Por: Melisa Elsinger, Deyanira García, Marcos Pereyra, Agustina Rodríguez(1)

Resumen: En los últimos años, los distintos organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos nacionales han sentado en la base de la discusión y las agendas de gobierno la idea de Desarrollo Sostenible. Esto último, para ser llevado a cabo con eficacia, requiere de la transformación del modelo productivo predominante. En este escenario, la Economía Verde y Circular y la promoción del Empleo Verde se presentan como alternativas para redefinir un modelo que hasta el momento no es equilibrado con el ambiente y es antagónico con la equidad social. Este informe presenta los avances de Argentina, México y Uruguay en esta materia. 

Palabras Claves: Economía Verde,  Economía Circular, Modelo Productivo, Desarrollo Sostenible, Argentina, México, Uruguay.

 

Plan de Desarrollo Productivo Verde en Argentina 

Pensar las oportunidades y ventajas que podría otorgar el empleo verde para los países en vías de desarrollo, relacionándolo con un modelo productivo sostenible que piense en el cuidado del medio ambiente y del único lugar donde está comprobado que podemos vivir los seres humanos, abre la puerta a repensar nuevas nociones y formas de desarrollo. En las últimas décadas, reconociendo la realidad agobiante que viene viviendo el ecosistema, se comenzaron a lograr acuerdos multilaterales en los cuales se establecieron como objetivos, no sólo erradicar la pobreza mundial y los diferentes tipos de violencia, sino también llevar a cabo un modelo de vida mucho más sano. 

A partir de entonces, desde la ONU y otros organismos internacionales se empezaron a elevar propuestas de desarrollo sostenible y equilibrado con el medio ambiente. Surgieron agendas globales, regionales, nacionales y también locales. En este sentido, Argentina en el año 2021 dio un paso importante, al menos en su presentación, con respecto a esta agenda a través del Plan de Desarrollo Productivo Verde (PDPV).

El PDPV es un plan que busca potenciar la economía verde, a través de una inversión de más $10.000 millones destinada a más de 3.500 empresas de diferentes sectores productivos. A través del mismo, se brindará apoyo técnico y financiero para el desarrollo de proveedores en la economía verde, la fomentación de procesos productivos circulares y la debida adecuación ambiental. Es un plan integral que se nuclea en los tres pilares de la sostenibilidad: “prevé, a través del desarrollo productivo, articular la sostenibilidad macroeconómica con la sostenibilidad social, generando puestos de trabajo a partir de la recuperación de la producción nacional, y al mismo tiempo articularlas con la sostenibilidad ambiental” (Ministerio de Desarrollo Productivo, 2021:1). 

El plan está centrado en cuatro ejes fundamentales: 

1) promoción de la industria nacional para la economía verde; 2) el fomento transicional hacia una economía circular; 3) favorecer la producción sostenible de manera competitiva; 4) impulsar la industrialización sostenible de los recursos naturales vinculada al propio desarrollo de los proveedores nacionales y la integración de múltiples actores locales. 

Visto desde lo estratégico, el PDPV se propone como impulsar la movilidad sustentable, la producción de Hidrógeno Verde, la industrialización verde (acero verde, cobre verde, papel verde, entre otros) y hasta la construcción sostenible. Además, se busca generar incentivos empresariales para que se diversifiquen y se conviertan en proveedores de la transición energética. Los planes transversales que se van a desarrollar para llevar adelante el desarrollo productivo verde son el Plan PyMES Verdes; el Plan Nacional de Minería Sostenible y el Plan de Economía Circular. Se espera contar con la participación de actores heterogéneos pero enfocados en el mismo objetivo: el desarrollo sostenible. De este modo, se invita a “diferentes actores del sector público, el sector privado, a los trabajadores, los movimientos sociales y ambientales, las ONGs y la ciudadanía” para la construcción en conjunto de un modelo de desarrollo inclusivo, igualitario y que no provoque grave daños al medio ambiente (Ministerio de Desarrollo Productivo; 2021:2).

