Introducción
La Copa Mundial de la FIFA 2026 se presenta ante la opinión pública como uno de los mayores ejercicios de diplomacia deportiva y proyección de “soft power”1Acuñado por Joseph Nye, el soft power (poder blando) es la capacidad de influir en otros para obtener los resultados deseados mediante la atracción y la persuasión, en lugar de la coerción o el pago. Mientras que la diplomacia (pública o deportiva) actúa como el instrumento de la política exterior, el soft power —basado en los recursos culturales, valores y políticas de un país— constituye el recurso que se proyecta a través de ella (Nye, 2019). en la historia contemporánea de América del Norte. Bajo la narrativa oficial de una candidatura conjunta, el torneo es promovido como símbolo de cooperación y libre flujo global, apoyándose en discursos de integración absoluta como declaró Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA):
“SOMOS 26” es la consigna. Es el momento en el que tres países y todo un continente proclaman al unísono: nos unimos en una sola voz para dar la bienvenida al planeta y organizar la Copa Mundial de la FIFA más grande, espectacular e inclusiva de todos los tiempos. (FIFA, 2023)
Esta adjudicación encierra, de entrada, una paradoja histórica: se otorga la sede del torneo más importante del planeta a un bloque donde ninguno de sus integrantes pertenece a la élite hegemónica del fútbol mundial. Mientras Estados Unidos y Canadá han edificado sus respectivas identidades deportivas sobre disciplinas de fuerte arraigo nacional, como el fútbol americano o el hockey sobre hielo, el balompié ha quedado relegado a un mercado secundario en vías de expansión comercial y consolidación corporativa. Por su parte, México, pese a su consumo masivo y profundo arraigo popular por este deporte, se mantiene históricamente al margen de las grandes potencias futbolísticas, lo que evidencia que los fines del torneo exceden el mérito estrictamente deportivo.
Esta particular relación con el fútbol pone de manifiesto que el interés estadounidense por albergar el Mundial no puede entenderse únicamente desde una lógica deportiva. En efecto, dicha desconexión obedece también a dinámicas socioeconómicas profundas. Como documenta Forbes México (2026), frente a la naturaleza orgánica del deporte global donde «los niños y niñas invaden los barrios para jugar con el balón» (párr. 13), Estados Unidos impone un «sistema elitista que privatiza el talento en el país» (párr. 1), relegando la práctica de base a las escuelas públicas, donde apenas emerge como un «refugio comunitario para erradicar el absentismo y la exclusión social» (párr. 1).
Este artículo sostiene que el Mundial 2026 opera como un sofisticado dispositivo dual, biopolítico y necropolítico, que optimiza la vigilancia transnacional. Como advierte la investigadora Rumyana van Ark (2026), el evento ofrece la oportunidad de ampliar sistemas como el FAN ID, «clasificando aún más a las personas como «seguras» o «inseguras» en nombre de la seguridad fronteriza» (párr. 3). Así, el espacio público se transforma en una extensión del control estatal, donde “el acceso a un estadio o a una zona de aficionados podría dejar de ser simplemente el inicio del apoyo a tu equipo […] para convertirse también en un cruce fronterizo virtual (recurrente) sujeto a estrictos requisitos de autorización previa” (párr. 5).
En este entramado estratégico, el territorio mexicano y canadiense son subsumidos bajo la categoría geopolítica de «estado pivote» (Chase, Hill & Kennedy, 1996). En el marco del Mundial, ambos países cumplen esta función al actuar como zonas de amortiguamiento que asumen los costos de la externalización del aparato de seguridad estadounidense. De este modo, la contención no ocurre únicamente en las aduanas físicas de Estados Unidos, sino que se proyecta hacia el sur y hacia el norte, consolidando una «frontera vertical»: un dispositivo de hipervigilancia que comienza desde los despliegues militares en el sur de México y se extiende hasta los filtros migratorios preventivos en Canadá. Esta arquitectura permite que ambos territorios absorban las crisis logísticas y los flujos migratorios indeseados, salvaguardando el núcleo hegemónico del continente bajo la fachada de una celebración deportiva.
