1. Introducción
Las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo en Venezuela reflejaron tensiones estructurales en torno a la legitimidad del sistema político. Sin embargo, este proceso electoral estuvo marcado por factores que, desde la perspectiva de la principal fuerza de oposición y la reacción ciudadana, ofrecen una lectura compleja sobre el estado de la democracia venezolana y el equilibrio del poder del país, más allá de las cifras del Consejo Nacional Electoral (Consejo Nacional Electoral [CNE], 2025).
1.2 La abstención como herramienta de resistencia política
Un punto central en este análisis es la decisión de la líder opositora María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de promover un boicot electoral. Esta estrategia, motivada por la percepción de ilegitimidad del proceso, tuvo un impacto directo en la participación ciudadana y ha sido interpretada por sus promotores como una derrota política para el gobierno, a pesar de su victoria formal en las urnas. Lejos de representar una retirada pasiva, el boicot se planteó como una estrategia activa de deslegitimación del proceso electoral y del régimen, tanto a nivel nacional como internacional. Con ello, la oposición buscó evitar convalidar una contienda desigual, aunque esto implicó la pérdida de representación institucional. Esta táctica se inscribe en una tradición regional e internacional de boicots en contextos autoritarios, como los casos de Venezuela en 2005, Nicaragua en 2021 o Bielorrusia en 2020, donde se utilizó la abstención como mecanismo para denunciar fraudes y cuestionar la legitimidad del poder constituido.
Estas elecciones sirvieron para designar a nuevos integrantes de la Asamblea Nacional, gobernadores estatales, alcaldes y legisladores regionales. Según el Consejo Nacional Electoral (2025), la coalición oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) obtuvo el 82,6% de los votos, frente al 17,3% de los partidos opositores, y ganó 23 de las 24 gobernaciones. El oficialismo ya controlaba previamente 19 gobernaciones y más del 90% de los escaños parlamentarios, reproduciendo un dominio político consolidado en condiciones no competitivas. La abstención alcanzó oficialmente el 42,6 % del padrón, aunque algunos institutos de análisis sostienen que la participación real fue considerablemente más baja. La encuestadora Meganálisis (2025), basado en un sondeo de boca de urna, estimó que sólo el 13,59 % del electorado asistió a votar, en línea con el llamado opositor al boicot.
La Plataforma Unitaria Democrática sostuvo que no existían condiciones para una elección justa, tras los controvertidos comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. En esa ocasión, Nicolás Maduro se proclamó vencedor, según informó la cadena oficial Venezolana de Televisión (VTV, 2024), sin que se hiciera pública la presentación detallada de las actas electorales ni el desglose oficial de los resultados por mesa.
Según declaraciones de voceros de la PUD, la oposición denunció fraude y sostuvo que el verdadero ganador fue Edmundo González Urrutia, quien reside en el exilio tras denunciar persecución por parte del régimen. En este contexto, Maduro asumió su nuevo mandato en enero de 2025 con un reconocimiento internacional limitado. Aunque fue respaldado por algunos de sus aliados tradicionales, como Rusia, China, Cuba e Irán, gran parte de la comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos y varios países latinoamericanos, expresó reservas o directamente desconoció la legitimidad del proceso electoral. Transparencia Venezuela (2025) advirtió que el proceso, marcado por graves irregularidades contribuyó al desconocimiento de los resultados por parte de diversos gobiernos democráticos.
En este escenario, la decisión de María Corina Machado de llamar a la abstención en las elecciones de mayo de 2025 fue clara y contundente. En la red social X (@MariaCorinaYA, 2025), afirmó: “El 28 de julio votamos. Este 25 no votaremos. Ese día ganamos, porque somos Venezuela”. Esta frase resume la estrategia opositora de deslegitimar el proceso electoral de mayo, reivindicando la elección de 2024 como la verdadera expresión de la voluntad popular.
La interpretación de Machado sobre la baja participación registrada el 25 de mayo puede entenderse como una forma de validar el boicot, al sugerir que la abstención masiva no fue sólo producto de apatía, sino un acto de desobediencia civil y rechazo tanto al gobierno como al proceso electoral. En un video difundido en su cuenta personal, Machado (@MariaCorinaYA, 2025) sostuvo que: “Más del 85 % de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no”, y añadió que: “Fracasó la estrategia de terror del régimen. Creyeron que a punta de amenazas iban a doblegar a la gente, y eso lo que provocó fue más rabia” (@MariaCorinaYA, 2025).
