1. Introducción
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en noviembre de 2025 en Belém, Brasil, reunió a la comunidad internacional con el objetivo de concentrar “esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionar recursos financieros, tecnológicos y de capacitación para acciones de mitigación y adaptación en los países en desarrollo” (COP30 Brasil, 2025). El liderazgo de Brasil en la presidencia de la COP30 presenta al país como protagonista en la formulación de políticas climáticas mundiales (Souza et al., 2025), posicionándolo como un referente dentro del sistema internacional.
El actual gobierno de Lula Da Silva se esfuerza por construir una imagen comprometida con la agenda ambiental centrada en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, reducción de la deforestación y el establecimiento de vínculos con países que comparten esta responsabilidad (United Nations Development Programme [UNDP], 2024). Sin embargo, algunas decisiones de política interna contradicen este discurso orientado a promover medidas climáticas más ambiciosas. Desde el 2021, el Congreso de Brasil debate la aprobación de la Ley General de Licenciamiento Ambiental Simplificada. Esta ley implica modificaciones a las licencias estatales otorgadas para el control previo de actividades que, de hecho o potencialmente, contaminan y podrían causar una degradación ambiental (Amado Gomes y Rocha Braga, 2025).
En 2015 el Desastre de Mariana, en Minas Gerais, constituyó una tragedia socioambiental en la cual colapsó una represa de desechos. El derrumbe ocasionó la muerte de 19 personas y contaminó la cuenca del río Doce, alcanzando su desembocadura e incluso el océano Atlántico (Losekann, 2022). Sin embargo, tras el colapso, la empresa responsable obtuvo permisos y licencias para expandir la mina y reanudar sus actividades en octubre de 2019, pese a que las reparaciones de las víctimas aún no habían sido resueltas (Klemens, 2020). Este caso evidencia la importancia de los procesos de licenciamiento ambiental, ya que prevén y evalúan las condiciones en las que se desarrollarán determinadas actividades económicas, con el fin de evitar daños al ambiente y proteger a las personas involucradas.
En un contexto en el que Brasil busca consolidarse como un actor central en la gobernanza ambiental global, resulta pertinente examinar los efectos que podría profundizar la flexibilización del régimen de licenciamiento ambiental. Con este propósito, se analizarán casos vinculados a la industria agropecuaria y al sector energético, ambos pilares fundamentales de la economía brasileña, aunque asociados a impactos socioambientales que ponen en tensión la imagen que el país procura construir.
2. La “Ley de Devastación”
Antes de analizar los casos en específico, se abordará la Ley General de Licenciamiento Ambiental Simplificada (PL 2159/2021), aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores el 17 de julio del 2025 (Senado Federal de Brasil, 2021). Conocida por organizaciones ambientalistas como la “Ley de Devastación”, presenta una reforma que pretende flexibilizar la concesión de licencias ambientales, reduciendo los mecanismos de control y supervisión sobre los proyectos con impacto ambiental.
Por otra parte, la ley presenta críticas respecto a su inconstitucionalidad debido a que desvía las responsabilidades del Estado incluidas en el artículo 225 y 186 de la Constitución Federal (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, art. 225 y art. 186). Estos artículos garantizan el derecho de todos a un medio ambiente ecológicamente equilibrado y establecen el deber de preservarlo para las generaciones presentes y futuras. Asimismo, reconocen la función social de la tierra, entendida como la compatibilidad entre la productividad económica, la preservación ambiental y el bienestar social.
Para comprender la concesión del licenciamiento ambiental es necesario considerar su naturaleza jurídica híbrida, que combina aspectos técnicos y políticos (Antunes, 2023). Los primeros se relacionan con los estudios previos destinados a prever las consecuencias de determinados proyectos sobre el ambiente, mientras que los segundos se vinculan con las posiciones e intereses de los distintos actores involucrados.
En este marco, organizaciones ambientalistas como el Observatório do Clima manifestaron su preocupación por el PL 2159/2021, señalando que 42 de los 66 artículos aprobados presentan deficiencias significativas (Vargas, 2025). Entre las principales modificaciones de la norma se encuentran la ampliación de actividades y empresas exentas de licencia ambiental, la implementación de mecanismos autodeclarativos por parte de las empresas, la unificación de etapas en materia jurídica ambiental y la reducción de las audiencias públicas de consulta (Senado Federal de Brasil, 2021). Según sus críticos, estas disposiciones debilitan los mecanismos de control estatal y limitan la capacidad de prevenir impactos socioambientales sobre las poblaciones afectadas.
