Por: Lic. Hebe Lis Navarro

 La estrategia del Reino Unido para enfrentar al coronavirus se tornó polémica en cuanto a las consecuencias que podría desencadenar en la mortandad de la población. Pero principalmente dejó entrever lo que subyace al análisis interno de cada país ante la urgencia de decidir con prontitud las medidas que se tomarán al respecto: en qué grado éstas afectarán a la economía local y qué prioridad tendrá el factor económico en el contexto de gestión de crisis.

El Reino Unido es un territorio comprendido por cuatro naciones constitutivas: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, y constituye la quinta economía mundial y la segunda más grande en Europa, detrás de Alemania. La crisis sanitaria que azota al mundo significa que, una vez más, deben prorrogarse los intentos del primer ministro Boris Johnson por mejorar las condiciones del Estado y reafirmar un patriotismo intrínseco a través de las constantes batallas superadas para culminar el Brexit, o salida del bloque común europeo. Queda claro que no se pueden eludir, mediante conjeturas economicistas, las secuelas políticas y sociales que dejará el coronavirus tras su paso.

El gobierno del Reino Unido debió corregir su estrategia contra el coronavirus a partir de la difusión de un estudio del Imperial College de Londres -uno de los centros que está trabajando en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19-, en medio de presiones de la población europea y con el sentido humanitario que debie primar más allá de la depresión que sufrirá, como otras, la economía británica. El estudio constata lo que a estas alturas es de público conocimiento: la única “estrategia viable” es emular el modelo de “supresión” aplicado en China, donde se detectaron los primeros casos del virus, y que implica el aislamiento de toda la sociedad, más allá de los correlatos económicos que se originen de tal freno a la actividad.

El primer paquete de medidas que había propuesto el ejecutivo británico se lanzó en un panorama ya desalentador para la región europea y frente a un aumento irrefrenable del número de muertos ocasionados por el virus. Aun así, las medidas fueron austeras y relajadas y diferían de las adoptadas por otros países. El cálculo del Gobierno, casi a contra razón, se basó en que “al retrasar el cierre de escuelas y las medidas de aislamiento social que ya han implantado otros países, la mayoría que se infectaría serían jóvenes y personas saludables que lo superarán sin problema, mientras el grueso de los ancianos y más vulnerables permanecen encerrados en sus casas hasta que queden protegidos por la ‘inmunidad de grupo’ y el virus muera”. De este modo, eludía las medidas más drásticas, como el aislamiento de la población, que podría llevar al límite los servicios de atención sanitaria.

En un cambio de rumbo, el primer ministro llamó al conjunto de la población, incluidos quienes no tengan síntomas, a evitar todo contacto social no esencial y a confinarse estrictamente en sus hogares, y advirtió que muy pronto se pedirá a las personas más vulnerables -ancianos y enfermos- que se aíslen de todo contacto social durante 12 semanas. Su ministro de Exteriores, Dominic Raab, instó a los ciudadanos británicos a evitar “los viajes no esenciales a nivel mundial por un período inicial de 30 días y por supuesto sujeto a continua revisión”.

Aun así, el gobierno conservador se ganó la crítica de sus pares, principalmente europeos, al intentar equilibrar el impacto de las medidas sacrificando a los más débiles y basándose en un cálculo que privilegia la economía, calculando los costes monetarios del impacto de la epidemia. Con 1543 casos confirmados, las medidas aún no son obligatorias y las escuelas permanecen abiertas en el Reino Unido, mientras que no se realizan test sistemáticos y el estado reconoce que el número de infectados es mucho mayor.

Finalmente, el impacto económico dependerá de cómo evolucione el brote y sólo se pueden elaborar medidas de contingencia que prevengan la propagación a gran escala. Las consecuencias ya son tangibles: se registran fuertes caídas de la demanda interna y de los vínculos comerciales y de producción, reducción del turismo y viajes de negocios, entre otras. Un informe del Banco Asiático de Desarrollo sugiere que el impacto global será de 77.000 millones a 347.000 millones de dólares, entre un 0,1 y un 0,4 por ciento del PIB mundial. Ante este panorama el gobierno del Reino Unido deberá liberar recursos económicos para atender al conjunto de la población, aún a los menos productivos, dejar de lado las conjeturas capitalistas respecto a una salida económicamente menos destructiva y optar por una salida humanamente más benévola.