El giro hacia la derecha en Sudamérica está reconfigurando las alianzas internacionales de la región. Tras el ciclo de gobiernos progresistas conocido como la marea rosa, el ascenso de fuerzas conservadoras y de ultraderecha ha favorecido el acercamiento de determinados gobiernos a Washington y Tel Aviv (Velez, 2026). Esta tendencia coincide con la reafirmación de la primacía estadounidense en el hemisferio occidental, expresada en el “corolario Trump” de la doctrina Monroe (The White House, 2025), y con la convergencia entre sectores conservadores y corrientes del sionismo político y cristiano.
En este contexto, la expansión de la influencia israelí constituye un fenómeno diplomático y plantea interrogantes sobre la convergencia ideológica, la cooperación estratégica y la capacidad de los Estados sudamericanos para preservar su autonomía y defender consistentemente el derecho internacional.
Aunque el sionismo político y el sionismo cristiano tienen fundamentos distintos, algunas de sus corrientes convergen en el respaldo al Estado de Israel. Mientras el primero comprende tradiciones políticas vinculadas con la autodeterminación nacional judía, el segundo atribuye a Israel un significado religioso a partir de interpretaciones bíblicas. Panotto (2024) sostiene que algunas expresiones del sionismo cristiano se articulan con proyectos políticos asociados con el conservadurismo moral, el anticomunismo y la defensa de una supuesta civilización judeocristiana.
Estas narrativas adquieren relevancia ante el avance de la ultraderecha latinoamericana, caracterizada por su oposición a determinadas transformaciones sociales y culturales y por sus discursos de confrontación con la izquierda (Rovira Kaltwasser, et. al, 2026). En ciertos sectores, el respaldo a Israel se incorpora a esa disputa como símbolo de identidad política y pertenencia a un orden occidental percibido como amenazado. Las posiciones de Javier Milei en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil ilustran estas afinidades, aunque no implican que todos los dirigentes compartan las mismas convicciones religiosas ni que sus decisiones exteriores respondan exclusivamente a ellas (Farooq, 2026).
La dimensión geopolítica emerge cuando estas afinidades contribuyen a legitimar acuerdos diplomáticos, estratégicos y de seguridad. Argentina constituye uno de los casos más explícitos de institucionalización de esta convergencia. En abril de 2026, Javier Milei y Benjamín Netanyahu anunciaron los Acuerdos de Isaac, un marco de cooperación con tradición judeocristiana compartida que contempla acciones contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, además de cooperación tecnológica, comercial y coordinación en foros internacionales (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2026). La iniciativa combina intereses materiales con una narrativa identitaria y se inspira en los Acuerdos de Abraham promovidos por Donald Trump. Su relevancia radica en institucionalizar una convergencia política y estratégica entre Israel, Argentina y otros posibles socios del hemisferio occidental.
Colombia ofrece otro ejemplo de reorientación diplomática. Tras la ruptura de relaciones con Israel durante el gobierno de Gustavo Petro, en mayo de 2024, el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella impulsó su restablecimiento, reanudó el acuerdo comercial bilateral y abrió la embajada colombiana en Jerusalén el 14 de octubre de 2026 (Associated Press, 2026). En agosto, Bogotá también reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado y anexionado por Israel. Esta posición contrasta con la Resolución 497 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (1981), que declaró nula y sin efecto la imposición de las leyes israelíes sobre el territorio. El cambio colombiano cuestiona el principio de no adquisición de territorio por la fuerza y la coherencia de su política exterior con el derecho internacional.
En Perú, la cooperación con Israel también se vincula con prioridades estratégicas concretas. En agosto de 2026, los cancilleres Carlos Espá y Gideon Sa’ar abordaron oportunidades de cooperación en seguridad frente a la delincuencia organizada transnacional, gestión hídrica y preparación ante El Niño (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2026). En septiembre, el país se incorporó al Escudo de las Américas, iniciativa liderada por Estados Unidos para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional (El Peruano, 2026). Ese mismo mes, Perú se abstuvo en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas que permitió la participación virtual de la delegación palestina en el debate general. La resolución obtuvo 152 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones (United Nations, 2026). Esta abstención no demuestra por sí sola un cambio de postura sobre Palestina, pero, considerada junto con otras decisiones, justifica examinar las prioridades y la continuidad de la política exterior peruana.