Desarrollo
Históricamente, el balompié ha mantenido un vínculo indisoluble con el poder político; desde la asignación de sedes influenciada por alianzas geoestratégicas2Como señala Tomás Trapé (citado en Sturtz, 2026), el balompié ha trascendido el fenómeno cultural para consolidarse como una herramienta geopolítica central. El punto de quiebre contemporáneo fue el FIFA Gate (2015), escándalo que evidenció que la FIFA operaba en realidad como una plataforma global de negociación política y económica. Esta crisis institucional derivó en la salida de Joseph Blatter y obligó al organismo a modificar sus mecanismos de elección. Desde entonces, la sede de los mundiales es definida mediante el voto de todas las federaciones nacionales, un nuevo sistema democratizado que comenzó a aplicarse, precisamente, con la designación de la candidatura norteamericana para el Mundial 2026. hasta los debates globales sobre inmigración y derechos laborales, la Copa del Mundo opera como un reflejo del clima internacional gracias a la llamada “diplomacia deportiva”3La diplomacia deportiva es el uso del deporte y de los eventos deportivos como una herramienta de política exterior y poder blando para acercar a las naciones, mejorar las relaciones internacionales, promover la paz y fortalecer la imagen y reputación global de un país» (Instituto Matías Romero, 2025).. En 2026, esta dinámica se intensifica con una Norteamérica decidida a capitalizar el torneo para proyectar un discurso de unidad, innovación e inclusión en el escenario global. Detrás de esta euforia y hospitalidad cosmopolita, sin embargo, se esconde una profunda contradicción estructural trilateral. Por un lado, se exige flexibilizar la circulación transfronteriza para millones de turistas y entidades corporativas. Por otro lado, el evento se instrumentaliza como una coyuntura crítica para endurecer drásticamente los procesos de securitización de la movilidad humana. En este entramado, Estados Unidos dicta la agenda hegemónica, provocando que México y Canadá deban subordinar sus propias prioridades socioeconómicas internas para alinear sus políticas a las exigencias de seguridad de Washington.
Para comprender la dimensión geopolítica del torneo, es imperativo analizar su andamiaje estructural. Según Pascal Boniface (2021), los grandes eventos internacionales operan como plataformas estratégicas clave para la proyección de poder, la diplomacia pública y la negociación de influencias en un mundo interconectado. Al estar el bloque norteamericano desprovisto de una legitimidad futbolística hegemónica, los objetivos de la organización se desplazan inevitablemente hacia consideraciones ajenas a la cancha: la acumulación de capital, la explotación de infraestructura corporativa y, fundamentalmente, la alineación estratégica en materia de seguridad regional.
Esta transmutación encuentra sustento en el concepto de «despertar político global» desarrollado por Zbigniew Brzezinski en su artículo The Global Political Awakening (2008). Ante una población mundial políticamente activa y en constante movilidad transnacional, el fútbol opera como una pantalla ética que permite a los Estados gestionar la volatilidad de las masas. Lejos de ser una simple festividad, el Mundial 2026 se instituye como un megaejercicio de gobernanza trilateral diseñado para homologar tecnologías de vigilancia biométrica y blindar infraestructuras, revelándose como el escenario perfecto para ensayar un panóptico regional. La institucionalización de esta arquitectura de control comenzó a consolidarse en distintos espacios de coordinación internacional. Un ejemplo fue la Reunión Trilateral sobre Cooperación en Seguridad de Grandes Eventos, organizada en Washington por el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA, donde la delegación mexicana, integrada por las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Relaciones Exteriores, alineó sus protocolos operativos con sus contrapartes regionales (Sánchez, 2025).