Otro de los objetivos del PDVP es fomentar la productividad y la competitividad, a través de la diferenciación de productos, innovación y el ecodiseño, mejorando así el acceso a mercados dinámicos. Al mismo tiempo, favorece “los procesos productivos circulares, la paulatina reducción y la reutilización de materiales en desuso” (Ministerio de Desarrollo Productivo, 2021:3)

Otro de los puntos a tener en cuenta de este plan es la promoción de energías renovables y la producción de maquinarias de origen nacional para sacar el mayor provecho posible y poder reducir el consumo energético como estrategia para mejorar la competitividad tanto a nivel nacional como internacional. Ante los graves problemas del cambio climático, se trabajará en la resiliencia de las pequeñas y medianas empresas para disminuir abruptamente las vulnerabilidades de los sistemas productivos y las economías regionales. Transversalmente se va a profundizar el trabajo que se viene desarrollando a través del Plan Estratégico de Desarrollo Minero, en la cual se busca garantizar su explotación de forma más equilibrada por medio de la incorporación ambiental y con una concepción de minería más sustentable. Por último, se pretende establecer estándares ambientales y exigencias de emisiones para impulsar la competitividad de los productos argentinos, esto bajo el parámetro de la adecuación ambiental, la trazabilidad y la eficiencia de los recursos y energía en la producción. Además de esto, se pretende “impulsar una industrialización de los recursos naturales asociada al desarrollo de proveedores nacionales, con un estricto control ambiental y procesos de inclusión de los actores locales” (Ministerio de Desarrollo Productivo, 2021:3).

¿Cuáles son las acciones que se busca impulsar con el Plan de Desarrollo Productivo Verde?

En las líneas anteriores fueron presentados los objetivos, metas, actores y el papel del Estado en el impulso del desarrollo sostenible. Lo que el PDVP presenta de manera esquemática son las siguientes acciones:

  1. El impulso desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de PyMES sustentables y enfocadas en el empleo verde, para ello se le brindarán capacitaciones y asistencia técnica financiera, para acompañar aquellos proyectos orientados a mejorar el ambiente y el desarrollo sostenible;
  2. En el marco del Programa de Desarrollo de Proveedores se incorporan como sectores estratégicos a los fabricantes de equipamiento para la industria del reciclaje y para el control de efluentes, emisiones y desechos; además de impulsar la fabricación de motores de alta eficiencia energética;
  3. A partir del Programa Soluciona Verde se va a impulsar el desarrollo, implementación o adopción de soluciones, productos o servicios innovadores que hayan sido generados por los sectores de la Economía del Conocimiento, siempre y cuando favorezcan a la transición hacia el desarrollo sostenible, y, por último;
  4. A través del Programa de Desarrollo de la Industria Solar Térmica se pretende fortalecer la oferta de calefones solares con financiamiento y asistencia técnica, la certificación de los productos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); con la cual se va a trabajar para aumentar la capacidad productiva de las cooperativas y PyMES en la valorización de residuos; el impulso de la fabricación local de bicicletas eléctricas; el trabajo en la reconstrucción de un conglomerado de empresas nacionales y la conformación de un Clúster Renovable Nacional.

Carbono Neutral y la relación con el Empleo Verde: El caso del Norte Argentino

En el marco del Plan de Desarrollo Productivo Verde (PDPV) de la República Argentina, el gobierno nacional aseguró en la Cumbre de Ambición Climática 2020 de las Naciones Unidas, que la Argentina será carbono neutral para 2050. Dicha medida es parte de las nuevas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).

La provincia de Jujuy  desde  hace algún tiempo contempla políticas medioambientales en el sector productivo, promueve el cambio en la matriz productiva por una más sustentable, generando empleos verdes en dichos ámbitos. La provincia cuenta con características particulares que la posicionan con ventaja diferencial frente a otros estados provinciales para emprender un camino hacia el desarrollo sustentable y ambientalmente limpio. Una de ellas, tiene que ver sin duda con la ubicación geográfica y de altura que la favorece para determinadas actividades.

Una de las característica, es la innovación en cuanto a la producción energética, a través de proyectos de generación de energía limpia, los cuales ya están en marcha, como los que corresponden a la construcción de plantas solares, ubicados en la Puna Jujeña, con nueva tecnología que va en la línea de la energía renovable; destinadas principalmente a un consumo local, pero también con vista al mercado internacional.

