Brasil y X: el dilema entre la regulación digital y la libertad de expresión

Por Alejo Ortega, estudiante de la Licenciatura en Sociología, Universidad Nacional de Villa María, (Argentina).  Contacto: [email protected] 

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El conflicto entre X (antes Twitter) y el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) -que culminó con el pago de más de cinco millones de dólares en multas-, refleja algunas tensiones inherentes a las plataformas tecnológicas y los estados nacionales, incluso con implicaciones que trascienden lo económico. Este enfrentamiento se originó durante las elecciones presidenciales de Brasil en 2022, un período marcado por la propagación de desinformación en redes sociales. Bajo la dirección de Elon Musk, la empresa fue acusada de permitir y, en algunos casos, de no interceder de manera adecuada sobre la difusión de noticias falsas que criticaban el proceso electoral en curso.

Sin embargo, el 8 de enero de 2023, tras el intento de golpe de estado contra el gobierno democrático de Luiz Inácio Lula da Silva, la controversia escaló en tensiones sociales, judiciales y mediáticas, superando con creces el conflicto inicial entre la red social y el Tribunal Superior Electoral (TSE). Ese día, miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, convencidos de que las elecciones, ganadas por el actual presidente Lula da Silva, habían sido desde poco creíbles hasta fraudulentas. 

Este conflicto podría constituir un claro ejemplo de cómo la acción política contenciosa ha evolucionado en el entorno digital. En tal sentido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no solo facilitan la difusión de información a gran escala y en tiempo real, sino que también permiten la articulación y coordinación de actos masivos en espacios tanto físicos como digitales. Así, se aprovechan las redes sociales y otras plataformas virtuales para movilizar a las bases, coordinar acciones en terreno e influir en la opinión pública mediante la propagación de contenidos emocionales y polarizadores. En el caso brasileño, el uso de estos recursos digitales intensificó la capacidad de ciertos grupos para sostener narrativas de desconfianza hacia el lulismo, las instituciones democráticas, e inclusive coordinar el paso de los reclamos a la esfera pública.

El juez Alexandre de Moraes, quien ya había asumido la responsabilidad de supervisar las investigaciones sobre desinformación desde 2020, tomó medidas contundentes frente a lo sucedido. Como parte de su papel en el STF y el TSE, Moraes ordenó a X eliminar una serie de perfiles y publicaciones que, según su análisis, atentaban contra la legitimidad de las instituciones del país. 

No obstante, en abril de 2024, salieron a la luz los llamados «Twitter Files Brasil», una serie de documentos internos revelados por el periodista estadounidense Michael Shellenberger. Allí, se detallan intercambios de correos electrónicos entre empleados de Twitter relacionados con decisiones judiciales brasileñas que involucraron a la red social entre 2020 y 2022. Los documentos mostraron roces previos entre la plataforma y el sistema judicial brasileño, y fueron el punto de partida para que Musk iniciara una ofensiva pública contra Moraes, acusándolo de censura y sugiriendo que los mecanismos judiciales implementados eran un abuso de poder. Como resultado, el juez incluyó a Musk en una investigación sobre «milicias digitales».

En lugar de cumplir con las disposiciones, Musk alegó que las acusaciones y medidas tomadas por Moraes estaban atacando la libertad de expresión, calificandolo de “dictador malvado disfrazado de juez”. Estas declaraciones públicas le dieron al conflicto un tono personal. En respuesta, Moraes subrayó que las redes sociales no son «un territorio sin ley», debiendo operar dentro de las normativas locales, y que su uso para propagar desinformación o incitar a la desobediencia es inaceptable.

La situación alcanzó su clímax en agosto de 2024, cuando el juez ordenó el bloqueo total de la plataforma X en el país. Además, Moraes amenazó con arrestar a la administradora de X en Brasil, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição, y ordenó su destitución de la gestión de la empresa si no se cumplía con la orden. Estableció una multa diaria de 20.000 reales y una adicional de 100.000 reales por cada perfil que la plataforma desbloqueara en violación de las órdenes del Tribunal Supremo Federal o del Tribunal Superior Electoral. Tras el bloqueo, aumentaron las teorías conspirativas en redes sociales, afirmando que los contenidos «censurados» por el TSF contenían pruebas de un complot para silenciar a la oposición, incluso vaticinando una posible escalada de censura en Estados Unidos liderada por el actual gobierno demócrata saliente. 

Evidentemente estas tensiones trascienden fronteras, con empresas que defienden sus intereses económicos invocando la libertad de expresión, mientras los Estados buscan imponer leyes que, a menudo, pueden restringir a acción de ciertos grupos o individuos. Un caso destacado ocurrió en India, donde el gobierno de Narendra Modi implementó en 2021 estrictas normativas para controlar el contenido en redes sociales, con el argumento de combatir la desinformación y los discursos «peligrosos» para la seguridad pública. Sin embargo, estas regulaciones han sido duramente criticadas por empresas tecnológicas y organizaciones de derechos humanos, que las perciben como un posible instrumento de censura, especialmente en un contexto político adverso para la oposición.