Esta narrativa convierte la escasa afluencia a las urnas, lejos de ser vista como un fracaso opositor, en una demostración de fuerza política. Según Levitsky y Way (2010), en los regímenes autoritarios competitivos la baja participación refleja la incapacidad del gobierno para generar aceptación social genuina, debilitando su legitimidad. En esta línea, la falta de respaldo incluso entre sectores tradicionalmente movilizados, como los empleados públicos, quienes según Machado (2025) también expresaron su rechazo, constituye una señal clara de la erosión del control estatal.
Los hechos registrados en los comicios del 25 de mayo presentan características que se alejan de una elección convencional. Mientras sectores opositores interpretaron la baja participación como un acto de desobediencia civil y rechazo al proceso electoral, desde el oficialismo y analistas afines se sostuvo que la jornada transcurrió con normalidad, y que la victoria con el 82,6 % de los votos refleja el respaldo del electorado activo (CNE, 2025). A ello se suma el argumento de que la abstención podría responder a apatía política o desmovilización estructural, sin que esto implique necesariamente un rechazo consciente al régimen.
Incluso dentro de la oposición se advirtió que la renuncia a la participación electoral podría debilitar su capacidad de incidencia institucional y facilitar la consolidación del control oficialista. En este contexto, el dominio previo del chavismo sobre 23 de las 24 gobernaciones, así como sobre la Asamblea Nacional, refuerza la percepción de un escenario político marcado por la ausencia opositora y la escasa movilización ciudadana.
La victoria en las urnas, en un contexto de boicot promovido por la principal fuerza opositora y de denuncias de represión previas a la jornada, plantea serias dudas sobre la legitimidad democrática del proceso. Días antes de las elecciones, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció en una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión la detención de más de 70 personas, entre activistas, periodistas y ciudadanos extranjeros, acusadas de intentar sabotear el proceso mediante acciones violentas (VTV, 2025).
Estas detenciones, cuestionadas por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron interpretadas por sectores opositores como parte de una estrategia represiva orientada a desalentar la participación electoral. El clima de tensión y desconfianza resultante incidió en la disposición de diversos sectores de la ciudadanía a acudir a las urnas, en un contexto marcado por la percepción de un proceso controlado y sin garantías democráticas suficientes.
La división interna en el seno de la oposición también impactó en el desarrollo de la jornada electoral. Mientras María Corina Machado convocó al boicot, un sector minoritario, encabezado por Henrique Capriles, optó por participar. Si bien Capriles había denunciado fraude en 2024, justificó su participación en 2025 como una forma de resistencia política. Esta fractura interna, que incluso llevó a la expulsión de los partidos Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) por presentar candidaturas, dio lugar a una participación opositora marginal (Noticia al Día, 2025).
Aunque esta presencia reducida no logró revertir el efecto del boicot sobre la percepción de ilegitimidad del proceso electoral, la división fue analizada por medios como El Nacional (2025) como un reflejo de la compleja encrucijada estratégica de una oposición fragmentada, enfrentada al dilema entre denunciar la ilegitimidad del régimen y preservar su presencia institucional.
1.3 Conclusión: Una derrota política pese al triunfo formal
Las elecciones del 25 de mayo de 2025 en Venezuela, si bien otorgaron formalmente una victoria al oficialismo según los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral, evidencian una crisis profunda de legitimidad y confianza en el sistema democrático del país. La decisión de María Corina Machado de convocar al boicot, basada en la experiencia reciente y en la percepción de ilegitimidad del proceso, contribuyó significativamente a la baja participación ciudadana.
El chavismo logró imponerse conforme a los procedimientos institucionales, pero lo hizo en un contexto de abstención masiva y fuerte desconfianza ciudadana. La jornada electoral puso en evidencia una creciente desconexión entre el poder formal y la voluntad de una parte significativa de la población. En este sentido, tanto la estrategia opositora como la respuesta ciudadana pueden leerse como manifestaciones de los desafíos que enfrenta el régimen para sostener su legitimidad popular, más allá del resultado numérico.
Recuperar la confianza en el voto y en el sistema democrático venezolano exige abordar las causas estructurales de la desafección política, que quedaron expuestas en el desarrollo de estos comicios. Resulta fundamental garantizar condiciones electorales transparentes, competitivas y verificables, como base para fortalecer la legitimidad institucional y el compromiso ciudadano con la democracia. Cuando el poder se consolida mediante prácticas cuestionables, el costo no lo paga únicamente la oposición: lo paga, sobre todo, la democracia.
