Por: Pablo Algeo y Galo Martín de Luna*
Evidentemente, el cambio ambiental global posee múltiples consecuencias: Inundaciones, incendios, temperaturas a niveles máximos y hielo derritiéndose en la Antártida, son noticias que, lamentablemente, hemos naturalizado, y que son consecuencia del actuar del ser humano. No obstante, si bien el actuar del hombre atenta contra el medioambiente, otro sector de la población dedica su vida a revertir esta situación con el objetivo de evitar un colapso ecológico y generar un impacto positivo.
Pero ser activista en estas causas implica ir en contra de intereses colosales, y esto apareja un número inédito de ataques letales contra estas personas, cifras que continúan en aumento. Según el informe más reciente de Global Witness, 212 personas defensoras del medioambiente fueron asesinadas durante el 2019; 148 de los 212 homicidios ocurrieron en Latinoamérica, evidenciando a Colombia (64 homicidios, es decir un 30%) como principal, y trágico, protagonista.
Créditos de la imagen: Global Witness
Así, nos encontramos frente a una problemática oculta en el trasfondo del conflicto ambiental: la violación a los derechos más básicos de los protectores de derechos humanos en cuestiones ambientales.
Esta situación ha sido sumamente tenida en cuenta a la hora de redactar el Acuerdo de Escazú, es por esto que en su Artículo 9 sobre Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales establece:
“Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo” (Acuerdo de Escazú, Art. 9, 3).
Defensores al frente de la crisis climática
Protestas por el asesinato del activista Samir Flores. | Cuartoscuro.
La ola de activismo juvenil y las huelgas por el clima posicionaron a la crisis climática como un tema primordial en las agendas políticas y mediáticas en estos últimos tiempos; esto, acompañado por hechos ambientales trágicos que han visibilizado aún más la problemática, dándole protagonismo a los defensores de la tierra y del medioambiente, quienes desempeñan un rol vital para la subsistencia del planeta.
Al mismo tiempo, varios gobiernos han estado tomando medidas para reducir el espacio destinado a la protesta pacífica, lo cual se puede ejemplificar con los llamamientos incendiarios de Bolsonaro contra el activismo ambiental en Brasil. (Folha de São Paulo, 2018).
Este conflicto de intereses desemboca en que quienes hoy en día ejercen sus derechos en torno a la defensa y protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente en América Latina y el Caribe se encuentren entre los grupos de personas defensoras de derechos humanos que enfrentan un contexto profundamente vulnerable.
Así, defender los derechos ambientales en esta zona, se torna una actividad peligrosa puesto que estas personas se enfrentan intereses económicos y cuestionan y visibilizan el incumplimiento de las obligaciones de Estados y de empresas respecto a los derechos humanos en contextos de corrupción e impunidad.
Pero, ¿Qué es el Acuerdo de Escazú y cómo protege a los defensores ambientales?
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que busca garantizar, principalmente, el cumplimiento de los denominados “derechos de acceso”. Estos derechos son tres: el derecho al acceso a la información ambiental; el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales; y el derecho a la participación pública en cuestiones ambientales.
Este acuerdo está más allá de ser un simple documento: es un pacto de cada Estado con sus sociedades. Es, en definitiva, un acuerdo ciudadano hecho por y para las personas.
Doce son los países que, hasta el momento, han ratificado el acuerdo (Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay).
No es coincidencia que Colombia, el país con el número más notorio de homicidios de defensores ambientales, solamente lo haya firmado y aún no haya ratificado el mismo.
En cuanto al tema objeto de este artículo de opinión, el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo en el mundo que establece disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, de modo que puedan seguir actuando sin temor a poner en riesgo su integridad física, y su vida.
Esta protección se plasma en el artículo nueve, al que oportunamente hemos hecho referencia en el presente artículo.
Por supuesto, la aplicación del Acuerdo quedará sujeta a las posibilidades de los Estados partes, tal como prevé el artículo trece del mismo, pero es un gran paso de los tantos que faltan para el fortalecimiento de la democracia ambiental.
Conclusión
La democracia ambiental es un horizonte que debemos estar dispuestos a alcanzar. En el logro de este objetivo los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales ocupan un rol trascendental, alientan a la sociedad y contribuyen a potenciar el accionar de los Estados.
Pero también son estos individuos y organizaciones los que se enfrentan a intereses que van en contra del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Esta contraposición de intereses se traduce en ataques mortales hacia los defensores ambientales como hemos hecho referencia a lo largo de este artículo.
El acuerdo de Escazú es un gran comienzo, pero nunca debe ser visto como un techo: debe ser un piso sobre el que regular. Es importante que los países que no han ratificado el acuerdo lo hagan, Colombia debe hacerlo, atento a que es el país con más homicidios ambientales según el informe de Global Witness que hemos citado precedentemente.
Un mundo en el que exista democracia ambiental es un mundo más seguro, creemos que es tarea de todos lograrlo.
Referencias
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”). Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
De Miguel, Carlos et al. 2020. Acuerdo de Escazú: hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe. Santa Fe: Ediciones UNL.
Folha de São Paulo, 9 de octubre de 2018, Bolsonaro diz que pretende acabar com ativismo ambiental xiita’ se for president.
Informe Global Witness. 2020. Defending tomorrow: the climate crisis and threats against land and environmental defenders. Disponible en: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/
*Pablo Algeo es estudiante de derecho en la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Comisión de Ambiente del CEERI. Mail: [email protected]
**Galo Martín de Luna es estudiante de derecho en Universidad Atlántida Argentina. Mail: [email protected].