Por: Otero Treacey, Muriel. Estudiante tesista de la Lic.  en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador (Argentina). [email protected]. 

Comisión de Ambiente – CEERI Joven.

Introducción

La Gran Muralla Verde es una iniciativa de cooperación panafricana que tiene el objetivo de combatir y revertir los efectos que el cambio climático, el crecimiento poblacional y las prácticas agrícolas no sustentables, han tenido sobre la región del Sahel y los millones de personas que la habitan. El Informe evaluará el contexto en el que se encuentra la región del Sahel, tanto ambiental como humanitariamente; así como a la iniciativa de la Gran Muralla Verde, sus avances y desafíos.

 

El círculo sin fin

Antes de pasar a analizar la iniciativa, es necesario entender la complejidad de la situación en el Sahel y los principales problemas que azotan a la región. El Sahel es una zona ecoclimática ubicada en el norte de África. Constituye un “cinturón” de tierra que limita con el lado sur del desierto del Sahara, atravesando el continente de oeste a este. En total atraviesa 11 países: Mauritania, Senegal, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea y Etiopía.

En la década de los 70’ se comenzó a observar una severa y progresiva degradación de la región del Sahel en términos climáticos. Antes, una región fértil que alimentó y sostuvo a millones de generaciones, progresivamente ha sido víctima de la desertificación, lo cual ha provocado que se convierta en una extensión de tierra árida y sin vida. La desertificación equivale a “una reducción progresiva sostenida, tanto cuantitativa como cualitativa, de la productividad biológica de las tierras áridas y semiáridas” (Gorse, 1985). Las implicancias que tiene este fenómeno, tanto para los ecosistemas como para las comunidades, son graves y variadas.

La desertificación implica un aumento de la escasez del agua y de la erosión de la tierra. Estos dos fenómenos, provocan en turno la pérdida de especies animales y vegetales, así como de suelos fértiles productivos y de ecosistemas. Como resultado, el territorio se convierte en una franja de tierra donde es imposible crecer cultivos de subsistencia, provocando que alrededor de 150 millones de personas sean víctimas de la inseguridad alimentaria, la desnutrición y las epidemias. La desertificación aumenta al mismo tiempo la probabilidad de que ocurran fenómenos extremos como sequías o inundaciones, lo cual pone a la región en un constante estadio de potencial crisis del hambre aguda.

Según la ONG Acción Contra el Hambre, la región de Sahel sigue siendo el epicentro del hambre. Los países que la conforman se encuentran al final de la lista en los índices de Desarrollo Humano, 7,2 millones de niños menores de 5 años siguen amenazados por la desnutrición, en una región donde la mayoría de la población habita en áreas rurales y se dedica a la actividad agrícola y producción de alimentos de subsistencia (trigo, carne y cereales secundarios). 

“La desertificación agrava los riesgos de inseguridad alimentaria, hambre, pobreza y crisis social. Este conjunto de problemáticas puede provocar tensiones sociales, económicas y políticas, susceptibles de evolucionar en conflictos de intensidad imprevisible” (Shmite & Nin, 2014, p. 207).

Como señalan las autoras, la degradación medioambiental y la consecuente amenaza sobre los medios de vida de las poblaciones afectadas, se transforman en un campo de cultivo para el aumento de la violencia, los conflictos armados y la radicalización de la población. La trastornación de los ciclos agrícolas causados por la baja productividad y los fenómenos climáticos generan un incremento de los precios de los productos, aumentando la pobreza, provocando tensiones y muchas veces conflictos por el control de las escasas tierras. Al mismo tiempo, la inseguridad alimentaria favorece a los grupos armados insurgentes que atraen a la población vulnerable prometiendo protección y alimentos.

Finalmente, frente a la destrucción de hábitats, la imposibilidad de crecer alimentos, los atentados contra la seguridad de las personas, y la falta de oportunidades de crecimiento, a los habitantes de la región muchas veces no les queda más opción que migrar. De hecho, los habitantes del Sahel protagonizan desde hace años el fenómeno creciente y preocupante de las migraciones climáticas. Según ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, la violencia en el Sahel ya ha causado el desplazamiento interno de más de 2 millones de personas.