 Otro proyecto que se encuentra en desarrollo, es la implementación de la Ley Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (G.I.R.S.U), que tiene como propósito ofrecer soluciones estructurales y sostenidas en el tiempo en cuanto a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Este proyecto consiste en la recolección y clasificación de residuos en las comunidades y municipios de la provincia, con el objetivo de darle una segunda oportunidad a los residuos inorgánicos, a través de una planta de reciclaje, por otro lado esto permite crear nuevos puestos de trabajos; y de esta manera generar una economía circular. Es decir “Reutilizar los residuos generados ya sea en la misma cadena de producción o en otros procesos”;como también “Valorizar los residuos por medio del Reciclaje, co-procedimientos, el re-ensamblaje u otros procedimientos técnicos que permitan su recuperación y/o aprovechamiento energético” (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, 2019:4).  Políticas que también buscan generar nuevas fuentes de empleo a la población local, ya no de manera tradicional, sino desde un nuevo paradigma con conciencia ambiental, denominados empleos verdes, con una mirada innovadora en dicho sector. 

Estos hechos permiten poder acceder a los bonos de carbono del sistema internacional, permitiendo calificar a la provincia para adquirir así un sello ambiental. A partir de esto, se pudo presentar el programa Jujuy Verde: Carbono Neutral 2050 que  “define un marco de trabajo que permite  alinear estrategias, acciones, sectores sociales, económicos y ambientales  hacia  una provincia más sustentable; institucionalizando de esta manera el abordaje del cambio climático como política de Estado a mediano y largo plazo”(Ministerio de ambiente de la Provincia de Jujuy, 2021:1). 

Dicho programa, en principio se denominaba Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030, el cual tuvo origen con un Decreto Provincial, como una de las primeras acciones del Gobierno de Jujuy en materia de medio ambiente, cuya ejecución estaba a cargo de un gabinete interministerial de cambio climático. El programa  tenía como finalidad “el diseño, la elaboración e implementación de estrategias, proyectos y acciones Políticas Provinciales en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, conforme los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en  el marco del acuerdo de la COP21 celebrado en París en Diciembre de 2015” (Decreto Nº 1169/2016, Provincia de Jujuy).

En conclusión, la provincia de Jujuy viene adoptando políticas para mitigar el cambio climático, impulsando acciones sustentables y basada en un nuevo modelo de desarrollo productivo con perspectiva medioambiental y alentando a la inversión que permita crear empleos verdes.

 

El proceso de transición hacía una economía circular en México 

En el caso de México tanto el gobierno, el sector privado y las asociaciones civiles, han mostrado interés en transitar de una economía lineal a una economía circular. México también ha participado en las Cumbres de acción climática de la ONU y en los planes para llevar a cabo una transformación de las economías de la mano con programas gubernamentales. Asimismo, “México ha ratificado diferentes acuerdos internacionales como: la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París” (Ley General de Economía Circular, 2019, p. 5).

En 2019, el senado mexicano impulsó y presentó una iniciativa pública enfocada en vincular la economía circular y las estrategias del gobierno federal a través de la Ley General de Economía Circular. En donde se señala que se da importancia al grado de contaminación que se tiene en gran medida al modelo económico lineal y a la elaboración de un nuevo modelo de negocio, es decir, el consumo responsable, eco-diseño, adquisición sostenible, etc. (Ley General de Economía Circular, 2019, p.3). Basándose en los 3 pilares de la economía circular: reducir, reutilizar y reciclar. Dentro del nuevo modelo de negocio se incluyen: el plan de manejo de residuos sólidos, el plan de responsabilidad compartida y programas sobre el impacto ambiental a nivel estatal como municipal. Dicha iniciativa sigue en revisión para poder ser aprobada próximamente. 

Por otro lado, en 2019, el Senado y la industria firmaron el Acuerdo Nacional por una Nueva Economía del Plástico, el cual busca establecer nuevos compromisos que impulsen la reducción de los residuos plásticos y fomentar la economía circular. Debido a que México genera 117 mil toneladas diarias del mismo, del cual el 70% es destruido en el ecosistema (Senado de la República, 2019).