Empíricamente, esta cooperación inédita se ha materializado en México a través del «Plan Kukulcán»4 El «Plan Kukulcán» constituye la estrategia de seguridad y vigilancia aérea diseñada por el Gobierno de México para las tres ciudades sede del Mundial 2026. De acuerdo con el Centro de Coordinación del evento, la operación contempla la articulación de 20 dependencias gubernamentales y el despliegue de aproximadamente 100,000 efectivos de seguridad (estatales y privados). El esquema incluye la participación activa de la Guardia Nacional y el Ejército en forma de cinturones de seguridad, tres fuerzas de tarea conjunta y agrupamientos de defensa aérea, estableciendo además mecanismos de intercambio de inteligencia operativa directamente con Estados Unidos, Canadá y la FIFA (Quevedo, 2026). , una estrategia de Estado que justifica la militarización temporal del espacio público al movilizar a cerca de 100,000 elementos de seguridad y equipo táctico trilateral. Como documenta Godínez (2026), el operativo incluye más de 2,136 vehículos militares, 33 drones de reconocimiento y 145 aeronaves especializadas, evidenciando que el torneo opera, en la práctica, como un despliegue logístico de hipervigilancia.
Este panóptico se despliega mediante lo que Michel Foucault (1976) denominó “biopolítica”5 En términos foucaultianos, la biopolítica invierte la lógica del poder soberano clásico para operar bajo la máxima de «hacer vivir y dejar morir», refiriéndose a las tecnologías y estrategias mediante las cuales se administra y regula la vida de las poblaciones. Al respecto, Bernardo Bolaños (2015) específica que el biopoder determina la gestión que ejerce una autoridad política sobre una población en un territorio dado (regulando tasas de natalidad, mortalidad, higiene o capacidad laboral) para controlar los comportamientos productivos y reproductivos. En el marco de los megaeventos deportivos, esta administración se traslada a una escala corporativa y transnacional: se traduce en «hacer vivir» (proteger, optimizar y facilitar el consumo y la movilidad de turistas, atletas y élites) mientras se «deja morir» (se invisibiliza, margina, despoja de derechos o expone al riesgo a las poblaciones no rentables, como los migrantes o los sectores locales precarizados), clasificando así los cuerpos estrictamente según su rentabilidad económica o su nivel de «riesgo». una lógica de control de la vida biológica, que en el Mundial, adquiere un carácter corporativo e hiperselectivo: se edifican corredores seguros, visados rápidos y vías preferenciales para garantizar el libre consumo de los visitantes. Esta excepcionalidad jurídica también transforma el uso del espacio urbano. En este sentido, los megaeventos deportivos operan como laboratorios de prácticas globalizadoras que, como sostiene Alexandra Alegre (2019), configuran un «espacio de excepcionalidad» donde Estados flexibilizan temporalmente determinadas expresiones de su soberanía para responder a los requerimientos de la FIFA. Los análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respaldan esta dinámica al señalar que “el modelo actual del Mundial fortalece mecanismos de exclusión económica y concentración corporativa” (UNAM Global, 2026, párr. 6), obligando a los Estados a implementar exenciones y privilegios fiscales.
Los efectos de esta exclusión son denunciados explícitamente: “alrededor de los estadios se establecen zonas controladas por patrocinadores internacionales que limitan a comerciantes locales […] ¿Cómo vamos a sentir que la fiesta es nuestra si no estamos invitados?” (UNAM Global, 2026, párr. 7); esta dinámica criminaliza el trabajo informal en el espacio público. Geopolíticamente, la flexibilización fronteriza es asimétrica y coincide con las actuales tensiones diplomáticas derivadas de la primera revisión formal del T-MEC (Morales, 2026).
En este tablero, un ejemplo paradigmático es Estados Unidos, que ejerce una exclusión soberana tajante al restringir selectivamente la entrada a ciudadanos de naciones antagónicas, como Irán, usando el filtro fronterizo como castigo geopolítico. Lejos de la retórica unificadora del megaevento, a escasos días del inicio de la justa deportiva, las autoridades estadounidenses negaron o retrasaron sistemáticamente los visados de al menos 15 miembros del cuerpo técnico y directivo de la selección iraní. Este bloqueo obligó a la delegación asiática a cancelar su campamento base originalmente planeado en Arizona para instalarse de emergencia en Tijuana, México (Garrido, 2026), demostrando que, mientras la región busca una integración comercial fluida, Estados Unidos mantiene intacta su prerrogativa punitiva de exclusión territorial.