En conclusión, el Sahel se encuentra atrapado en un círculo de inestabilidad ambiental, social y económica. La crisis ambiental y la crisis humanitaria se retroalimentan negativamente, dificultando que se puedan tratar tanto las problemáticas humanitarias, como las ambientales.

“Las necesidades no dejan de aumentar en una región en la que convergen múltiples crisis, incluyendo conflictos armados, pobreza extrema, inseguridad alimentaria, cambio climático y la pandemia de COVID-19″ (ACNUR, 22 de enero de 2021).

 

La Gran Muralla Verde

Frente a estas problemáticas y riesgos a los que se ha visto sometida la región desde hace décadas, en los 80’ ganó momentum la idea de construir una “gran muralla verde” para transformar a las tierras degradadas y revertir el avance del desierto del Sahara en su frontera sur a través de la plantación de árboles y vegetación. En 2007 la iniciativa fue retomada y lanzada por la Unión Africana, esta vez no solamente a través de la plantación de vegetación, sino también mediante la realización de diferentes intervenciones ambientales, utilizando herramientas ecológicas y prácticas de trabajo de la tierra sostenibles, con el objetivo de mejorar la gestión y restauración de las tierras degradadas, la retención del agua y las medidas de conservación. La muralla se extendería desde Senegal en el oeste a Djibouti en el este, extendiéndose un total de 8000 km de largo y 15 km de profundidad. Esto la transformaría, una vez terminada, en la estructura viva más larga del planeta, superando en 3 veces el tamaño de la Gran Barrera de Coral.

La iniciativa comprende hoy la cooperación de 20 países a través de África (incluidos los 11 países que forman parte del Sahel), así como de socios internacionales, llevándose a cabo por la Comisión de la Unión Africana y la Agencia Panafricana de la Gran Muralla Verde.

Enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, para ese año se espera restaurar 100 millones de hectáreas de tierra actualmente degradada, secuestrar 250 millones de toneladas de carbono y crear 10 millones de empleos verdes. 

En adición a ser considerada como una de las herramientas más poderosas que tiene actualmente el continente para combatir los efectos del cambio climático, se espera que a través de la restauración de la tierra sea posible transformar la vida de las comunidades que viven en la región. Mediante la recuperación de la fertilidad de las tierras, sería posible no solamente solventar la crisis alimentaria y del agua en la región, sino también empoderar a las comunidades e individuos a través de la creación de oportunidades de crecimiento económico y de empleos verdes. Esto contribuiría en turno a reducir la tendencia migratoria de los jóvenes que se observa en la región, causada por la falta de oportunidades de crecimiento socioeconómico.

 

¿Cuál es el estado actual de la Muralla?

La iniciativa necesita de financiamiento externo para ser llevada a cabo, se estima que se requieren alrededor de $33 billones de dólares para alcanzar las metas que se propone el proyecto para el 2030.

Según el informe de septiembre de evaluación sobre el progreso del proyecto elaborado por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), ya han sido restauradas 18 millones de hectáreas en total. Se debe comprender que, dentro del área de intervención específica al proyecto, estrictamente se ha rehabitado el 4% (4 millones ha.) de las tierras que la componen. Sin embargo, si se tiene en cuenta el porcentaje de tierras recuperadas dentro de iniciativas regionales vinculadas al proyecto, externas al área directa de intervención, se adicionan 14 millones ha. De esta forma, analizando solamente la cantidad de tierras recuperadas que derivan de la iniciativa, se habría logrado el 18% de la meta colocada de 100 millones de hectáreas.

 Por otro lado, el nivel de avance de los países, en relación a las acciones tomadas nacionalmente para lograr los objetivos propuestos, ha variado gravemente. Algunos países han logrado importantes avances, mientras que otros se han quedado atrás. 