En mayo del presente año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) organizó el foro “Economía Circular en México; retos, oportunidades, experiencias y sectores prioritarios hacia un México Circular” donde participaron representantes de los diversos sectores tanto público como privado, la academia, la sociedad civil y organizaciones internacionales. El objetivo principal fue conocer el alcance del prototipo y las bases que se establecerán en México para transitar hacia el modelo de economía circular. María Luisa Albores, secretaría de la SEMARNAT, hizo alusión a profundizar el conocimiento de lo que es la economía circular, pues, tan solo el 35% de los mexicanos conoce el concepto de Economía Circular (Toche, 2021). La secretaria también mencionó que “no solo se apoya el medio ambiente de una forma sustentable, sino también el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad social” (SEMARNAT, 2021). En los foros realizados se ha enfatizado en la importancia de continuar con la iniciativa de la Ley General de Economía Circular y no olvidar los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) indica que el 74% de la biodiversidad con la que cuenta México se encuentra en los tejidos y comunidades de propiedad social. Por lo que integra un eje de sustentabilidad buscando introducir temas sobre el cambio climático, producción amigable con el medio ambiente y negocios verdes. Es importante mencionar que datos de la evaluación nacional de la existencia y potencial de empleos verdes de México señala que “los sectores con mayor índice de trabajo son la silvicultura sostenible y la energía renovable” (Instituto Nacional de la Economía Social, 2019).

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) menciona que México tiene interés en fomentar el desarrollo sostenible, pero no cuenta con programas y políticas que lo apoyen. Actualmente la OIT ha puesto en marcha el programa “empleo temporal para la generación de empleos verdes Ciudad de México” y maneja diversas áreas como: cuidado y recuperación de ecosistemas, limpieza de cauces de río, mejora de caminos rurales, programas sobre educación ambiental, etc. (Sanchez, 2019). 

Finalmente, es importante pensar en la factibilidad de la transición hacía una economía circular en México, debido a que implica la participación de diversos actores y la creación de nuevos estatutos regulatorios. Adicionalmente es necesaria la revisión y aplicación adecuada de las Leyes con las que cuenta México sobre la materia. Por otro lado, resulta crucial las necesidades de cada sector, como menciona Vázquez (2021) “el sector informal es uno de los más importantes para la recuperación de materiales secundarios en México”. Si bien es esencial conocer y aplicar las estrategias que se han logrado en otros países, resulta fundamental que la economía circular pueda adaptarse al contexto mexicano.

 

Economía Circular y Verde en Uruguay 

En Uruguay, desarrollo económico sostenible, medioambiente y equidad social, son términos que resuenan a la hora de elaborar políticas públicas. No quedan fuera de este ámbito la transición hacia una economía verde y circular. Una de las características más relevantes de dicho país es que “en el marco de políticas de sostenibilidad a nivel gubernamental(..).estas políticas, sean de clima, energía, agropecuaria o residuos, poseen una aceptación cuasi unánime en todo el sector político uruguayo”(Ministerio de Industria, 2020). Es tal la relevancia para dicho país, que en el pasado año 2020 se creó el ministerio de Medio Ambiente.  Asimismo, en materia ambiental y de desarrollo sostenible, Uruguay es reconocido internacionalmente por participar activamente y ser ratificador de acuerdos internacionales, tales como el Acuerdo de París, el Protocolo de Kyoto y la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Asimismo, participa activamente del Fondo Verde para el Clima, posee una Política Nacional de Cambio Climático, una Ley General de Medio Ambiente, ha establecido un Plan Nacional de Desarrollo con objetivos al año 2050 y además aprobó su primera Contribución Nacional Determinada a Nivel Nacional en 2017.