En Estados Unidos, este debate adquiere mayor relevancia tras la suspensión de las cuentas de Donald Trump en Twitter y Facebook, una medida tomada tras el asalto al Capitolio en enero de 2021. Aunque dicha decisión puede ser vista como un esfuerzo por salvaguardar la estabilidad democrática y evitar la incitación a la violencia, también plantea serias interrogantes sobre los límites de la censura política, el papel de estas empresas en la moderación del discurso público y el equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad social en el entorno digital.

Sin importar cómo se distribuya el poder dentro de este binomio de intereses en disputa, la confrontación entre empresas tecnológicas y estados nacionales es una preocupación geopolítica en alza. En un mundo cada vez más globalizado, las multinacionales operan en múltiples jurisdicciones, ámbitos, planos y estratos; y la dispersión y masificación de redes de intercambio y producción han impulsado la independencia geográfica de estas empresas. Lo que les permite adaptarse con flexibilidad a las regulaciones locales -o evadirlas, cuando sea conveniente-. Esto ha generado una especie de vacío regulatorio a nivel global, donde no existe un Estado o un organismo internacional con suficiente poder para imponer un marco regulatorio consistente en todas las regiones donde estas empresas operan. 

Así, la actividad de estos entes multinacionales solo quedan mediadas por la «mano invisible» de las redes informáticas interactivas, cuyos flujos de información y capital son controlados en un 56% por apenas seis grandes corporaciones. Este nivel de concentración del poder económico y de información les otorga a las corporaciones una enorme capacidad de influencia, tanto sobre los mercados como los sistemas políticos y sociales. Algunos gigantes como Google, Amazon, Meta y Apple se han convertido en jugadores geopolíticos por derecho propio, directamente capaces de negociar con estados.

La libertad de expresión en las redes sociales y la creciente preocupación por la difusión de fake news están en un punto cúlmine. En el caso de Brasil, la propagación de noticias falsas sobre fraude electoral y teorías conspirativas es catalogada como una amenaza directa para la democracia. Este escenario plantea una compleja paradoja: por un lado, es necesario regular el contenido que incita al odio y la desinformación; por otro, cualquier intento de regulación podría ser interpretado como una forma de censura. En este contexto, surgiría una pregunta: ¿es posible que el «tuitero» realmente tuitee? Una evocación de la célebre reflexión de Gayatri Spivak sobre la capacidad del subalterno de expresar su voz dentro de estructuras de poder que, de manera sistemática, distorsionan o silencian su discurso.

Spivak argumenta que el subalterno, por su propia condición, no puede hablar en un contexto que no le pertenece, donde el sistema de dominación reinterpreta su voz para ajustarla a sus propias narrativas. De forma análoga, en las plataformas digitales actuales, la voz del ciudadano común se encuentra sometida a los algoritmos que rigen la amplificación de los mensajes y a las políticas corporativas que determinan lo que es “adecuado” para el público. Mientras las empresas tecnológicas sostienen que cualquiera puede expresarse libremente, la realidad subyacente es que esa libertad está condicionada por las reglas de un juego que pocos entendemos en su totalidad.

Las redes sociales han logrado capitalizar la producción masiva de información, privatizando y parcelando el espacio público digital en función de su rentabilidad. Aquel que crea contenido polémico, polarizante o conspirativo ve cómo su voz resuena con mayor fuerza que la de quienes buscan promover un debate informado y mesurado. Así, el twittero se encuentra atrapado en una ironía: su capacidad de «tuitear» -hablar- y ser escuchado está regulada no por su derecho a la libre expresión, sino por su aptitud para atraer la atención de una audiencia cada vez más desensibilizada a la verdad y sedienta de novedades.

De esta forma, el debate sobre la moderación del contenido y la responsabilidad de las plataformas plantea también, una cuestión epistemológica: ¿qué tipo de conocimiento es privilegiado y cuál es marginalizado? En un entorno en el que cualquier afirmación, por absurda que sea, puede circular con la misma facilidad que la verdad comprobada, las distinciones entre lo real y lo falso se vuelven imprecisas. La proliferación de desinformación en contextos electorales, por ejemplo, no es un mero error del sistema, sino una consecuencia inherente a un modelo que premia la viralidad por encima de la veracidad. 

A mi parecer, esto inscribe otra interrogante central: como creadoras del algoritmo, ¿hasta qué punto deben las plataformas tecnológicas ser responsables de lo que trasciende como actos en la vida real y viceversa? El caso de Brasil y X ejemplifica los desafíos globales que enfrentan las democracias en el ciberespacio. Por un lado, las redes sociales, esenciales para la expresión de ideas, se han convertido en vehículos de desinformación, polarización y, en casos extremos, incitación al odio y desestabilización política. Por otro lado, los estados deben regular un espacio virtual dominado por corporaciones con recursos y alcance que superan sus capacidades.

La temática: “libertad” vs. regulación, destaca la necesidad de reimaginar la gobernanza digital global, buscando equilibrar el respeto a las normativas locales, la protección de derechos fundamentales y los mecanismos para mitigar los riesgos en el mundo virtual. El futuro de las democracias dependerá de su capacidad para adaptarse al ciberespacio, donde se redefine la relación entre ciudadanos, corporaciones y estados.

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