En la última década, la soberanía espacial cobró creciente relevancia en la agenda estratégica de los Estados, especialmente entre aquellos con ambiciones de expansión y monitoreo territorial. En ese contexto, Argentina debe reforzar su presencia con nuevos satélites o arriesgarse a perder capacidad frente a presiones externas y debe evitar la obsolescencia tecnológica. No obstante, la parálisis del satélite ARSAT-3 y las crónicas restricciones financieras evidencian que, sin un esquema económico sostenible, la soberanía espacial queda en meras declaraciones.
Empecemos por el principio, ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.) es una empresa estatal creada en 2006 para desarrollar, operar y administrar satélites geoestacionarios propios, así como para brindar servicios de telecomunicaciones, conectividad y transmisión de datos en todo el territorio nacional. Depende del Estado argentino y fue clave para el desarrollo autónomo de infraestructura tecnológica, en articulación con otras entidades como INVAP.
Este artículo plantea que preservar y ampliar la soberanía orbital argentina requiere repensar a fondo el esquema financiero y administrativo de ARSAT. Se argumenta que un modelo de capital mixto podría ser una buena opción para reactivar el desarrollo del ARSAT-3 y abrir las puertas para financiar la infraestructura terrestre estratégica necesaria para fortalecer la conectividad sobre el Atlántico Sur y América.
La urgencia de avanzar en esta reforma se vuelve aún más clara frente a un panorama internacional donde:
- La militarización del espacio avanza con fuerza, con iniciativas como la Fuerza Espacial de Estados Unidos o el programa chino “la nueva ruta de la seda en el espacio” (Pekkanen, 2019);
- El Atlántico Sur y Antártida se transformaron en un nodo geoestratégico clave, con actores disputándose la hegemonía regional;
- Actores privados como SpaceX o Blue Origin entran al mercado como competidores más rentables en la prestación de servicios.
El objetivo central del texto es demostrar que, sin una ARSAT económicamente sustentable, la Argentina corre el riesgo de perder su capacidad de negociación en foros como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y de ver erosionada su autonomía estratégica en un campo que está siendo disputado por potencias extrarregionales y conglomerados privados con peso propio en la toma de decisiones globales.
- Soberanía espacial como cuestión estratégica
La capacidad de un Estado para proyectar poder y control sobre su territorio se fortalece con el desarrollo tecnológico y científico satelital. Observando el caso de Argentina, contar con una industria satelital consolidada sería ampliamente beneficioso para nuestro país, no solo para cubrir servicios técnicos en telecomunicaciones sobre territorios de difícil acceso, sino también para la preservación de las posiciones orbitales 72° y 81° Oeste, asignados al país por la UIT durante la década de 1990 (ARSAT, s.f.).
Las asignaciones de las posiciones orbitales formaban parte de los proyectos de la empresa NahuelSAT, que logró lanzar con éxito el primer satélite geoestacionario argentino, el Nahuel-1, en la órbita 72° Oeste. No obstante, el segundo satélite previsto para ocupar la órbita 81° Oeste nunca se concretó, lo que dejó a la Argentina en una posición vulnerable para mantener el slot 81° Oeste. Por ello, el país se vio obligado a recurrir al alquiler de satélites (Clarín, 2005).
En este contexto, la extensión geográfica nacional, sumada a la existencia de múltiples hipótesis de conflicto, refuerza la idea de que la soberanía espacial debe concebirse como un interés estratégico nacional, por encima de cualquier disputa político-partidaria. A ello se añade la proyección marítima y polar de la Argentina, con la extensión del Mar Argentino y la Antártida, que totalizan alrededor de dos millones de kilómetros cuadrados, y cuya relevancia se intensifica frente a la ocupación militar británica de las Islas Malvinas, San Pedro y Esquivel. Como sostiene Calderón (2019):
“los intereses geopolíticos en el espacio exterior se podrían llegar a definir como aquellas oportunidades para lograr: 1) la máxima libertad de acción; 2) el desarrollo completo de las capacidades espaciales; y 3) el aprovechamiento de las posiciones geoestratégicas y de los recursos del espacio” (p. 184).
Una de las complicaciones que pudiera tener Argentina en la actualidad es el cambio de paradigma de la exploración espacial debido al involucramiento de nuevos actores estatales y privados. Las nuevas dinámicas evidencian una nueva carrera espacial orientada a la explotación de los recursos espaciales (Vecci Tropea, 2023, pp. 5). Un actor intermedio como la Argentina corre el riesgo de quedar marginado en un contexto de creciente competencia, especialmente si no se logra evitar una nueva pérdida de sus capacidades geoestacionarias.