La contracara de esta biopolítica «legítima» es la gestión necropolítica6 Es fundamental partir del concepto de necropolítica de Achille Mbembe (2011), quien expande la biopolítica argumentando que los regímenes actuales operan bajo el esquema de «hacer morir y dejar vivir». En su obra, Mbembe alude a «la cosificación del ser humano propia del capitalismo, que explora las formas mediante las cuales las fuerzas económicas e ideológicas del mundo moderno mercantilizan y reifican [es decir, transforman en un objeto o mercancía] el cuerpo […] las personas, ya no se conciben como seres irremplazables […] sino que son reducidas a un conjunto de fuerzas de producción fácilmente sustituibles” (pp. 14-15). teorizada por Achille Mbembe (2011), que expone sistemáticamente a ciertas poblaciones a la muerte al tratarlas como “desechables” o “prescindibles” en lugar de protegerlas; el Mundial expone crudamente esta contradicción. En Canadá, esta lógica se expresa en la coexistencia entre el enorme despliegue financiero y logístico requerido para organizar el torneo y una población que enfrenta los efectos de una recesión técnica, marcada por el elevado endeudamiento y la baja productividad (El Universal, 2026; Oxford Economics, 2026). Las fallas técnicas registradas durante la jornada inaugural y la escasa asistencia de público evidenciaron esta desconexión entre el espectáculo global y las condiciones materiales de una parte de la población (Proceso, 2026; Contramuro, 2026).
Asimismo, México se presenta como el escenario más evidente de la necropolítica. Este diagnóstico de desprotección soberana se sustenta empíricamente en el informe Radiografía de una crisis humanitaria (CEDIDH, 2026), el cual advierte sobre una emergencia forense colapsada: el país registra más de 128,000 personas desaparecidas y 70,000 cuerpos sin identificar, en un contexto marcado por la impunidad y la violencia. Sobre esta fractura social confluyen las marchas de los colectivos de madres buscadoras, cuyas demandas contrastan con el despliegue de recursos estatales destinados a garantizar la seguridad del Mundial. Mientras el Estado moviliza importantes recursos militares para proteger la infraestructura y la organización del torneo, desatiende la justicia interna, relegando las demandas ciudadanas a un segundo plano e invisibilizándolas frente a la magnitud del megaevento.
Esta tercerización de la violencia estatal halla su centro de gravedad en Estados Unidos, evidenciando que tanto la inclusión biopolítica de las élites como el abandono necropolítico de las periferias no ocurren por accidente, sino que son el resultado directo de una estrategia de securitización. Desde la perspectiva de los estudios de Paz y Seguridad Internacionales, y a partir de la teoría desarrollada por Barry Buzan y Ole Wæver (citados en Does, 2013)7 Formulada principalmente por Barry Buzan y Ole Wæver de la Escuela de Copenhague, la teoría de la securitización sostiene que la seguridad no es un hecho objetivo, sino el resultado de un proceso de construcción social. Como explica Does (2013), mediante este enfoque un actor político con autoridad traslada un tema fuera de los canales de la política normal y de los debates democráticos hacia el ámbito de las medidas de excepción, argumentando que la supervivencia misma del Estado o de la población se encuentra en riesgo inminente. en el marco de la Escuela de Copenhague, el megaevento se instituye como un “acto de habla”8 El concepto de «acto de habla» (speech act) fue acuñado originalmente por el filósofo del lenguaje John L. Austin en su teoría performativa, la cual postula que el lenguaje no solo describe el mundo, sino que lo modifica y ejecuta acciones. En el marco de la seguridad, la adopción de este enfoque implica que comenzar a nombrar institucionalmente algo como una «amenaza» no es un mero acto informativo, sino la ejecución de una acción política que transforma la realidad, suspende el orden legal ordinario y redefine los límites de la libertad ciudadana (Does, 2013). mediante el cual las autoridades construyen discursivamente la existencia de una amenaza que justifica la adopción de medidas extraordinarias de seguridad. Esta designación discursiva permite securitizar la celebración, legitimando la suspensión de las reglas políticas ordinarias para autorizar el despliegue de tecnologías militares y de vigilancia transnacional sin un consenso democrático real.
