios significativos en su organización, objetivos y formas de actuación (Badillo & Trejos, 2022).
Su surgimiento también estuvo relacionado con las debilidades estructurales del Estado colombiano en amplias regiones del país. Hernández, Ripoll y García señalan que estos fenómenos emergen en escenarios donde “se evidencia debilidad para ejercer el monopolio legítimo del uso de la fuerza” (Hernández et al., 2018, p. 514). A esta fragilidad institucional se suman factores como la “corrupción institucional y complicidad con redes mafiosas o la tolerancia de grupos armados irregulares por las autoridades militares y policiales locales” (Hernández et al., 2018, p. 519). En estas circunstancias, la persistencia de economías ilegales permitió que algunas rentas, redes y prácticas heredadas del paramilitarismo fueran reconfiguradas por nuevas estructuras criminales.
Sobre esta base, el Clan del Golfo se consolidó a partir de un núcleo de liderazgo con experiencia paramilitar y fuertes vínculos regionales. Según InSight Crime, “sus orígenes se pueden rastrear al conocido caudillo paramilitar Vicente Castaño, quien en 2006 se separó del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y rearmó una unidad paramilitar” (InSight Crime, 2025). Posteriormente, figuras como Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, y los hermanos Úsuga consolidaron una estructura basada en experiencia armada, redes locales y presencia en regiones estratégicas del país.
Comprender la evolución del Clan exige, sin embargo, ir más allá de su origen paramilitar y atender a su naturaleza actual. Diversos autores han propuesto entender a las AGC como un “grupo armado politizado”, es decir, una organización que “nació sin una clara orientación política, pero que con el tiempo ha venido a justificar su existencia como una respuesta al sistema político” (Badillo & Mijares, 2021, como se cita en Badillo & Trejos, 2023, p. 329). Esta categoría permite explicar cómo el grupo combina actividades criminales con un discurso político orientado a producir cohesión interna, justificar su presencia territorial y proyectar una imagen de legitimidad ante las comunidades donde ejerce influencia.
Este proceso de politización se hizo más evidente con la modificación de sus estatutos en 2013, cuando las AGC buscaron diferenciarse explícitamente de las AUC. En lugar de mantener un discurso centrado en la lucha contrainsurgente, el grupo redefinió su identidad y presentó su accionar en términos políticos y sociales. En ellos, la organización se describe como “un ejército que lucha por la reivindicación social y la dignidad de nuestro pueblo”, y justifica la continuidad de su accionar armado afirmando que:
El incumplimiento del gobierno con las garantías jurídicas a los desmovilizados, la falta de políticas claras, el aumento de los problemas sociales generadores del conflicto, la persecución y el exterminio al que nos vimos sometidos cuando todavía nos encontrábamos cumpliendo con nuestro proceso de paz, nos llevaron a tomar esta dura decisión. (AGC, 2013, como se cita en Badillo & Trejos, 2023, p. 335)
Esta redefinición permite precisar por qué el Clan del Golfo no encaja plenamente las categorías tradicionales de autodefensa2Las autodefensas son entendidas como grupos armados que presentan tres características principales: “1) un carácter defensivo, 2) localizadas y 3) con integrantes que tienen vocaciones distintas a la militar” (Ljodal, 2002, como se cita en Badillo & Trejos, 2023, p. 331). Estos grupos suelen tener el objetivo de proteger bienes o garantizar la seguridad frente a otros actores armados, en contextos donde el Estado es percibido como incapaz de brindar dicha protección (Badillo & Trejos, 2023). y paramilitarismo3Según Kalyvas y Arjona (2008), los grupos paramilitares son aquellos que “están relacionados directa o indirectamente con el Estado y sus agentes locales; conformados por el Estado o tolerados por este, pero que se encuentran por fuera de su estructura formal” (como se cita en Badillo & Trejos, 2023, p. 332).. Aunque durante un tiempo se autodenominó de esta manera, sus acciones no responden a una lógica defensiva. Badillo y Trejos (2023) señalan que la organización desarrolla “acciones militares ofensivas tanto contra el Estado colombiano como contra otros competidores armados” (p. 331).
