Por: María Cristina Drube. Formada en la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba. Con Certificados y Diplomatura en Derecho Informático, Derecho Internacional y liderazgo político.
Cuando hablamos de Cooperación Internacional nos referimos a las acciones conjuntas basadas en relaciones de amistad y alianzas estratégicas forjadas entre países, regiones, organismos y actores diversos, para el desarrollo económico, institucional y social de un Estado.
Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, las trágicas consecuencias humanas, económicas y políticas acaecidas, provocaron una toma de conciencia de los países involucrados para eliminar la utilización de la guerra y los conflictos armados como medio de resolución de intereses contrapuestos entre los Estados soberanos. Al mismo tiempo, se fueron instaurando los medios formales de cooperación entre naciones, sirviendo como base para el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que nacía con el propósito de solucionar los conflictos más importantes de la humanidad (salud, seguridad, derechos humanos, emergencias humanitarias; y más adelante temáticas actuales como el cambio climático, el desarrollo sostenible o el terrorismo).
Pero ante estas primeras intenciones de asistencia recíproca, cabe cuestionarnos, ¿Cómo la Organización de las Naciones Unidas u otras Organizaciones Internacionales, pueden funcionar plenamente en un marco donde se boicotea permanentemente la cooperación entre Estados, en donde las necesidades perduran más allá de un momento de catástrofe o coyuntura particular, o donde no se solucionan los problemas de origen, sino que se atienden los intereses del momento?
La Cooperación Internacional para el Desarrollo, implica la movilización de recursos financieros, técnicos y humanos para resolver problemas específicos del desarrollo, fomentar el bienestar y fortalecer las capacidades nacionales. El Estado donante, debe contar con un mayor nivel de desarrollo para poder ser capaz de brindar y asistir las necesidades de un país receptor.
Para poder erradicar la pobreza, la falta de educación, la carencia de salud, la inseguridad, primero hay que procurar la eliminación de la corrupción, priorizar intereses individuales de los Estados, para así no explotar de manera perjudicial los recursos de los países que luego necesitarán ayuda. Ya que si no, se convierte en un círculo sin fin, y por sobre todo sin final feliz.
Las noticias de estas semanas nos muestran imágenes de un terremoto que llega a agudizar la crisis en Haití, una catástrofe que viene a enmarcar otra catástrofe que sucede hace años en la isla caribeña. La crisis aguda de Haití no está dada sólo por los desastres naturales con los que convive, también, un mes antes a la catástrofe natural el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su casa, dejando el país en un estado de confusión política, mayor violencia en la nación y un empobrecimiento de magnitud exacerbante.
Estos sucesos no están desligados del hecho de que Haití sea uno de los países con menos recursos de todo el continente americano. Es una circunstancia crítica en el sentido de que la situación de origen dificulta toda posible ayuda y un mantenimiento o crecimiento para el desarrollo posterior del país. Vemos cómo varias zonas siguen a la espera de la llegada de ayuda humanitaria, que además de ser zonas de difícil acceso, la carencia de carreteras y la imposibilidad de transitar los caminos existentes complican la provisión de suministros. No hablamos sólo de la carencia en alimentos, seguridad e higiene sino también de la falta de infraestructura que sufre el país, que se agravan con las catástrofes naturales y que dificulta las vías de ayuda.
Siguiendo con este ejemplo, podemos decir que para poder analizar la Cooperación Internacional primero debemos establecer de manera clara el estado de desarrollo de un país receptor y los esfuerzos propios de cada fuente cooperante. Así también, dentro de la cooperación internacional, nos encontramos con una acción de responsabilidad ante las desigualdades entre naciones desarrolladas y en vías de desarrollo, y en cómo contribuir con políticas nacionales para poder así disminuir las desigualdades económicas, sociales y culturales donde muchos países todavía sufren realidades de marginación, pobreza y exclusión.
Pero, tan importante como analizar la situación y el nivel de desarrollo de los países intervinientes y el tipo de asistencia brindada, es vislumbrar el cumplimiento o no de las normas, costumbre y principios internacionales que regulan la materia que nos compete. El desarrollo de un país no sólo depende de las vinculaciones a nivel económico si no de otras dimensiones causantes de las desigualdades e injusticias vividas por los pueblos en estado de subdesarrollo. Debemos hablar de cambios políticos normativos y de respetar las costumbres y normas internacionales que tienen influencia en la constitución del sistema internacional e influyen directamente en los países periféricos.
