Por Ximena Sanz Torres, Estudiante de sexto cuatrimestre de relaciones internacionales y estudios políticos en la universidad Del Valle de México.
El planeta tiene 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua, de los cuales el 97,5% corresponden a agua salada y el 2,5% a agua dulce y cubren un 71% de su superficie. En la actualidad, la demanda per cápita de agua está creciendo al mismo tiempo que disminuye la disponibilidad de la misma a causa del precipitado crecimiento de la población y de las industrias. Además, el agua es objeto de los principales conflictos de intereses a nivel internacional y un elemento importante de disputas y enfrentamientos políticos. El agua dulce es la base fundamental para mantener la vida en el planeta, es un derecho humano y también un factor crucial para la conservación del ambiente y la especie humana. Como contracara, este recurso es esencial para poder llevar a cabo las operaciones de empresas e industrias que producen comida chatarra.
La Organización de Naciones Unidas menciona que cerca de 4 mil millones de personas en todo el mundo sufren de escasez de agua cada año. A grandes rasgos, la propaganda sobre el calentamiento global ha dejado claro cuáles son los efectos, las catástrofes y lo que nos espera en el futuro debido a su incremento. Aquello que veíamos como una suposición lejana ya es una realidad, una crisis global que exige soluciones urgentes y que sin duda empeorará a medida que el ciclo de desabastecimiento incrementa.
La problemática del agua dulce radica en que se trata de un recurso compartido y sufre alteraciones por los bienes comunes. La mayoría del tiempo es barata, sin embargo, es gratuita para las industrias y esto puede ser aprovechado por las empresas generando un desbalance para las partes interesadas. Por ello se necesita una gestión eficiente del recurso. La gestión que realiza la Comisión Nacional de Agua en México (CONAGUA), incumple con la obligación de regular la extracción de agua subterránea, así como también, de regular qué cantidad de agua es extraída por las empresas. Otra problemática de este fenómeno es que, debido a que la CONAGUA no tiene un control en la base de datos, se desconoce la disponibilidad de agua en existencia dentro de los recursos hídricos. Desafortunadamente, el Estado Mexicano contribuye a la violación de uno de los derechos fundamentales para la vida del ser humano, al permitir que industrias que se dedican a la venta de alimentos chatarra explote y haga una mala distribución del agua, además, la infraestructura de estas industrias no están en las mejores condiciones, provocando la fuga de millones de litro por minuto. Mientras tanto, se estima que más de 9 millones de mexicanos no tiene acceso a agua potable y que el 24% de los hogares mexicanos no tiene agua todos los días.
¿Sabías que se necesitan 35.4 litros de agua para poder producir medio litro de refresco? Coca Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo, Aga y otras empresas de productos chatarra, extraen 133 mil millones de litros de agua para poder producir comida y bebida. Toda el agua que utilizan las empresas alcanzaría para llenar 16.862 veces el lago de Chapala, el más grande de todo México. La producción de refresco tiene un impacto ambiental negativo.
Se estima que es necesario 28 litros para cultivar betabel (endulzante vegetal), 7 litros para la fabricación de la botella de plástico y 0.4 litros de agua operativa, la cual se utiliza para las plantas de embotellado. La agresiva propaganda de los medios de comunicación manifiesta que la sociedad en su conjunto es la culpable por hacer un mal manejo del agua, y aunque esto no es erróneo, diferentes estudios revelan que el sector agropecuario y las industrias son la principal fuente de fuga hídricas. Por ejemplo, el 90% del costo del agua embotellada se debe a la botella, es decir, sale más caro la producción de la botella que el producto y puede llegar a venderse hasta 10 mil veces su valor. Además, el informe sobre violaciones de derechos humanos al agua potable y el saneamiento de México, menciona que Coca Cola Femsa, pagó 2.600 pesos al año por cada una de sus concesiones.
La planta de Coca Cola más grande de América Latina se encuentra en Toluca y a pesar de su estrés hídrico, se producen más de 300 millones de cajas al año y esta misma tiene permitido extraer 3 mil millones de litros al año. La embotelladora pone en evidencia una vez más la falta de supervisión de CONAGUA sobre las acciones, aun teniendo en cuenta que dicha zona tiene un índice elevado de estrés hídrico. Al respecto, Gustavo Lozano, representante de la organización Acción Colectiva Socioambiental dijo al respecto que “Ese es parte del problema: que si una empresa o un ciudadano tiene autorizado 80 mil metros cúbicos de agua al año no hay quien garantice que extrajo los 80 mil o más. Pues aunque la tecnología existe y hay mecanismos en la ley, no hay suficiente presupuesto como para que desplieguen operativos que permitan vigilar que no se pasen del volumen autorizado». Esta falta de regulación sobre el pago por derechos de explotación de las empresas, indica que el sector público permite este acontecimiento por encima de los derechos fundamentales, cuando podría ser de otro modo si el pago adecuado financiara la distribución del agua potable a comunidades que aún no tienen acceso a ella en la actualidad.
De esa manera, puede estimarse poco ético el hecho de que muchas poblaciones rurales no tengan acceso a agua de calidad y, en cambio, si tengan acceso a bebidas chatarras. Aunado a que, las autoridades ya han implementado políticas públicas para este fenómeno de desabasto, estrés hídrico y sobre todo explotación del agua, aunque el plan de acción que ha desarrollado la CONAGUA resulta ineficiente. Por ejemplo, al establecer estrategias de comunicación, este punto tiene por objetivo informar a la comunidad en general y el sector agrícola sobre el mal uso del agua y verificar que los planes de riego atiendan a la extracción de agua que se les ha autorizado. Además, la mayoría de los objetivos de este plan de acción se basan en el reciclaje y concientización del ciudadano, pero lo que se necesita es que las autoridades correspondientes exijan a las industrias y al sector agropecuario, una extracción justa y responsable del agua, así como también, supervisar la manera en la que operan estas mismas industrias.
Finalmente, se estima importante establecer reformas que regulen el consumo y extracción de las reservas hídricas en México que, sin duda alguna, también son fuente para otros países de América Latina.