2. Arquitectura organizacional: gobernanza, liderazgo y mecanismos de sucesión
La estructura del Clan del Golfo combina una dirección estratégica centralizada con formas de operación flexibles que le permiten adaptarse en distintos territorios sin depender de una estructura militar estrictamente vertical. Su funcionamiento articula mandos nacionales, redes regionales, alianzas locales y mecanismos de tercerización criminal, una configuración que favorece su adaptación y su resistencia frente a la presión estatal. González Perafán (2026) afirma que el grupo “funciona a través de estructuras pequeñas y fragmentadas, apoyadas en redes locales y grupos armados tercerizados” (p. 2). De manera complementaria, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo describe como una expresión de “hibridez criminal”, por su habilidad para establecer “alianzas o pactos con otros grupos armados, la creación de franquicias4En este contexto, el término “franquicia” no implica una estructura empresarial formal, sino una relación flexible con la cual bandas locales o estructuras armadas menores operan bajo el nombre, autorización o influencia del Clan del Golfo, a cambio de protección, acceso a rentas ilícitas o integración en redes criminales más amplias (Dammert & Sampó, 2025; InSight Crime, 2025). , la subcontratación de estructuras criminales locales y la externalización de servicios” (Dammert & Sampó, 2025, p. 21). Más que depender de una cadena de mando única y uniforme, la estructura se sostiene sobre una red adaptable que le permite operar simultáneamente en múltiples regiones.
Sin embargo, esa flexibilidad no equivale a la ausencia de jerarquía. Desde 2016, el Estado colombiano clasifica al Clan del Golfo como un Grupo Armado Organizado (GAO) debido a su estructura jerárquica, su capacidad de incidencia territorial y la posibilidad de desarrollar operaciones militares sostenidas y coordinadas (Dammert & Sampó, 2025). Esta clasificación demuestra que la descentralización operativa funciona dentro de una conducción nacional capaz de asignar funciones, coordinar recursos y definir prioridades estratégicas.
La magnitud de esta estructura se refleja en el número de sus integrantes. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el EGC concentra cerca del 36 % del total de integrantes de grupos armados en el país y cuenta con aproximadamente 9.840 miembros, distribuidos entre 3.328 integrantes armados y 6.512 personas vinculadas a redes de apoyo (Arias et al., 2026). Esta dimensión responde, en parte, a su capacidad para incorporar perfiles estratégicos, incluidos antiguos mandos de organizaciones insurgentes y ex miembros de la Fuerza Pública, así como a una estrategia de reclutamiento basada en el pago de salarios y apoyos económicos a las familias de sus integrantes. La FIP estima que la organización destina cerca de 1,5 millones de dólares mensuales al pago de estas nóminas, lo que evidencia la existencia de un aparato financiero sólido y estable para sostener su funcionamiento (Arias et al., 2026). En conjunto, estos elementos muestran que su fortaleza no descansa únicamente en su componente armado, sino también en una extensa red de apoyo, reclutamiento y financiación que respalda su presencia en múltiples territorios.
Gráfico 1
Número de integrantes y municipios de influencia de las AGC (2017-2025)
La arquitectura del grupo está compuesta por un Estado Mayor Conjunto, seis bloques regionales y treinta y nueve subestructuras o frentes. El Estado Mayor, integrado por seis comandantes, concentra las funciones estratégicas, define los lineamientos políticos y militares y coordina las actividades ilícitas y su expansión (Arias et al., 2026). Los bloques regionales administran zonas amplias y articulan las subestructuras bajo su jurisdicción; estas últimas ejercen presencia directa en el terreno, regulan mercados ilegales y participan en confrontaciones armadas locales. El resultado es un modelo que preserva orientación desde la cúpula, pero permite ajustes tácticos según las condiciones de cada territorio (Arias et al., 2026).
La consolidación de este modelo estuvo estrechamente vinculada al liderazgo de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Su trayectoria refleja un perfil pragmático y militar, construido a partir de su paso por el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y posteriormente las AUC (InSight Crime, 2023a). Tras la captura de “Don Mario” en 2009 y la muerte de su hermano Giovanni en 2012, Otoniel asumió el control total de la estructura y consolidó “un pequeño anillo de comandancia integrado por sus antiguos compañeros del EPL y las AUC” (InSight Crime, 2023a). Bajo su mando, el Clan del Golfo dejó de ser una agrupación regional heredera del paramilitarismo y se convirtió en una de las estructuras armadas y criminales con mayor alcance del país.
Ese proceso de expansión también estuvo acompañado por una mayor sofisticación organizacional. International Crisis Group (2024) señala que el grupo “opera con la precisión de una empresa multinacional” y combina “la voluntad de expansión al estilo de los paramilitares” con “un nivel de disciplina típico de los movimientos guerrilleros” (p. 4). Este modelo evidencia que el liderazgo dentro del Clan del Golfo no depende únicamente de la autoridad militar. También requiere de habilidades administrativas, logísticas y financieras para coordinar redes armadas, sostener sus fuentes de financiación y administrar relaciones con actores locales.
