La situación actual de los derechos humanos en Myanmar

Por Alejandro Solís Ruiz, Bachiller en Relaciones Internacionales, Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. 

Cita sugerida: Solís, A. (02 de agosto de 2024). La situación actual de los derechos humanos en Myanmar [Columna de opinión]. Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales. URL: https://www.ceeriglobal.org/la-situacion-actual-de-los-derechos-humanos-en-myanmar/ 

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Han pasado tres años y medio desde que, el pasado 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar perpetró un golpe de Estado, a través del cual depuso y encarceló a la mandataria democráticamente electa y ganadora del Nobel de la Paz de 1991, Aung San Suu Kyi. Como consecuencia, una Junta Militar tomó el gobierno. Desde entonces, la situación de los derechos humanos y la protección a las minorías étnicas se ha deteriorado con el curso de una guerra civil, que amenaza aún más la paz y la seguridad nacionales. Esta coyuntura se trata de una constante histórica, para la cual es fundamental comprender la relación del ejército con el gobierno y el porqué adoptar la democracia hasta ahora no ha sido posible en Myanmar.

Si bien Myanmar se convirtió en un parlamentarismo tras su independencia, en 1948, y lo mantuvo por catorce años, el país no ha tenido una democracia desde el golpe de Estado de 1962. El formar un gobierno siempre ha sido una tarea difícil debido a la enorme diversidad étnica. Myanmar ha atravesado “procesos de democratización” siempre bajo la tutela del Tatmadaw (las Fuerzas Armadas de Myanmar), en los cuales el Ejército ha ido concediendo ciertas libertades. Sin embargo, para enfrentar las protestas a favor de los derechos humanos, los militares han recurrido a la represión mediante la violencia y al fortalecimiento del totalitarismo. Para 2023, el Tatmadaw había asesinado a más de 4.000 personas, en su mayoría civiles, a modo de castigo colectivo. Además, se normalizaron las capturas de personas que se oponían al golpe de Estado [¹]. Dicho panorama evidencia el irrespeto al derecho a la manifestación pacífica, una de las libertades fundamentales que todo sistema democrático debe garantizar.

Hablar de instaurar una democracia en Myanmar es complicado, puesto que involucra la variable religiosa, la territorial y la histórica, entre otras. No obstante, puede decirse que la mayor parte de la población apuesta por la democracia, por ejemplo, a través de las continuas manifestaciones populares ―como las de 1988― y los resultados de las elecciones generales. En las elecciones de 2015, el voto popular otorgó el 86% de los asientos del parlamento a la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, obteniendo una “supermayoría”. Posteriormente, en las elecciones de 2020, la LND obtuvo 3 asientos más que en las elecciones de 2015. A causa de ello, el Tatmadaw desconoció las elecciones y se produjo el golpe de Estado, en febrero de 2021.

La guerra civil de Myanmar es la respuesta de los grupos rebeldes contra el golpe de Estado perpetrado en 2021. En consecuencia, la Junta Militar ejecuta acciones como la imposición de estrictos toques de queda o el ataque a los opositores. Así, la gestión de los derechos civiles y políticos continúa siendo lo que más compromete la vida de los ciudadanos y lo que más impacta a la comunidad internacional. Para fines de 2023, la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos estimó que 20.000 personas ―entre activistas políticos opositores, estudiantes, periodistas y otros grupos perseguidos―, permanecían encarceladas. Además, 148.000 rohingyas y de otras etnias musulmanas continuaban desplazados y bajo un sistema de segregación estatal constitutivo de una especie de apartheid [²].

Si bien es cierto el gobierno birmano reconoce 135 grupos étnicos, también los distribuye en ocho “razas étnicas nacionales”. No obstante, las minorías étnicas conforman entre el 40% y 60% de la población, y muchas de éstas no son reconocidas [³]. De este modo, el gobierno les niega la ciudadanía, despojándoles de sus derechos humanos, y sometiéndolos a vulneraciones que distintas ONGs, organismos internacionales e incluso Estados han llegado a catalogar como genocidio. El caso más conocido es el de los musulmanes rohingya, quienes no son reconocidos por Myanmar ni por Bangladesh, lo que los ha llevado a ser considerados la minoría étnica más perseguida del mundo.

Desde 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado tres resoluciones dirigidas a abordar la situación de los derechos humanos de los musulmanes rohingya y otras minorías en Myanmar; mientras que el Consejo de Seguridad ha aprobado solamente una. Si bien las resoluciones enfatizan el empoderamiento de organismos de la ONU, de convenciones anteriores y de la cooperación internacional para solucionar la crisis, hay una falta de concreción en sus formas que no ha permitido la obtención de resultados duraderos. Para 2022, los expertos las calificaron como insuficientes, señalando que, de no haber una acción fuerte y orquestada de la comunidad internacional, la masacre sería aún mayor []. Las resoluciones resaltan las muertes extrajudiciales, el desplazamiento forzoso de 902.000 musulmanes rohingya, la esclavitud sexual, las restricciones del ejercicio de la libertad de religión, expresión y asamblea pacífica, entre otros [].

En abril de 2021, los líderes de ASEAN aprobaron el Consenso de los Cinco Puntos (Five-Point Consensus), el cual estableció una breve lista de cinco acciones concretas para abordar la crisis en Myanmar. El Jefe de la Junta Militar de Myanmar, el Gral. Min Aung Hlaing, participó en dicha cumbre. Un año después, “[el Jefe de Estado de Myanmar] había desafiado cada punto mientras supervisaba una brutal opresión a nivel nacional destinada a reprimir a las millones de personas que se opusieran al régimen militar” []. En la actualidad, las políticas exteriores de los estados de ASEAN se presentan como la herramienta más inmediata para apaciguar la situación. Por ejemplo, el nuevo gobierno de Tailandia, coincide con el de Laos en insistir que el proceso de paz en Myanmar sea dirigido de manera interna y autónoma, pero contando con el apoyo de ASEAN, a través de una quiet diplomacy [].

El gobierno militar ha condicionado durante décadas los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la población, derechos que no pueden manifestarse, y que se suman a las vulneraciones a los derechos civiles y políticos (DCP). Ello ocasiona que Myanmar sea uno de los cinco estados con menor libertad humana en el mundo []. Acciones como la reciente imposición del servicio militar obligatorio o la posposición de las elecciones generales de 2023, siguen siendo muestra de la falta de compromiso del gobierno con los derechos humanos. Dentro de la región emergente del Sudeste Asiático, la Junta Militar deberá ponderar el perjuicio que representa el mantener un régimen tan ajeno a los derechos humanos con el inmenso potencial del país dentro de la región donde se encuentra ubicado.

Este es un artículo de opinión. Las opiniones y contenido no reflejan o representan necesariamente la postura del CEERI como institución.

2024-08-02T10:48:55-03:00

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