Por Natalia Giselle Flores, estudiante Licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad Abierta Interamericana, Argentina. Contacto: [email protected]
Cita sugerida: Flores, N. (26 de abril de 2024). El periodo preelectoral en Venezuela y su falsa democracia.. Entre las palabras y la realidad. [Columna de opinión]. Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales. URL: https://www.ceeriglobal.org/el-periodo-pre-electoral-en-venezuela/
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Basados en la premisa de que la estabilidad y la seguridad en un Estado constituyen uno de los pilares fundamentales de una democracia sólida, y tal como se hace referencia en el estudio sobre el derecho electoral en América Latina, donde se expresa que “la mera existencia de gobiernos elegidos democráticamente y la preservación de las instituciones democráticas y sus reglas de juego no son per se un índice de consolidación democrática”, podemos analizar la propuesta del proyecto para la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones similares [¹], presentada recientemente por la vicepresidenta ejecutiva de la República de Venezuela, Delcy Rodriguez, como un claro ejemplo de la utilización de las vías democráticas y legales de un Estado para censurar, detener o desaparecer la oposición política, en el marco del periodo pre electoral en Venezuela.
Claramente se puede contextualizar la falta de garantías democráticas del gobierno de Nicolas Maduro, donde el camino hacia las elecciones presidenciales está marcado por la controversia. Ejemplo de ello es la denuncia de la figura opositora Corina Yoris, quien alega que se obstaculizó su inscripción como candidata por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)[²]. Otro caso es la detención de Rocío San Miguel, a principios de 2024, abogada y activista de derechos humanos, bajo acusaciones de intento de asesinato contra el presidente [³]. En el mes de abril, también se dio curso a la detención de tres miembros y participantes activos de la campaña en el estado de Portuguesa. En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y llamó la atención de la comunidad internacional, que observa con profunda preocupación una realidad diametralmente opuesta a la descrita por el gobierno venezolano. Una narrativa contradictoria donde las declaraciones oficiales sobre supuestas elecciones competitivas, democráticas y transparentes contrastan drásticamente con las acciones concretas del gobierno, las cuales generan incertidumbre y temor, tanto dentro como fuera del país [⁴].
Es por esto que la comunidad internacional exige al gobierno venezolano un compromiso genuino con acciones que promuevan la democracia y el respeto a los derechos humanos. Organizaciones internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro de Derechos Civiles y Políticos (Centro CCPR), Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, Amnistía Internacional, Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Oficina de Washington para América Latina (WOLA), entre otras, están comprometidas en buscar soluciones viables al desafío de brindar apoyo a las personas que son perseguidas por oposición política [⁵].
Como consecuencia de la situación electoral y política actual en Venezuela, se puede confirmar la premisa de que: “en el ámbito internacional, una variada serie de factores (re)fuerza el desarrollo democrático en Latinoamérica: los regímenes dictatoriales experimentan de un mayor descrédito, la solidaridad entre las democracias del subcontinente fue en aumento y el mantenimiento de la democracia ha sido introducida como cláusula condicional de acuerdos, tratados y el otorgamiento de créditos”. Es por eso que el proceso democrático en Venezuela termina por incumplir el Acuerdo de Barbados [⁶], el cual promociona los derechos políticos y las garantías electorales, pero que fue violado de forma grosera, poniendo en riesgo el futuro de una posible democracia.
La observación internacional juega un papel crucial en la verificación del cumplimiento de las normas electorales [⁷], por eso es acertado preguntarnos ¿hasta cuándo Venezuela soportará las consecuencias de un Estado que levanta falsamente la bandera de elecciones democráticas para mantener un régimen autoritario?
En conclusión, la defensa de los principios democráticos es una responsabilidad compartida de la comunidad internacional, y la utilización de herramientas de presión sobre gobiernos autoritarios, resulta fundamental para promover una real transición democrática y con ello promover el desarrollo de sociedades de formas justas y equitativas.