La captura de Otoniel en 2021 y su extradición en 2022 pusieron a prueba la cohesión interna de la organización. Según InSight Crime, después de su captura “varias subestructuras o franquicias” buscaron “más independencia”, lo que evidenció tensiones ante la ausencia de una figura de mando unificadora (InSight Crime, 2023b). Aun así, la red logró reorganizarse bajo el liderazgo de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, antiguo integrante de las AUC y uno de los principales articuladores del narcotráfico en Urabá. La transición no estuvo libre de disputas: la desaparición y el asesinato de alias “Siopas” en 2023 revelaron tensiones relacionadas con el liderazgo, la distribución de poder regional y la política de Paz Total5La Paz Total es la política impulsada por el gobierno de Gustavo Petro desde 2022 para promover diálogos, negociaciones o procesos de sometimiento con distintos actores armados ilegales. Su objetivo es ampliar el alcance de la paz más allá de las guerrillas tradicionales e incluir estructuras armadas y criminales con alto impacto territorial. En el caso del Clan del Golfo, esta política abrió la posibilidad de acercamientos, aunque el proceso ha enfrentado dificultades jurídicas y políticas (Arias et al., 2026). (Indepaz, 2023). Estos hechos muestran que la sucesión dentro del Clan del Golfo combina legitimidad armada, capacidad de articulación criminal y negociación entre facciones, pero sigue expuesta a reacomodos estratégicos y violencia interna.
3. Economía criminal: cadena de valor, diversificación y lavado de activos
La economía criminal del Clan del Golfo se caracteriza por su habilidad para diversificar rentas y por una fuerte articulación territorial. Aunque el narcotráfico continúa siendo su principal fuente de ingresos, el grupo ha ampliado progresivamente sus fuentes de financiación. InSight Crime (2025) señala que “el modelo de red del Clan del Golfo requiere que las células locales sean autosuficientes financieramente”, razón por la cual “se han expandido a actividades como la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de migrantes y el microtráfico”. Bajo este modelo, las estructuras regionales no dependen exclusivamente de recursos transferidos desde la cúpula, sino que sostienen su funcionamiento a partir de las actividades disponibles en cada territorio.
La participación del Clan del Golfo en el narcotráfico se centra principalmente en el control de corredores estratégicos para la producción, almacenamiento y exportación de cocaína. Según una estimación recogida por Badillo y Trejos (2023), para 2022 las AGC participaban en aproximadamente el 60 % de la droga que salía de Colombia. Su presencia en regiones como Urabá, Chocó, Córdoba, Bajo Cauca, Catatumbo y la costa Pacífica constituye una de sus principales bases de acumulación económica y expansión territorial.
A diferencia de los antiguos carteles, el Clan del Golfo no monopoliza todas las etapas de la cadena del narcotráfico. Su participación se concentra en el cultivo de coca, el procesamiento inicial, la comercialización de base de coca y la transformación en clorhidrato de cocaína, mientras que el transporte internacional y la distribución final suelen quedar en manos de otras redes criminales (Badillo & Trejos, 2023). Este modelo reduce costos operativos y limita la exposición del grupo frente a decomisos, persecución internacional y riesgos logísticos. Como resultado, otros actores narcotraficantes pagan a las AGC aproximadamente 150 dólares por kilogramo de cocaína exportado (Badillo & Trejos, 2023), lo que le permite obtener altos niveles de rentabilidad sin asumir directamente toda la cadena transnacional.
La minería ilegal representa otra fuente relevante de financiación, especialmente en regiones como el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba y el Chocó. En estos territorios, las AGC intervienen en explotaciones auríferas ilegales mediante esquemas de extorsión, regulación local y protección armada. El PNUD señala que estas organizaciones han desarrollado modelos de “gobernanza criminal” que les permiten regular actividades de extracción ilegal y capturar rentas locales mediante la coerción y el control territorial (Dammert & Sampó, 2025). Además de generar ingresos constantes, esta actividad ofrece oportunidades para lavar activos y articularse con otras economías locales. A esto se suman sistemas de extorsión dirigidos a comerciantes, transportadores, productores rurales y sectores informales en zonas bajo influencia armada del grupo.
La diversificación también se observa en el tráfico de migrantes en la frontera colombo-panameña. El informe La frontera del Clan documenta cómo el grupo logró controlar las rutas de migración irregular en el Darién mediante redes de transporte, cobro y protección sobre el tránsito de personas migrantes. Según el informe, durante 2022 esta actividad generó alrededor de 300 mil dólares diarios, sin incluir los ingresos derivados de servicios complementarios de alimentación y movilidad (Cajiao et al., 2022). Más allá de su rentabilidad, este informe muestra cómo el Clan del Golfo adapta su forma de ocupación territorial para incorporar mercados criminales emergentes y aprovechar las oportunidades generadas por dinámicas transnacionales, como las crisis migratorias regionales.