Empíricamente, esta securitización se materializa en los protocolos antiterroristas de la Guía de Seguridad en Grandes Eventos Deportivos de la ONU (Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo [UNOCT], 2026), caracterizados por un alto grado de reserva institucional y escasa transparencia pública. Así, el torneo devela una proyección regional de la doctrina del Homeland Security9 El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS) fue establecido en 2002 mediante la integración histórica de 22 agencias federales distintas en un gabinete unificado, con el propósito original de centralizar las funciones de seguridad interna, control fronterizo e inteligencia antiterrorista (Department of Homeland Security, s.f.). En el contexto de la crítica geopolítica, la doctrina del Homeland Security describe la tendencia de Washington a proyectar y extender sus fronteras de seguridad interna hacia territorios extranjeros, forzando a países periféricos (como México y Canadá) a asimilar sus protocolos de vigilancia y control migratorio bajo la premisa de resguardar el perímetro norteamericano. estadounidense, subordinando las fronteras de sus socios norteamericanos. Esta arquitectura de control también pone de relieve un evidente doble estándar en la gobernanza internacional. Mientras Rusia permanece excluida de las competiciones organizadas por la FIFA tras la invasión de Ucrania, Estados Unidos mantiene su posición como anfitrión pese a financiar y mantener conflictos globalmente (Panja, 2022); demostrando que el «acto de habla» de la seguridad internacional siempre inmuniza al núcleo geopolítico occidental.
Esta lógica resulta especialmente visible en el papel que desempeñan México y Canadá como «estados pivote”10 En la teoría geopolítica contemporánea, el concepto de «estado pivote» (pivot state) fue consolidado por autores como Chase, Hill y Kennedy (1996) para describir a aquellas naciones que, por su posición geográfica, demografía o integración económica, resultan estratégicamente vitales para los intereses de seguridad y proyección de poder de una potencia hegemónica. En la relación asimétrica de Norteamérica, México y Canadá funcionan como extensiones de contención territorial: operan como zonas de amortiguamiento que absorben crisis migratorias, externalidades macroeconómicas o conflictos diplomáticos para blindar el núcleo de Estados Unidos, comprometiendo su autonomía soberana a cambio de estabilidad e integración regional., concepto introducido previamente para describir a aquellos países que absorben los costos derivados de la estrategia regional liderada por Estados Unidos. Un ejemplo de esta dinámica fue el veto fronterizo impuesto a Irán, que obligó a México a asumir funciones logísticas y diplomáticas derivadas de una decisión adoptada por Washington. En este sentido, la cooperación trilateral en materia de seguridad fronteriza y minerales críticos (Garrido, 2026) refleja una integración regional profundamente asimétrica, donde México y Canadá asumen parte de los costos políticos y estratégicos necesarios para sostener la arquitectura de seguridad impulsada por Estados Unidos.
Conclusión
En definitiva, la narrativa oficial de «Somos 26» y el discurso integrador del soft power norteamericano operan como un espejismo diseñado para legitimar un rediseño securitista a escala continental. Lejos de representar la máxima celebración de la diversidad y el libre flujo global, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se revela como un sofisticado laboratorio geopolítico donde el Estado de excepción se normaliza bajo el amparo del espectáculo.
A lo largo de este análisis ha quedado en evidencia que la infraestructura logística e institucional del megaevento descansa sobre una profunda asimetría. Por un lado, la biopolítica de la hipervigilancia corporativa garantiza corredores seguros, exenciones fiscales y flujos de capital ininterrumpidos para una élite transnacional. Por otro lado, la necropolítica ensombrece a los países coanfitriones, obligados a subordinar sus agendas internas para fungir como “estados pivote”. Mientras Canadá absorbe los costos macroeconómicos frente a una población local precarizada, México es instrumentalizado como el gran amortiguador de las tensiones hemisféricas. El Estado mexicano despliega un cuestionable poderío militar, ejemplificado en la magnitud del Plan Kukulcán, que blinda los estadios y los intereses de la FIFA, mientras invisibiliza su colapsada emergencia forense y la tragedia de más de cien mil personas desaparecidas.