Esta temática podemos relacionarla con otra crisis actual, que es la vivida en Afganistán, que acarrea perjuicio para las mujeres, los niños y la población en general. Hay que enfatizar que en Afganistán subyace una cultura que sigue generando prohibiciones, violencia, intromisiones a la mujer y demuestra ser uno de los lugares más peligrosos para la infancia. UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) nos dice “preocupan las graves violaciones a los derechos de niños y niñas, hay reportes que indican que niños estarían siendo reclutados por grupos armados. Y desde el aspecto psicológico muchos están traumatizados tras vivenciar y ser testigos de las atrocidades cometidas contra sus seres queridos”. Además, no hay una constitución con derechos sino que lo que rige es un manual de prohibiciones fundamentalistas a la cual los ciudadanos deben someterse.
Ahora bien, sobre la pregunta ¿Qué clase de cooperación internacional estamos brindando? No solo deberían tener fuerza e implicancia las variables económicas, sociales y culturales a la hora de constituir una cooperación entre Estados, si no que también debemos tener en cuenta el sistema de principios, normas y costumbres internacionales.
Hasta qué punto la soberanía de los Estados y la no intervención en los asuntos internos de cada país se contrapone con otros principios y normas imperativas permitiendo la corrupción total de los derechos básicos de las personas. Y hasta qué punto es válido cuestionar estas normas imperativas de gran relevancia para el sistema internacional sin que sean manipuladas de una manera dolosa por las potencias y se produzca un retroceso a una especie de colonialismo.
Si globalmente el mundo tiene nuevas necesidades, conexiones y vacíos, hay que adaptarse y regular a la sociedad internacional en concordancia con tales exigencias. Cabe plantear si una flexibilización a la no intervención a los asuntos internos de un Estado, que como norma imperativa a veces permite la falta de humanidad con la que se vive, puede ser una delgada línea entre un cambio cultural positivo para un pueblo sometido, o un abuso incontrolado de intereses contrapuestos entre Estados soberanos.
Si bien es utópico querer modificar una cultura del terror, se podría ir más allá de la simple protección diplomática, asilo, refugio y resguardo temporal de las víctimas. ¿Por qué la débil vinculación legal internacional permite que el fuero interno de un Estado con una cultura atroz permita tal fatalidad?
No es fácil simplificar un sistema complejo donde la humanidad se encuentra dividida entre el poder, las conveniencias, los intereses y la desigualdad que esos factores generan. Es un impacto tanto a nivel nacional como global. Para poder interpretar la política interior de un país también debemos comprender la naturaleza de los vínculos entre los intereses económicos, sociales y culturales de los nacionales con la economía mundial y así también, los cambios que se generan en dichas vinculaciones.
Desde esta soberanía entre iguales, y las relaciones de poder entre un Estado donante y otro receptor también surgen un conjunto de obligaciones y normas donde ambos Estados deben rendir cuentas. Pero ¿Qué intereses se encuentran detrás de estas asistencias? ¿Cuál es el éxito detrás de cumplir los objetivos y producir el desarrollo de los países deprimidos en pobreza? ¿Qué grado de intervencionismo vemos en los Estados receptores de asistencia los cuales adquirieron el “derecho” a recibir dichos flujos de ayuda, pero sobre la base de promover los cambios requeridos a nivel de sus estructuras políticas, económicas y sociales?. Y por último, y no menos importante, ¿hasta qué punto es un intervencionismo positivo, moral y benévolo?.
Creo que no debemos ver cómo un aspecto negativo que el Derecho Internacional Público genere un intervencionismo flexible, o una pérdida parcial de soberanía estatal, mientras el objetivo de tales concepciones sea en pos de lograr la paz y las relaciones armoniosas entre las naciones, la estabilidad conferida por un orden normativo y la defensa y resguardo de los Derechos Humanos, y siempre que se respeten los límites impuestos por estas normas imperativas del Derecho.
La falta de cumplimiento de este ordenamiento jurídico, los intereses y los conflictos entre las naciones que entran en juego, se caracterizan por la contradicción entre ayuda material efectiva, y el incumplimiento de tales compromisos. Si lográramos un respeto y sostenimiento efectivo de lo antes dicho, lograríamos objetivos extraordinariamente altruistas cómo erradicar la pobreza, promover la salud, la educación y un desarrollo social, cultural, y económico global.
No debemos mirar a la Cooperación sólo desde la perspectiva de realizar resultados útiles para incrementar el desarrollo y la calidad de asistencia. Sino también un actuar preventivo frente al impacto que los intereses contrapuestos e individualistas de un estado propone. No solo buscar el impacto positivo que puede crear la ayuda en cada situación concreta. Si no erradicar el perjuicio desde sus orígenes.
Fortalecer relaciones entre las entidades implicadas, diagnóstico de necesidades, objetivos de actuación y distribución de recursos para lograr que la participación activa beneficie a una comunidad humana universal que incluye a todos y cada uno de los seres humanos, sin excepción.
Referencias
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