El lavado de activos es un componente central para la sostenibilidad financiera de las AGC. La organización articula economías legales e ilegales mediante empresas fachada, inversiones rurales, comercio, ganadería, contratos públicos y transferencias internacionales. En 2017, autoridades colombianas desarticularon una red financiera vinculada al grupo que habría lavado cerca de 58 millones de dólares, mediante diez empresas dedicadas aparentemente a la comercialización de bebidas y tabaco (Fiscalía General de la Nación, 2017). En 2025, también fue capturado Carlos Eduardo González Guerrero, señalado de lavar más de 130 millones de dólares, a través de operaciones relacionadas con la importación de textiles desde Asia (Alcaldía de Santiago de Cali, 2025). Independientemente de la magnitud de estos casos, ambos ilustran la capacidad del grupo para infiltrarse en circuitos comerciales y financieros legales con el fin de ocultar capitales, proteger sus ingresos ilícitos y fortalecer su estructura económica.
4. Capital social, control territorial y vínculos socio-comunitarios
El poder del Clan del Golfo no descansa únicamente en la coerción armada, sino también en su capacidad para regular dinámicas sociales, administrar conflictos locales y establecer relaciones funcionales con las comunidades donde opera. En territorios donde la presencia estatal es débil o fragmentada, las AGC desarrollan formas de gobernanza criminal que combinan coerción, regulación social y provisión limitada de orden (Dammert & Sampó, 2025). En la práctica, esto se expresa en la administración informal de actividades económicas, la imposición de normas de comportamiento y la ocupación de espacios que las instituciones estatales no logran cubrir de manera sostenida.
El alcance de la inserción local de las AGC se observa en su expansión reciente. La organización pasó de tener presencia en 145 municipios de 13 departamentos en 2022 a 296 municipios en 17 departamentos en 2025, consolidándose como la estructura armada con mayor cobertura territorial del país (Arias et al., 2026). Este crecimiento responde a cambios en su forma de ocupación territorial y con su habilidad para instalarse en zonas donde la debilidad institucional, la inseguridad y la dependencia de economías informales aumentan la influencia de actores armados sobre la vida cotidiana. A diferencia de etapas anteriores marcadas por niveles más indiscriminados de violencia, las AGC han adoptado un modelo que combina confrontación selectiva contra organizaciones rivales con un trabajo sociopolítico más intenso sobre las comunidades, incluyendo “obras sociales, inversión económica y la cooptación de personas y liderazgos comunitarios a través de pagos” (Arias et al., 2026, p. 12). Esta forma de ocupación reduce los costos de la confrontación abierta y fortalece relaciones de dependencia y adaptación comunitaria en zonas estratégicas.
Mapa 1
Influencia del Clan del Golfo discriminada por bloques en 2026
Para sostener esa presencia, el Clan del Golfo se apoya en redes de vigilancia social e inteligencia comunitaria. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, las AGC cuentan con redes locales remuneradas conocidas como “puntos” o “campaneros”, integradas por civiles y, en ocasiones, personas armadas que reportan movimientos de la Fuerza Pública, dinámicas comunitarias y comportamientos considerados sospechosos (Arias et al., 2026). Este mecanismo le permite ejercer control social sin necesidad de mantener presencia armada permanente en todos los territorios bajo su influencia y facilita la aplicación de normas como restricciones de movilidad, toques de queda o paros armados6Los paros armados son acciones coercitivas mediante las cuales un grupo armado restringe la movilidad, el comercio y la vida cotidiana de la población a través de amenazas, presencia armada o ataques selectivos. En el caso de las AGC, han sido utilizados para proyectar capacidad de control y retaliación frente a decisiones estatales (Arias et al., 2026)..
La inserción comunitaria también tiene una dimensión económica, ya que estas dinámicas generan relaciones de dependencia cotidiana. En distintos territorios, las AGC inciden en el acceso al empleo informal, la protección, el transporte, el comercio y ciertas actividades extractivas o ilegales, vinculando a pobladores y actores locales con su sistema de autoridad. El aspecto central no es solo la captura de rentas, ya abordada en el apartado económico, sino la capacidad de transformar esos recursos en influencia social y adaptación comunitaria en contextos marcados por la exclusión estatal (Badillo & Trejos, 2022).