Es precisamente en esta contradicción estructural donde la ontología de la paz continental queda irremediablemente fracturada. Si sometemos este andamiaje a la matriz de Johan Galtung, resulta evidente que la arquitectura del Mundial impone una “paz negativa” —entendida como la simple ausencia de violencia física o disturbios, sin resolver las desigualdades de fondo— punitiva y excluyente. Se trata de una paz ilusoria que se sostiene únicamente mediante la supresión armada del descontento y la militarización del espacio público, garantizando la ausencia de disrupciones al capital, pero criminalizando a los sectores marginados. Washington, consolidado como el arquitecto supremo de este bloque, renuncia deliberadamente a cualquier esfuerzo por construir una “paz positiva” —aquella basada en la justicia social, la equidad y la erradicación de la violencia estructural; lo cual exigiría, entre otras cosas, desmantelar el tráfico transnacional de armas que desangra a México o atender las crisis estructurales de la región—, optando por sostener un esquema permanente de securitización regional.
Por lo tanto, el Mundial 2026 trasciende lo deportivo para consolidarse como un ejercicio de dominación. La gran fiesta cosmopolita no es más que la puesta en escena de un orden regional donde los socios menores asumen el desgaste de la contención periférica. Bajo esta dinámica, el núcleo de poder estadounidense logra escenificar ante los ojos del planeta una Pax Americana, entendida como un modelo de supuesta paz y estabilidad global dictado y sostenido por la hegemonía económica y militar de Washington. Se trata, sin embargo, de una paz artificial que, lejos de unir a Norteamérica en un solo grito, se sostiene silenciosa e implacablemente sobre la violencia sistémica, la erosión de las soberanías y la exclusión de quienes no tienen cabida en las gradas del corporativismo global.
- 1Acuñado por Joseph Nye, el soft power (poder blando) es la capacidad de influir en otros para obtener los resultados deseados mediante la atracción y la persuasión, en lugar de la coerción o el pago. Mientras que la diplomacia (pública o deportiva) actúa como el instrumento de la política exterior, el soft power —basado en los recursos culturales, valores y políticas de un país— constituye el recurso que se proyecta a través de ella (Nye, 2019).
- 2Como señala Tomás Trapé (citado en Sturtz, 2026), el balompié ha trascendido el fenómeno cultural para consolidarse como una herramienta geopolítica central. El punto de quiebre contemporáneo fue el FIFA Gate (2015), escándalo que evidenció que la FIFA operaba en realidad como una plataforma global de negociación política y económica. Esta crisis institucional derivó en la salida de Joseph Blatter y obligó al organismo a modificar sus mecanismos de elección. Desde entonces, la sede de los mundiales es definida mediante el voto de todas las federaciones nacionales, un nuevo sistema democratizado que comenzó a aplicarse, precisamente, con la designación de la candidatura norteamericana para el Mundial 2026.
- 3La diplomacia deportiva es el uso del deporte y de los eventos deportivos como una herramienta de política exterior y poder blando para acercar a las naciones, mejorar las relaciones internacionales, promover la paz y fortalecer la imagen y reputación global de un país» (Instituto Matías Romero, 2025).
- 4El «Plan Kukulcán» constituye la estrategia de seguridad y vigilancia aérea diseñada por el Gobierno de México para las tres ciudades sede del Mundial 2026. De acuerdo con el Centro de Coordinación del evento, la operación contempla la articulación de 20 dependencias gubernamentales y el despliegue de aproximadamente 100,000 efectivos de seguridad (estatales y privados). El esquema incluye la participación activa de la Guardia Nacional y el Ejército en forma de cinturones de seguridad, tres fuerzas de tarea conjunta y agrupamientos de defensa aérea, estableciendo además mecanismos de intercambio de inteligencia operativa directamente con Estados Unidos, Canadá y la FIFA (Quevedo, 2026).