Sin embargo, la reorientación regional no es uniforme. En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz restableció las relaciones diplomáticas con Israel en diciembre de 2025 (Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, 2025). En Chile, la llegada de José Antonio Kast estuvo acompañada por el retorno de embajadores y la normalización de las relaciones con Israel, tras la postura crítica de Gabriel Boric frente a su actuación en Gaza (Monjardino, 2026). En Ecuador, la cooperación bilateral ha incluido iniciativas vinculadas con seguridad y migración, en un contexto de creciente preocupación por el crimen organizado (Tawil Kuri, 2025). Estos casos muestran que el acercamiento puede responder a motivaciones distintas, que deben analizarse de manera diferenciada.
Estos acercamientos se desarrollan en un contexto de reafirmación del poder estadounidense en la región y limitación de la influencia de potencias externas (The White House, 2025). No obstante, no es suficiente para confirmar que cada decisión de los gobiernos latinoamericanos responde a directrices estadounidenses. En este escenario, la cooperación con Israel adquiere relevancia por sus capacidades en inteligencia, vigilancia, ciberseguridad y equipamiento militar (Farooq, 2026). Sin embargo, el uso de estas tecnologías pone en duda la importancia otorgada a la protección de datos, las libertades civiles y la supervisión democrática. El movimiento Amnistía Internacional (2023) documentó el uso de reconocimiento facial por las autoridades israelíes para vigilar y restringir la movilidad de la población palestina en los territorios ocupados. Aunque este caso no demuestra que las tecnologías exportadas produzcan necesariamente los mismos efectos en Sudamérica, evidencia la importancia de evaluar sus usos, controles y consecuencias para los derechos humanos.
Por tanto, la soberanía no se limita a evitar la intervención militar extranjera: comprende la capacidad de establecer condiciones para la cooperación tecnológica, evaluar sus costes y beneficios y preservar alternativas diplomáticas. Las alianzas pueden fortalecer las capacidades estatales, pero también generar dependencias si el acceso a tecnología, inteligencia o respaldo político queda condicionado por intereses externos. La cuestión central es determinar si estas relaciones amplían la capacidad de decisión de los Estados o restringen su margen de maniobra.
Asimismo, es importante resaltar que un acercamiento bilateral a potencias externas puede profundizar la fragmentación regional. Monjardino (2026) señala que Bolivia y Honduras se retiraron del Grupo de La Haya en marzo de 2026, después de haber participado en su creación junto con otros países que buscaban promover medidas jurídicas y diplomáticas en defensa del derecho internacional y de la población palestina. Estos cambios ilustran la dificultad de sostener mecanismos colectivos cuando sus prioridades dependen de la orientación política de cada administración.
Esta fragmentación no solo debilita la capacidad sudamericana para coordinar respuestas diplomáticas, sino que también abre espacio para que las afinidades ideológicas prevalezcan sobre los principios del derecho internacional. Aunque todavía no puede afirmarse que estos acercamientos respondan a una estrategia coordinada de subordinación regional, los antecedentes recientes merecen atención: cambios en el reconocimiento diplomático, reorientaciones en la cooperación bilateral y alineamientos con iniciativas impulsadas por Washington evidencian que estas alianzas ya están modificando posiciones históricas de algunos países.
La advertencia no es hipotética en todos sus aspectos: varios de esos cambios ya ocurrieron en un periodo relativamente breve. En un escenario de acercamiento de parte de Estados Unidos e Israel hacia la región, Sudamérica debería preguntarse qué intereses orientan estos acuerdos, qué compromisos implican y quiénes se benefician de ellos. Ignorar estas señales hasta que sus consecuencias sean irreversibles sería confundir la cooperación internacional con una garantía de autonomía.