A esta dimensión práctica se suma una estrategia discursiva orientada a justificar su presencia en las zonas bajo su influencia. Más que expresar un proyecto ideológico consistente, el discurso político de las AGC funciona como recurso de reclutamiento, cohesión interna y legitimación ante sectores sociales que perciben al Estado como distante o incapaz de garantizar seguridad y oportunidades económicas. En algunos contextos, especialmente en territorios afectados por exclusión institucional, violencia persistente y dependencia de economías ilegales, esa narrativa puede encontrar cierta receptividad (Badillo & Trejos, 2023).
No obstante, estos vínculos comunitarios no deben interpretarse como expresiones de legitimidad política plena o apoyo social voluntario. En gran medida, la influencia de las AGC se sostiene sobre relaciones profundamente asimétricas de coerción, dependencia económica e intimidación selectiva. Su influencia comunitaria no responde principalmente a una adhesión ideológica, sino a su capacidad para ocupar vacíos institucionales, regular economías locales y establecer reglas informales de comportamiento (Badillo & Trejos, 2022). Por ello, los vínculos que establece con las comunidades responden a una combinación de necesidad, miedo, adaptación y decisiones pragmáticas.
5. Capacidad de coerción y violencia: estructura y gestión del aparato armado
La coerción constituye uno de los principales instrumentos de poder del Clan del Golfo. Más allá de infundir miedo, le permite proteger sus fuentes de financiación, contener amenazas externas, disciplinar entornos locales y asegurar condiciones mínimas para su funcionamiento. De esta manera, la violencia no opera como un recurso aislado, sino que se integra a mecanismos más amplios de gobernanza criminal, regulación económica y control social. A través de ella, las AGC neutralizan competidores, protegen corredores estratégicos y preservan ventajas operativas en los territorios donde tienen presencia (Badillo & Trejos, 2022).
El aparato militar de las AGC se alimenta de experiencias provenientes de estructuras insurgentes, paramilitares y de antiguos integrantes de la Fuerza Pública. Entre sus mandos y combatientes convergen trayectorias vinculadas al Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y sectores con entrenamiento militar, lo que ha favorecido la transferencia de conocimientos en combate irregular, inteligencia, logística y manejo territorial (International Crisis Group, 2024; InSight Crime, 2023a). Esta convergencia de experiencias ha contribuido a formar una estructura armada capaz de adaptarse a distintos escenarios operativos y sostener presencia en múltiples regiones del país.
Esa experiencia militar se complementa con una infraestructura logística y tecnológica orientada a la vigilancia, la movilidad y la anticipación de riesgos, más que a la confrontación convencional. Sus redes de comunicación clandestina, movilidad territorial e inteligencia operativa le permiten coordinar acciones simultáneas, proteger corredores estratégicos y anticipar riesgos derivados de operaciones estatales. A ello se suma el acceso a armamento de largo alcance, embarcaciones rápidas utilizadas en corredores marítimos del Caribe y el Pacífico, así como estructuras especializadas encargadas de la seguridad de sus principales comandantes (Arias et al., 2026). Aunque estas capacidades no la convierten en una fuerza convencional, sí amplían su margen de maniobra en zonas rurales, fronterizas y periféricas.
En la práctica, la eficacia de su aparato armado depende de la administración selectiva de la violencia. Las AGC combinan homicidios selectivos, amenazas, desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y episodios de retaliación contra integrantes de la Fuerza Pública. Estas acciones cumplen varias funciones: eliminan rivales, desincentivan la colaboración con las autoridades, elevan los costos de las operaciones estatales y disciplinan a la población civil (Arias et al., 2026; Badillo & Trejos, 2022). Su impacto no se limita al daño físico inmediato; también busca producir efectos psicológicos duraderos y reforzar la percepción de que el grupo puede castigar cualquier forma de resistencia.
La atribución de esa violencia se vuelve más compleja por el modo de operación en red del Clan del Golfo. El grupo no actúa siempre mediante unidades directamente subordinadas a su mando central, sino también a través de franquicias, células locales, bandas subcontratadas y estructuras que operan bajo su nombre o prestan servicios en territorios específicos (InSight Crime, 2025). Esta configuración dificulta establecer responsabilidades precisas, pues una misma acción puede responder a órdenes de la cúpula, decisiones de mandos regionales o iniciativas de actores locales. En este contexto, resulta más útil analizar los patrones, territorios y funciones de la violencia atribuida al grupo. Esa opacidad también le permite ampliar su poder coercitivo y diluir parcialmente los costos judiciales, operacionales y reputacionales de cada hecho violento.