En cuanto a Economía Verde, Uruguay  forma parte actualmente de la iniciativa Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE, por sus siglas en inglés) que“busca apoyar los esfuerzos nacionales en la transición hacia economías verdes (social, económica y ambientalmente sostenibles) a través de la promoción y generación de políticas que conduzcan al uso más eficiente de los recursos y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero” (Transforma Uruguay, 2019). Por otro lado, en lo respectivo a Economía Circular destaca el Proyecto Biovalor cuyo objetivo principal radica en transformar los residuos generados por actividades agroindustriales y de pequeños centros poblados con el fin de disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Asimismo, Uruguay posee el plan Uruguay + Circular que de acuerdo al Ministerio de Ambiente “promueve un cambio de paradigma en nuestra concepción y vínculo con los residuos, desde una mirada de economía circular, participación y responsabilidad compartida” (Ministerio de Ambiente, 2021).

En el Plan de Acción de Economía Circular en el Uruguay del año 2019 se detallan algunos pasos importantes dados por el país en esta materia, entre ellos: la conversión de la matriz energética que en 2019 alcanzó un 98% de energía renovable; la promoción del transporte eléctrico, la incorporación de las TICs en el aparato estatal a través de la implementación de los trámites en línea “como forma de desmaterialización de expedientes” y la adopción de la estrategia denominada Uruguay Agrointeligente que apunta al desarrollo rural sostenible, un punto clave para un país en donde gran parte de su producción y exportaciones pasa por dicho sector económico (como los planes de uso y manejo del suelo, los planes de lechería, el monitoreo satelital de aplicaciones, las buenas prácticas en el sector granjero y los ajustes normativos para el uso responsable de agroquímicos) (Transforma Uruguay, 2019).

Otra iniciativa es un posible impuesto a las emisiones de CO2, que de acuerdo a Marcelo Caffera, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, responde a la necesidad de utilizar incentivos económicos para generar un cambio en el comportamiento tanto de empresas como de consumidores (Centro de Estudios para el Desarrollo, 2021). Asimismo, de acuerdo a la Ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbelehce, se está trabajando en la creación de un bono soberano sostenible “que contemple los compromisos de cambio climático que el país ha asumido internacionalmente bajo del Acuerdo de París” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2021).

 

Consideraciones finales

La transición hacia una economía verde y circular supone repensar el modelo económico imperante que a lo largo de los años no ha tenido en cuenta conceptos tales como el desarrollo sostenible. De esta forma, articular las demandas suscritas a través de Acuerdos Internacionales como el Acuerdo de París, el Protocolo de Kyoto o los Objetivos del Desarrollo Sostenible, supone poner en marcha un plan de reformulación de la actividad económica, siendo esta la que produce bienes y servicios de los cuales se derivan grandes emisiones de gases de efecto invernadero que no van de la mano de un medio ambiente equilibrado. De esta manera, Argentina, México y Uruguay, han puesto en marcha distintos planes y programas que apuntan a objetivos concretos. Es así que se destaca de los tres países el hecho de ir más allá de la mera firma de un acuerdo y proponer y cumplir objetivos reales.

En este sentido, un punto de comparación entre los tres países latinoamericanos es el hecho de que todos los planes y políticas públicas elaboradas por los gobiernos nacionales, incluyen participación de la ciudadanía. Esto es importante destacar debido a que la transición de una economía lineal a una circular implica justamente la participación de toda la sociedad para que los cambios sean reales y efectivos. El accionar de la población es el que en definitiva contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, por esta razón, se vuelve imprescindible un cambio cultural y de costumbres. 

Asimismo, el foco en pequeñas y medianas empresas refleja la importancia para estos países de involucrar a todos los sectores de producción de bienes y servicios, sin dejar de lado a quienes no poseen los recursos económicos para incorporar innovación tecnológica. 

Por último, cabe señalar que las propuestas y acciones descritas anteriormente sirven para desmitificar el hecho de que el desarrollo sostenible es incompatible con el crecimiento económico. 

 

(1) Melisa Elsinger: Estudiante Avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Empresarial Siglo 21

Deyanira García: Magíster en Relaciones Internacionales y Diplomacia, Escuela Diplomática de Madrid.

Marcos Pereyra: Estudiante avanzado de Licenciatura en Ciencia Política, Universidad Nacional del Litoral.

Agustina Rodriguez: Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República.

Bibliografía

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