- 5En términos foucaultianos, la biopolítica invierte la lógica del poder soberano clásico para operar bajo la máxima de «hacer vivir y dejar morir», refiriéndose a las tecnologías y estrategias mediante las cuales se administra y regula la vida de las poblaciones. Al respecto, Bernardo Bolaños (2015) específica que el biopoder determina la gestión que ejerce una autoridad política sobre una población en un territorio dado (regulando tasas de natalidad, mortalidad, higiene o capacidad laboral) para controlar los comportamientos productivos y reproductivos. En el marco de los megaeventos deportivos, esta administración se traslada a una escala corporativa y transnacional: se traduce en «hacer vivir» (proteger, optimizar y facilitar el consumo y la movilidad de turistas, atletas y élites) mientras se «deja morir» (se invisibiliza, margina, despoja de derechos o expone al riesgo a las poblaciones no rentables, como los migrantes o los sectores locales precarizados), clasificando así los cuerpos estrictamente según su rentabilidad económica o su nivel de «riesgo».
- 6Es fundamental partir del concepto de necropolítica de Achille Mbembe (2011), quien expande la biopolítica argumentando que los regímenes actuales operan bajo el esquema de «hacer morir y dejar vivir». En su obra, Mbembe alude a «la cosificación del ser humano propia del capitalismo, que explora las formas mediante las cuales las fuerzas económicas e ideológicas del mundo moderno mercantilizan y reifican [es decir, transforman en un objeto o mercancía] el cuerpo […] las personas, ya no se conciben como seres irremplazables […] sino que son reducidas a un conjunto de fuerzas de producción fácilmente sustituibles” (pp. 14-15).
- 7Formulada principalmente por Barry Buzan y Ole Wæver de la Escuela de Copenhague, la teoría de la securitización sostiene que la seguridad no es un hecho objetivo, sino el resultado de un proceso de construcción social. Como explica Does (2013), mediante este enfoque un actor político con autoridad traslada un tema fuera de los canales de la política normal y de los debates democráticos hacia el ámbito de las medidas de excepción, argumentando que la supervivencia misma del Estado o de la población se encuentra en riesgo inminente.
- 8El concepto de «acto de habla» (speech act) fue acuñado originalmente por el filósofo del lenguaje John L. Austin en su teoría performativa, la cual postula que el lenguaje no solo describe el mundo, sino que lo modifica y ejecuta acciones. En el marco de la seguridad, la adopción de este enfoque implica que comenzar a nombrar institucionalmente algo como una «amenaza» no es un mero acto informativo, sino la ejecución de una acción política que transforma la realidad, suspende el orden legal ordinario y redefine los límites de la libertad ciudadana (Does, 2013).
- 9El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS) fue establecido en 2002 mediante la integración histórica de 22 agencias federales distintas en un gabinete unificado, con el propósito original de centralizar las funciones de seguridad interna, control fronterizo e inteligencia antiterrorista (Department of Homeland Security, s.f.). En el contexto de la crítica geopolítica, la doctrina del Homeland Security describe la tendencia de Washington a proyectar y extender sus fronteras de seguridad interna hacia territorios extranjeros, forzando a países periféricos (como México y Canadá) a asimilar sus protocolos de vigilancia y control migratorio bajo la premisa de resguardar el perímetro norteamericano.
- 10En la teoría geopolítica contemporánea, el concepto de «estado pivote» (pivot state) fue consolidado por autores como Chase, Hill y Kennedy (1996) para describir a aquellas naciones que, por su posición geográfica, demografía o integración económica, resultan estratégicamente vitales para los intereses de seguridad y proyección de poder de una potencia hegemónica. En la relación asimétrica de Norteamérica, México y Canadá funcionan como extensiones de contención territorial: operan como zonas de amortiguamiento que absorben crisis migratorias, externalidades macroeconómicas o conflictos diplomáticos para blindar el núcleo de Estados Unidos, comprometiendo su autonomía soberana a cambio de estabilidad e integración regional.