La dimensión comunicativa completa el repertorio coercitivo al utilizar los mensajes no para persuadir, sino para producir obediencia. El Clan del Golfo utiliza comunicados, panfletos, amenazas públicas y pronunciamientos difundidos a través de medios físicos o digitales para amplificar el alcance de sus acciones violentas y proyectar control sin necesidad del despliegue armado permanente. En los paros armados, esta combinación resulta especialmente visible: las amenazas y restricciones de movilidad paralizan actividades económicas, alteran la vida cotidiana y envían señales simultáneas a comunidades, autoridades y rivales. El paro posterior a la extradición de alias “Otoniel” en 2022 ilustra esta función, pues permitió a las AGC exhibir su capacidad de coordinación territorial y retaliación frente al Estado (Arias et al., 2026).
6. Interacción con el Estado: corrupción, cooptación institucional y relación con las fuerzas de seguridad
La relación entre el Clan del Golfo y el Estado colombiano no puede entenderse únicamente como confrontación armada. En los territorios donde opera, el grupo ha aprovechado debilidades institucionales, arreglos informales y prácticas de corrupción para construir relaciones funcionales con actores públicos y privados e incidir en dinámicas locales (Hernández et al., 2018; Badillo & Trejos, 2022). Esta interacción muestra que el Estado no actúa siempre como un bloque homogéneo frente a las AGC: mientras algunas instituciones impulsan operaciones de persecución, en ciertos contextos locales pueden aparecer vínculos informales, filtraciones o prácticas de tolerancia que favorecen la permanencia del grupo.
En el plano operativo, la corrupción funciona como un recurso para disminuir riesgos y proteger sus fuentes de financiación. Las AGC han recurrido históricamente a la obtención ilícita de información, pagos selectivos y contactos funcionales con actores locales para anticipar operativos, proteger rutas, facilitar la movilidad de sus integrantes y reducir su exposición frente a la Fuerza Pública. Este fenómeno resulta particularmente visible en regiones periféricas donde convergen mercados ilegales, una débil presencia institucional y una alta dependencia económica de las actividades reguladas por el grupo (Hernández et al., 2018). Allí, la corrupción no sustituye la coerción, pero sí la complementa al facilitar información estratégica y ampliar su margen operativo.
Más allá de esos arreglos operativos, la influencia del grupo también se proyecta sobre la gobernanza municipal. El peso de sus rentas criminales, la presión sobre liderazgos locales y su capacidad de intimidación generan condiciones para incidir indirectamente en la administración territorial, la intermediación política y la asignación de recursos públicos. Estas prácticas no implican necesariamente el control formal de las instituciones, pero sí permiten moldear entornos políticos y administrativos en función de sus intereses, especialmente en municipios donde su poder económico y armado se combina con instituciones frágiles o dependientes de redes clientelares (Badillo & Trejos, 2022). De este modo, las AGC pueden influir sobre instituciones locales sin ocuparlas directamente ni convertirlas en extensiones orgánicas de su estructura criminal.
Esa interacción con el Estado no elimina la confrontación con la Fuerza Pública. La relación con las instituciones de seguridad ha estado marcada por una combinación de presión militar y adaptación estratégica. En algunos territorios, el grupo ha buscado reducir los riesgos de persecución mediante filtraciones de información, pagos a funcionarios o vínculos puntuales con integrantes de instituciones locales de seguridad. Al mismo tiempo, el Estado colombiano ha desarrollado operaciones de gran escala orientadas a afectar sus mandos y redes locales, entre ellas la Operación Agamenón y la operación que culminó con la captura de alias “Otoniel”, principal líder de las AGC (Arias et al., 2026; InSight Crime, 2023a). Ese escenario ha dado lugar a respuestas violentas puntuales por parte del grupo, como se observa en los llamados planes pistola7Los planes pistola son campañas de ataques selectivos contra policías y militares, generalmente usadas como retaliación frente a operaciones estatales, capturas o golpes contra mandos armados. En 2025, tras la muerte de alias “Chirimoya”, las AGC activaron una ofensiva de este tipo que provocó la muerte de cerca de treinta integrantes de la Fuerza Pública (Arias et al., 2026)..
Sin embargo, estos episodios no alteran la tendencia observada en los últimos años. Según la Fundación Ideas para la Paz, en 2025 el 38,6 % de los hechos atribuidos al Clan del Golfo correspondieron a afectaciones contra la población civil y el 37,6 % a enfrentamientos con otras estructuras armadas, categorías que en conjunto concentraron el 76 % de los eventos registrados. En contraste, solo se documentaron 38 acciones dirigidas contra la Fuerza Pública y dos contra infraestructura estratégica (Arias et al., 2026). Estos datos indican que, aunque las AGC conservan margen para responder y ejercer presión sobre agentes estatales, su prioridad reciente se ha concentrado principalmente en la competencia con otros actores armados y en la consolidación de su influencia local y regional, más que en sostener una confrontación prolongada con el Estado.