 “Nigeria, Senegal, Burkina Faso y Etiopía han visto hasta ahora los avances más significativos en la región del Sahel. En Burkina Faso se han plantado más de 17 millones de árboles, lo que equivale a un área de aproximadamente 31.000 de acres. Nigeria ha visto restauradas más de 12 millones de acres de tierra degradada, mientras que Senegal y Etiopía han tenido niveles similares de éxito” (EuroNews, 2020).

En cuanto al impacto socioeconómico que ha tenido la iniciativa a nivel regional, según el informe los ingresos de las actividades que se han recuperado a partir de las tierras restauradas han generado alrededor de 90 millones de dólares. Se han creado asimismo cerca de 335.000 puestos de trabajo en actividades relacionadas al trabajo de la tierra, contribuyendo así a reducir la pobreza rural y agregar valor a la producción local. 

En cuanto a los principales desafíos a los que se ha enfrentado la iniciativa para su concreción efectiva, se pueden destacar los dos más significativos. Por un lado, se encuentra la falta de coordinación a través de los diferentes niveles administrativos, así como de monitoreo hacia el interior de ciertos países; y por otro lado, la falta de compromisos de financiación externa.

Respecto al primero, en los hechos la iniciativa constituye un proyecto multilateral de gran envergadura, que requiere de la coordinación entre 11 países a través de los diferentes niveles de gobernanza. En adición a esto, muchos de los países poseen una estructura gubernamental débil o inestable, y/o poseen altos niveles de riesgo (político, económico y social), lo cual dificulta la implementación y correcta evaluación del proyecto. 

En relación al segundo obstáculo, esos mismos factores de inestabilidad afectan igualmente la capacidad de los países de atraer el financiamiento externo necesario. El acceso a “financiamiento ambiental” requiere de estructuras y procesos desarrollados a nivel gubernamental, los cuales la mayoría de los países no tienen correctamente aceitados. Asimismo, desde su concepción la insuficiencia de financiamiento por parte de actores externos (estados e inversores privados) ha constituido un poderoso obstáculo para la realización del proyecto.

Se debe señalar que, en enero de 2021, en el marco de la Cumbre “One Planet” sobre la biodiversidad, se lanzó la “iniciativa de aceleramiento de la Gran Muralla Verde”. Un programa a través del cual se logró reunir alrededor de 14 billones de dólares en financiamiento, de parte de bancos internacionales de desarrollo y gobiernos, los cuales el proyecto recibirá a lo largo del período 2021-2025. El anuncio constituye un importante paso hacia la continuación del proyecto, a través de estos nuevos fondos se obtendría ya más del 30% de la financiación necesaria para alcanzar las metas propuestas al 2030. 

 

Conclusiones

La Gran Muralla Verde constituye una oportunidad para el continente de transformar las vidas de millones de personas que se han visto afectadas por las consecuencias del cambio climático. Es cierto que se trata de una iniciativa compleja, que requiere de mayores niveles de coordinación entre los países y un mejoramiento de los procesos de monitoreo para que se pueda continuar avanzando. Los compromisos de financiación logrados recientemente constituyen un avance importante en el acceso a los fondos necesarios para su logro, sin embargo, se deberá continuar trabajando para conseguir el resto necesario y poder concretar el proyecto. 

Desde su comienzo en 2007 hasta hoy, el desempeño y los resultados logrados por los países miembros de la iniciativa han sido altamente dispares, concentrándose especialmente en unos pocos países. De acuerdo a la UNCCD, para alcanzar las metas al 2030 de 100 millones de hectáreas recuperadas, sería necesario aumentar el ritmo actual de restauración a 8,2 millones de hectáreas anuales (el triple de la tasa anual actual). Sin embargo, observando el bajo porcentaje ya logrado se pueden ya visualizar cambios significativos, tanto a nivel medioambiental como al nivel de la vida de las comunidades afectadas. La Gran Muralla Verde constituye hoy la iniciativa bandera del continente y, una vez lograda, bien podría transformar a la región entera.

 

Bibliografía