Cabe aclarar que la pérdida de una órbita geoestacionaria no implica necesariamente que un país «pierda» la órbita como si ya no pudiera usarla nunca más, sino que puede perder el derecho a utilizar una posición específica dentro del cinturón geoestacionario si no lanza un satélite en el tiempo establecido por la UIT. Esto obligaría a retomar negociaciones con la UIT, ya sea para recuperar esa órbita o para obtener una nueva.
- Estancamiento de INVAP y ARSAT
En 2006, a través de la sanción de la Ley 26.092, el poder ejecutivo creó ARSAT, que fue destinada para reemplazar a la empresa privada NahuelSAT, tras su bancarrota en 2004. En 2007, ARSAT e INVAP, una empresa argentina de alta tecnología, firmaron un acuerdo de cooperación para el desarrollo nacional de tecnología satelital. El nuevo proyecto tenía como objetivo construir tres satélites destinados a operar a una altitud aproximada de 36.000 km en órbita geoestacionaria, con una vida útil estimada de 15 años (Marques, 2017, pp. 6).
Luego de 13 años de servicio, el satélite Nahuel-1 fue desactivado en 2010 tras alcanzar el final de su vida útil. Este suceso apresuró a INVAP y ARSAT para implementar sus futuros proyectos. Uno de los hitos más importantes de este desarrollo fue la construcción del Centro de Ensayos de Alta Tecnología S.A. (CEATSA). Su propósito principal fue la realización de pruebas y ensayos necesarios para las capacidades tecnológicas satelitales, que anteriormente se llevaban a cabo en Brasil.
Luego del exitoso lanzamiento del ARSAT-1 desde el Puerto Espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, se procedió a la finalización del ARSAT-2, siguiendo una lógica de diseño y construcción similar. La principal diferencia radicó en la incorporación de tres antenas, en lugar de una sola del modelo anterior, lo que permitió ampliar significativamente su cobertura desde la órbita 81° Oeste, abarcando así una porción considerable del continente americano (Marques, 2017, pp. 10).
Hacia mediados de la década de 2010, el programa espacial argentino mostraba avances significativos. Pero, debido al cambio de orientación política con la asunción del gobierno de Mauricio Macri, el apoyo estatal al desarrollo satelital disminuyó significativamente. A tan solo dos meses de iniciado el nuevo mandato, el proyecto ARSAT-3 quedó paralizado, como consecuencia tanto de la falta de financiamiento como de los cambios en la conducción de la empresa (Liefeldt & Agüeria, 2019, pp. 51).
En la actualidad, ARSAT enfrenta un profundo estancamiento iniciado a comienzos de 2016. Este se manifiesta en múltiples dimensiones: la insuficiencia de equipamiento adecuado para el personal técnico y científico —incluyendo elementos básicos de protección personal—, la congelación salarial, la falta de coordinación efectiva para la ejecución de proyectos estratégicos y, en los últimos años, vulnerabilidad ante ciberataques y hackeos de gran escala (AgenciaHoy, 2025; Clarín, 2022; Página/12, 2025).
- La necesidad de nuevos horizontes
La continuidad del plan satelital argentino requiere decisiones firmes. Sin una reforma del modelo de ARSAT, se arriesga a vaciar su rol estratégico y a frenar el desarrollo de nuevos satélites. La empresa debe modernizarse, atraer inversiones y salir al mercado de capitales sin resignar la participación estatal. Además, debe entenderse como una política nacional sostenida, con un plan estable que trascienda los cambios de gobierno.
ARSAT no puede depender exclusivamente del Estado, necesita incorporar actores privados para consolidar una nueva estructura más estable y autosuficiente, a la vez que menos expuesta a la permanente inestabilidad fiscal argentina que suele afectar los proyectos de largo plazo. Es por ello que urge sumar nuevos socios comerciales y avanzar hacia un esquema híbrido, con gestión privada pero con financiamiento y autoría estatal, necesarias para retomar el proyecto ARSAT-3. En este sentido, se debe evaluar la cooperación con empresas privadas, ya sean nacionales, como Globant, o incluso internacionales. Su participación es necesaria para el desarrollo del proyecto y la prestación de servicios técnicos operativos en América.