7. Respuesta del Estado y resiliencia organizacional
La respuesta estatal frente al Clan del Golfo se ha concentrado, en buena medida, en la persecución penal, militar y policial de sus liderazgos. Desde la captura de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, en 2009, hasta la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, en 2021 y su extradición en 2022, el Estado colombiano ha buscado debilitar sus estructuras de mando mediante operaciones dirigidas contra objetivos de alto valor (Arias et al., 2026; InSight Crime, 2023a). Estas acciones han producido pérdidas importantes para la organización, pero también han permitido observar los límites de una estrategia centrada principalmente en neutralizar figuras de mando.
Uno de los supuestos centrales de este enfoque es que la salida de los máximos líderes produciría fragmentación interna y facilitaría la desarticulación de la estructura. Sin embargo, la trayectoria del Clan del Golfo muestra un resultado más complejo. La captura de “Don Mario” fue seguida por la consolidación del liderazgo de los hermanos Úsuga, mientras que la captura y posterior extradición de “Otoniel” representó un golpe simbólico y operativo para las AGC, aunque no anuló su capacidad de coordinación. Tras la salida de su máximo líder, algunas subestructuras buscaron mayor autonomía y se registraron disputas entre mandos regionales, aunque la organización logró reorganizarse bajo una nueva dirección (InSight Crime, 2023b). Este patrón se mantuvo en los años siguientes: de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, el Clan del Golfo continuó ampliando su presencia en el país, incluso en medio de tensiones internas y reacomodos de mando (Arias et al., 2026).
Esa continuidad operativa se explica, en parte, por las transformaciones organizacionales adoptadas después de la salida de “Otoniel”. Según la Fundación Ideas para la Paz, el Clan del Golfo se alejó progresivamente de un modelo basado en el predominio de la familia Úsuga David y avanzó hacia una estructura más colegiada encabezada por un Estado Mayor Conjunto (Arias et al., 2026). Este proceso implicó una reorganización operativa y territorial, caracterizada por la reducción del uso de franquicias criminales, la absorción de estructuras que anteriormente operaban como aliados o prestadores de servicios y la incorporación de otros grupos a su proyecto armado (Arias et al., 2026). Lejos de fragmentarse, las AGC utilizaron este reordenamiento para fortalecer mecanismos de coordinación interna y ampliar el control de la cúpula sobre estructuras que anteriormente eran más autónomas.
Esta mayor integración no elimina la flexibilidad descrita en su arquitectura organizacional; más bien la reorganiza. Las AGC han buscado reducir la autonomía de las estructuras tercerizadas mediante su absorción o integración en una cadena de mando más controlada, pero conservan alianzas y subcontrataciones puntuales cuando éstas facilitan el ingreso a nuevos territorios o reducen su exposición operativa (Arias et al., 2026; Dammert & Sampó, 2025). De esta manera, la organización combina una mayor integración interna con capacidades de adaptación regional.
La experiencia reciente del Clan del Golfo evidencia los límites de una estrategia estatal centrada principalmente en la captura y neutralización de sus líderes. Aunque las operaciones estatales han afectado mandos, redes logísticas y recursos específicos, la organización ha logrado redistribuir funciones, reemplazar jefaturas y ajustar sus formas de expansión. Esta capacidad de recomposición demuestra que su resiliencia no depende de individuos específicos, sino de una arquitectura criminal con recursos territoriales, económicos y organizacionales suficientes para absorber golpes operativos, reconfigurar su funcionamiento y mantener su capacidad de actuación frente a la presión estatal.
Gráfico 2
Componentes de la gobernanza criminal del Clan del Golfo
Conclusiones
El análisis del Clan del Golfo muestra que esta organización no puede reducirse a una estructura narcotraficante ni entenderse como una simple continuidad del paramilitarismo. Su trayectoria combina elementos heredados del escenario posterior a la desmovilización de las AUC con formas de organización más flexibles, economías criminales diversificadas, repertorios de coerción selectiva y mecanismos de inserción social e institucional en territorios periféricos. Esa combinación explica por qué el grupo ha logrado mantenerse como uno de los actores armados y criminales con mayor alcance en Colombia, incluso después de golpes importantes contra sus principales liderazgos.