2.1 Pesticidas perjudiciales
El agronegocio es una parte fundamental de la economía brasileña que, según el informe del IBGE de 2025, corresponde a un 11.7 % del PIB, generando empleo para millones de habitantes y brindando importantes inversiones privadas (Infocampo, 2024). Además, según una encuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2021 Brasil utilizó más plaguicidas que China y Estados Unidos juntos, con un total aproximado de 719.500 toneladas (Meneses y Piva, 2025), lo que evidencia el alto grado de dependencia de la economía brasileña respecto al uso de agroquímicos. Sin embargo, la utilización de determinados pesticidas puede ser perjudicial para la salud de las personas, para los alimentos y ecosistemas enteros.
Mato Grosso do Sul es uno de los estados brasileños cuya economía se encuentra fuertemente orientada a la actividad agropecuaria, a la vez que concentra comunidades indígenas quienes dependen del trabajo de la tierra para subsistir. En este contexto, el uso incontrolado de plaguicidas genera una contaminación ambiental generalizada que afecta al agua, el suelo y las familias que viven alrededor. Aunque algunos estados como Ceará cuentan con normativas que restringen la fumigación aérea (Ley N° 16.820/2019), en Mato Grosso do Sul la expansión de la agroindustria aún constituye uno de los pilares de la economía regional, lo que dificulta la implementación de mayores controles ambientales (Giovenardi et al. 2025). Asimismo, Scheuer et al. (2024) señalan, a partir de entrevistas realizadas en el municipio de Cáceres, el limitado conocimiento sobre la legislación ambiental entre los trabajadores rurales.
Además, el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria), que se encarga de organizar las propiedades rurales del país, constantemente recibe críticas por parte de estos trabajadores rurales por interferir con el desarrollo de sus actividades. Esto sucede mediante la falta de registros formales obligatorios que posibilitan la compra y venta ilegal de lotes a nuevos moradores para utilizar la tierra sin la función social de producir una agricultura familiar (Scheuer et al., 2024).
2.2 Capital energético
El consumo de energías primarias en Brasil destaca por el elevado uso de fuentes renovables: 29% proviene de la hidroeléctrica y 21% de otras energías renovables, lo que representa una baja participación de combustibles fósiles en su matriz energética, algo poco común entre las principales economías del mundo (Wright, 2026). Sin embargo, las medidas que están llevando adelante las empresas de energía renovable resultan insuficientes frente al objetivo de enfrentar la crisis climática, debido a los procedimientos que utilizan.
La comunidad Quilombola de Pitombeira, en la región semiárida del estado de Paraíba, experimentó los impactos resultantes de la instalación y operación de un parque de energía fotovoltaica (Aragão et al. 2025). Los asentamientos de familias rurales que trabajan la tierra con múltiples cultivos para su supervivencia se ven amenazados por la tala de bosques nativos y la demolición de montañas con explosivos llevando al establecimiento de un «monocultivo energético», donde la tierra pierde su función social y se somete a intereses corporativos (Alves, 2023).
Asimismo, estas empresas energéticas se acercan a los propietarios de las tierras de forma individual, para así evitar la toma de decisión colectiva y llegar a acuerdos con cláusulas de confidencialidad. Esto ocurre tanto en la comunidad Quilombola como en el municipio de Santa Luzia, también ubicado en Paraíba, donde las empresas invitan a negociar contratos de arrendamiento a personas con escaso nivel educativo y pocos recursos para consultar con abogados (Maia, 2022). La transformación de la tierra y la pérdida de su uso, constituye un falso discurso de sustentabilidad en donde los recursos ambientales continúan siendo explotados a costa de la producción de importantes firmas, lo que puede llevar a consecuencias irreversibles para el ecosistema en el que se instalan.
3. Conclusión
La política interna de Brasil aún presenta problemáticas socioambientales que evidencian uno de sus principales desafíos: el insuficiente control estatal en el manejo y la utilización del territorio. En este contexto, la denominada Ley de Devastación contribuye a profundizar esta situación, dado que transforma la responsabilidad jurídica del Estado y debilita su deber de supervisión al facilitar el otorgamiento de licencias ambientales sin los mecanismos de control necesarios.
En contraposición, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece la obligación de los Estados de informar y consultar a los pueblos indígenas sobre aquellas medidas susceptibles de afectarles (Alves, 2023). Del mismo modo, los compromisos asumidos en la COP30 sostienen que las partes deben “promover la educación, la formación y el acceso a la información para aumentar la conciencia pública y fomentar la participación pública en la acción climática” (COP30, 2025). En este sentido, la discrepancia entre las posiciones adoptadas por Brasil en instancias internacionales y las reformas impulsadas en el ámbito interno evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y democratización de la información, en lugar de consolidar marcos normativos que profundicen la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas.