La fortaleza de las AGC se encuentra en la manera en que conectan fuentes de financiación, presencia territorial, coerción y relaciones informales con entornos institucionales frágiles. El narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de migrantes y el lavado de activos no operan como rentas aisladas, sino como parte de una economía criminal que sostiene redes locales, estructuras armadas y procesos de expansión. A partir de estos recursos, las AGC transforman su capacidad económica en relaciones de dependencia social, vigilancia comunitaria e intermediación sobre actividades locales. La violencia selectiva y las estrategias comunicativas refuerzan ese entramado al intimidar, disciplinar y proyectar alcance operativo, mientras que la corrupción localizada y los arreglos informales reducen riesgos y amplían su margen de acción frente al Estado.
Esta trayectoria evidencia una transformación más amplia del crimen organizado colombiano hacia formas híbridas de poder territorial. Las AGC no se limitan a disputar rentas ilegales, sino que intervienen en la organización de la vida local, condicionan relaciones comunitarias y aprovechan la fragmentación institucional para consolidar su autoridad informal. En este marco, su resiliencia se manifiesta en la continuidad de sus mecanismos de control e inserción territorial, incluso cuando enfrenta presiones institucionales, disputas armadas o cambios en los equilibrios locales. Por esta razón, su permanencia no puede explicarse únicamente desde la lógica criminal o militar, sino desde la interacción entre el control territorial, la adaptación social y la capacidad para operar en escenarios donde la presencia estatal resulta limitada, intermitente o insuficiente.
En consecuencia, el caso de las AGC muestra los límites de las respuestas centradas exclusivamente en la neutralización de liderazgos. Las capturas, extradiciones y operaciones de alto impacto pueden afectar mandos y capacidades específicas, pero resultan insuficientes si no inciden sobre las rentas criminales, las redes locales, los mecanismos de coerción y las condiciones territoriales que permiten la continuidad de la organización. En definitiva, comprender al Clan del Golfo exige analizarlo como una estructura capaz de articular violencia, economía criminal, inserción social y debilidad institucional en la reproducción contemporánea del crimen organizado en Colombia.
- 1Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) constituyeron el mayor ejército paramilitar del país desde la década de 1990 hasta su desmovilización durante el proceso de paz desarrollado en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (Badillo & Trejos, 2022). ↩︎
- 2Las autodefensas son entendidas como grupos armados que presentan tres características principales: “1) un carácter defensivo, 2) localizadas y 3) con integrantes que tienen vocaciones distintas a la militar” (Ljodal, 2002, como se cita en Badillo & Trejos, 2023, p. 331). Estos grupos suelen tener el objetivo de proteger bienes o garantizar la seguridad frente a otros actores armados, en contextos donde el Estado es percibido como incapaz de brindar dicha protección (Badillo & Trejos, 2023). ↩︎
- 3Según Kalyvas y Arjona (2008), los grupos paramilitares son aquellos que “están relacionados directa o indirectamente con el Estado y sus agentes locales; conformados por el Estado o tolerados por este, pero que se encuentran por fuera de su estructura formal” (como se cita en Badillo & Trejos, 2023, p. 332). ↩︎
- 4En este contexto, el término “franquicia” no implica una estructura empresarial formal, sino una relación flexible con la cual bandas locales o estructuras armadas menores operan bajo el nombre, autorización o influencia del Clan del Golfo, a cambio de protección, acceso a rentas ilícitas o integración en redes criminales más amplias (Dammert & Sampó, 2025; InSight Crime, 2025). ↩︎
- 5La Paz Total es la política impulsada por el gobierno de Gustavo Petro desde 2022 para promover diálogos, negociaciones o procesos de sometimiento con distintos actores armados ilegales. Su objetivo es ampliar el alcance de la paz más allá de las guerrillas tradicionales e incluir estructuras armadas y criminales con alto impacto territorial. En el caso del Clan del Golfo, esta política abrió la posibilidad de acercamientos, aunque el proceso ha enfrentado dificultades jurídicas y políticas (Arias et al., 2026). ↩︎
- 6Los paros armados son acciones coercitivas mediante las cuales un grupo armado restringe la movilidad, el comercio y la vida cotidiana de la población a través de amenazas, presencia armada o ataques selectivos. En el caso de las AGC, han sido utilizados para proyectar capacidad de control y retaliación frente a decisiones estatales (Arias et al., 2026). ↩︎
- 7Los planes pistola son campañas de ataques selectivos contra policías y militares, generalmente usadas como retaliación frente a operaciones estatales, capturas o golpes contra mandos armados. En 2025, tras la muerte de alias “Chirimoya”, las AGC activaron una ofensiva de este tipo que provocó la muerte de cerca de treinta integrantes de la Fuerza Pública (Arias et al., 2026). ↩︎
